Joaquín Mª Aguirre (UCM)
Por si
no tuviéramos bastante, al problema sanitario y al de los partidos se le añade
el judicial. Añadir, en este caso, hace referencia a la absorción conflictiva
de un determinado poder o sector, que pasa a ser inmediatamente escenario de
luchas. Pero vayamos al núcleo.
En el
centro de todo esto está la negativa constante de la realización de una
normativa que permita abordar "correctamente" la situación cambiante
en la que nos encontramos. Como en el juego de las "7 y media", la
figura jurídica del estado de excepción se
pasa y la del estado de alarma no
llega. En una situación tan cambiante como esta, ambas figuras son
demasiado rígidas en lo que implican para dar respuesta adecuada.
La
parte política del asunto es que este gobierno de socios mal avenidos no se
siente con la fuerza de tomar una decisión dura porque sabe que su socio se
desmarcará en cuanto tenga ocasión y le dejarán solos frente a una oposición
que pide más medidas, pero que en cuanto que se tomen criticará que hayan sido
tomadas. Todo menos el acuerdo, que es precisamente lo que hace falta.
Ante
esta situación borrosa, se toman decisiones que van en detrimento de lo
verdaderamente importante, que es la salud pública, concepto que se vuelve
igualmente borroso en este caos anárquico al que ahora están contribuyendo
desde la judicatura con sus múltiples versiones, enfrentados a los estamentos
políticos.
La
sentencia del constitucional, celebrada como un varapalo al gobierno por parte
de la oposición, pese a que todos estuvieron de acuerdo, menos Vox, acaba de
sembrar el desconcierto que desciende como una cascada de sinsentidos. Las multas,
por ejemplo, que se han puesto no se
pueden cobrar ya que al decretar como anticonstitucional el estado de alarma
todo lo que esté vinculado queda en la papelera.
Ayer se
daba otro despropósito, el requerimiento a la Directora General de Salud
Pública en Baleares por las medidas tomadas para evitar la expansión del
coronavirus ante el macrobrote producido por la inconsciencia de haber dejar
realizar un viaje de fin de curso a miles de estudiantes, todos ellos con
familias "responsables":
Un juzgado de Palma ha citado como
investigada a la directora general de Salud Pública del Govern de Baleares,
Maria Antònia Font, por los presuntos delitos de prevaricación y detención
ilegal por ordenar el pasado 25 de junio el confinamiento forzoso de los 175
estudiantes del macrobrote de Mallorca.
Según han confirmado fuentes de la
investigación, la alto cargo del Ejecutivo autonómico tendrá que declarar el
próximo 7 de septiembre.
El juzgado, ante el cual varios progenitores
presentaron una querella, ha decidido investigar las circunstancias y los motivos
que rodearon el traslado vigilado por la Policía Nacional y el confinamiento de
estudiantes peninsulares en el Hotel Palma Bellver.
Por su parte, el Gobierno de las Islas
Baleares ha transmitido en un comunicado "su respeto por todas las
actuaciones del poder judicial" y ha reiterado que está a disposición de
cualquier requerimiento por parte de los tribunales.
"Esto es compatible con la defensa y
apoyo a la actuación de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería
de Salud y Consumo, así como de todos sus miembros, para controlar el
macrobrote de contagios" ha añadido, ya que considera que "la
actuación fue proporcionada".
Asimismo, el Ejecutivo recuerda que los
jueces no atendieron judicialmente las peticiones de habeas corpus solicitadas
por algunos de los jóvenes a los que se requirió mantener cuarentena.*
Los
jueces pueden usar su tiempo para deliberar, para discutir; los responsables de
la salud pública, en cambio, tienen que tomar decisiones sobre la marcha en
esta extraña mezcla de inoperancia institucional, social y familiar. Todo esto
forma parte de esta locura colectiva que está dejando en evidencia el
coronavirus, nos muestra el caos en el que vivimos.
Pero cada uno debe aguantar su palo. Los parlamentos deben legislar, hacer leyes adecuadas a las situaciones dadas, y los jueces deben hacer cumplir las leyes. Pero esto ocurre en lugares "normales" y no en un país que ha conseguido llevar el conflicto a todos los niveles de la vida social y política. Esto crea un caos al que nos hemos acostumbrado y que el coronavirus aprovecha. Ante esta situación cada uno barre para casa tratando de salvarse —y aprovecharse algunos— de esta situación.
El
gobierno ha visto que a Díaz Ayuso le va bien electoralmente con una actitud
altanera, que hace y responsabiliza a los demás de las consecuencias. Su
populismo ha calado en el gobierno y han aprendido la lección: todo lo que haces es bueno, todos lo que
otros hacen es malo. Todo esto aderezado con grandes palabras, como
"libertad", ha conseguido convertirse en un "modelo"
desastroso para el país pero eficaz comunicativa y electoralmente. La política
ya no es el arte de gobernar, sino el de responsabilizar a otros de lo malo.
Tenemos
a la ministra Darias vendiendo la retirada de la mascarilla —"hoy es el
día de la sonrisa"— o tratando de congraciarse con los "jóvenes"
—"no estigmaticemos a los jóvenes"— mientras que el presidente
presume de vacunar más que nadie y así permitir que se haga de todo. Para todo
hay respuesta... ¡menos para el avance de la pandemia! Se sigue incrementando y el gobierno se niega a legislar arrojando a las autonomías al choque con los jueces, algo a lo que él mismo se ha visto abocado por la sentencia del Constitucional. ¿Qué salida tiene esto?
El caso
de Mallorca sentará un precedente porque si los responsables del brote pasan a ser los
que toman medidas y pasan a ser los "damnificados", todo se complica.
Leemos en RTVE.es la explicación dada por las autoridades ante el macrobrote:
"La decisión fue identificar a estos
alumnos, hablar con los monitores, y trasladarlos al 'hotel puente' para
hacerles una prueba PCR", defendió entonces la consellera de Salud
Patricia Gómez, mientras que la presidenta de Baleares, Francina Armengol,
afirmó más tarde que "es un peligro para la salud pública que un contacto
estrecho no haga la cuarentena".
Finalmente, el 30 de junio, el Juzgado se
expresó en el sentido de mantener el confinamiento únicamente en el caso de los
jóvenes que hubieran dado positivo por coronavirus en las pruebas realizadas,
dando la razón a algunas de las quejas de padres y estudiantes.
Ante esto al menos 45 jóvenes optaron por
quedarse en el 'hotel puente' Palma Bellver, mientras que los demás decidieron
abandonar Mallorca en un barco con destino a Valencia pagado por el propio
Govern. Sin embargo, al menos 13 de los 118 estudiantes que zarparon en el
buque dieron positivo a su llegada a al Puerto de Valencia.
Este brote por COVID-19 vinculado a viajes de
estudios ha llegado a superar los 2.000 contagiados.*
Los
jueces juegan con un sentido de la justicia normativo, lo que me parece muy
bien. Pero una decisión de 6/5 significa que esa norma se puede interpretar de diversas formas. Lo vemos todos los días porque ellos mismos, los jueces, varían de criterio de un lugar a otro en el mismo día. Esto sitúa la
"justicia" de las decisiones en un lugar un tanto problemático y mucho más a los ciudadanos que quedan bajo su mano directa o indirectamente.
Pero
hay otro elemento más en este sentido que no se pone sobre la mesa. La profunda
injusticia que supone que las personas con los efectos menos graves, ignoren lo
que no tendría que cumplirse bajo mandato de la ley, sino por la solidaridad
social, por el respeto al otro. La base de la justicia es cierto sentido de la igualdad, el que es igual para todos. Pero aquí no todos actuamos
igual ni estamos en la misma situación; no hace lo mismo el que está en una
residencia de mayores temiendo por su vida, que el que se pasa por la noche al
pueblo de al lado para hacer botellón porque su pueblo está perimetrado y lo
tienen allí prohibido. ¿Son igual de "libres", están en igualdad de "derechos"?
Lo que ha hecho el coronavirus es clasificarnos en zonas sobre las que no podemos decidir: más vulnerables y menos vulnerables. Los que se sienten menos vulnerables, lo han dicho con claridad: "si tuviera ochenta años tendría miedo; pero como tengo veinte, no lo tengo". Son palabras dichas con descaro y desparpajo, con un vaso en la mano, en mitad de una celebración de botellón. La cara, entre de guasa y desprecio por tener que explicar una obviedad.
Sí, podemos hablar de "leyes", pero no de "justicia", algo que no estaba ni está en la mente de los que reivindican sus juergas frente a la enfermedad de otros, que sabemos que son parte importante de la expansión incontrolada y que, hay que decirlo, será asumido por un sistema sanitario sostenido no por los que hacen botellón sino por los que tienen que levantarse temprano a salir a trabajar sin más remedio. No tienen final de curso que celebrar; solo aspiran a que no cierren sus negocios.
Los
padres que han denunciado el "trato" dado a sus hijos, deberían haber
pensado antes un poco mejor lo que hacían. ¿Eran libres de mandarles a Mallorca? Por supuesto,
pero no deja de ser profundamente imprudente primero e injusto después. Esos trece infectados en el crucero de vuelta, fletado por el
gobierno balear y puesto a disposición de los chicos y chicas que querían disfrutar de
esa libertad de la que hablan sus padres, son un indicador de que no era broma
la necesidad de mantenerles en cuarentena. Pero da igual. ¿Por qué robarles la juventud, como escribía un padre hace unos días? ¿Por qué dejarle sin lo que él tuvo y quiere que su hijo tenga?
Entre
unos y otros, estamos desvariando. El desprestigio por ineficacia y caos de las instituciones crece. Eso no es bueno para nadie.
*
"Imputan por "detención ilegal" a la responsable del
confinamiento de los estudiantes del macrobrote de Mallorca" RTVE.es
20/07/2021
https://www.rtve.es/noticias/20210720/imputan-detencion-ilegal-directora-salud-publica-confino-estudiantes-del-macrobrote-mallorca/2134101.shtml
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