Los políticos y el respeto institucional

 Joaquín Mª Aguirre (UCM)

No hay sensación más perversa, políticamente hablando, que la desconfianza ciudadana en la clase política. En la medida en que son "políticos" los que encabezan las instituciones, esa desconfianza se traslada a ellas. El sistema en su conjunto empieza a resentirse.

Lo que está ocurriendo con la Fiscalía General del Estado sirve para ver el grado de confusión a la que se ven expuestas las instituciones cuya percepción es que sirven a los intereses partidistas y no a la ciudadanía, como principio general.

Los informes de la UCO están ya en todos los medios y la perspectiva que ofrecen es la presunta utilización de aquellos datos que son requeridos institucionalmente para la guerra en toda regla que se produce entre partidos desde las instituciones.

En RTVE.es, se nos dan detalles de la investigación realizada sobre la filtración de datos que deberían mantenerse en su ámbito, pues independientemente de quién sea su "pareja", las negociaciones con Hacienda forman parte del ámbito restringido en el cual el ciudadano debe tener garantizado la discreción.

Se nos dice de lo que se apunta en el informe:

Del análisis de las comunicaciones intervenidas, los investigadores concluyen que "desde las 21:59h, hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51 horas, hay tan solo un número muy reducido de personas" que tienen acceso a "todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa" y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un "comunicado", sino del "periodo temporal aproximado en el que este se publicará".

En concreto, los agentes inciden en que "estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse en esta y, dentro de la misma, puede circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, al fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos".

Al hilo, apuntan que "la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y, en su contexto, la de requerir los diferentes correos, es sostenida por el fiscal general del Estado, quien imparte de forma directa las órdenes para llevar a cabo la pretendida contestación a la información publicada en prensa por el diario El Mundo".* 

El argumento que se nos da desde el PSOE es realmente curioso: el fiscal se limitó a decir la verdad ante informaciones falsas. Desde el punto de vista jurídico es un despropósito, pues no es esa la función de un fiscal, sino más bien la de garantizar la confidencialidad de lo que se estaba negociando, algo a lo que el ciudadano tiene derecho.

La idea de que estamos en una "guerra" político-informativa, en la que todo vale, es peligrosa, pues más allá de sus vinculaciones políticas o sentimentales, los ciudadanos tienen derechos que los políticos deben respetar, líneas rojas que, de ignorarse, causan un grave perjuicio a la democracia, al estado de derecho, a las instituciones.

Pero, aquí, en España, parece que vale todo.

La ejemplaridad institucional es esencial. Lo que puede ser partidista no es el problema; convertir en partidista las instituciones, por el contrario, es un grave caso por la desconfianza que provoca.

Pensemos en si las diferentes instituciones en cuya discreción confiamos, del médico al confesor, comenzaran a hacer públicos diagnósticos y pecados, atacados por una irreprimible fiebre contadora de todo lo que les hemos confiado con fines bastardos.

La teoría esgrimida sobre la "verdad" es infantil, pues no se trata de eso. No es la función de la Fiscalía entrar en las negociaciones de un ciudadano para resolver sus pleitos con Hacienda y menos todavía usarlo en una lucha política. Ahora la lucha se ha trasladado al interior del PSOE por las actuaciones realizadas.

La clase política en su conjunto debería considerar cuál es su papel, cuáles son sus límites. No deberían olvidar que esos límites existen y que debería entrar entre sus deberes su respeto. Termine como termine este caso, el daño institucional está ya hecho. 

* "La UCO ve una "participación preeminente" de García Ortiz en la filtración de los correos del caso de la pareja de Ayuso" RTVE.es / Agencias 25/11/2024 https://www.rtve.es/noticias/20241125/uco-ve-participacion-preeminente-garcia-ortiz-filtracion-correos-pareja-ayuso/16345167.shtml

Aumentan los mensajes de odio

 Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Si estos días comentábamos con preocupación el incremento de los delitos entre menores, denunciada por la Fiscalía en su informe anual, el titular que nos muestran en RTVE no es para menos: "La Fiscalía alerta de que las denuncias por delitos de odio se dispararon un 300% en 2023"*.

Las cifras son impactantes porque nos muestran una dimensión más de esta sociedad que estamos creando entre todos con una pérdida de valores notable y un incremento de rasgos negativos escandaloso. Parece que solo nos queda el habitual récord de ser el país con más donaciones de órganos.

Se nos dice como introducción: 

En España, los delitos de odio están en ascenso. Según los datos más recientes de la Fiscalía General del Estado, las denuncias en 2023 se dispararon un 300% en comparación con años anteriores. De los 511 casos reportados, la mayoría están relacionados con racismo y xenofobia, seguidos por casos de LGTBfobia.

"En líneas generales se puede afirmar que hay un aumento, pero es difícil contabilizarlo", explica a TVE Mikel Mazkiaran, de SOS Racismo.

El propio informe reconoce que no todos los territorios permiten registrar de igual forma estos delitos y que se pierde información.* 

El odio no es solo algo que uno "siente", sino algo uno "expresa". Si solo fuera el sentimiento afectaría a la persona que lo siente, destruyéndola por dentro. El odio absorbe y bloquea, imposibilita la normalidad en cualquiera de sus dimensiones. Pero la expresión del odio busca más, el contagio y la acción común, la complicidad.

Por eso, no solo de habla de "odio" sino de "mensajes de odio". El odio se comunica a otros, se hace presente como llamada al odio para su expansión. El odio ya no es un sentimiento personal, sino colectivo y que busca su expansión.

Conforme la sociedad es más abierta, las tendencias a cerrarla, a hacerla retroceder, se manifiestan a través del odio. Y hemos creado el campo de cultivo perfecto: instantáneo, colectivo y anónimo, es decir, las redes sociales.

Hay odio porque hay gente que odia. Es una obviedad, pero algo preocupante por el crecimiento, es decir, cada vez hay más gente que odia. Es un indicador muy claro de nuestra crisis cultural y social, de nuestras frustraciones y de la distancia existente entre la imagen que propagamos y la que realmente existe. Esta es una sociedad de la comunicación, para bien y para mal. Información y desinformación conviven en una lucha por definir nuestras identidades, por empujarnos hacia la acción en un sentido u otro. El odio creciente se cuela por las fisuras sociales.

En el texto se señalan los objetivos más claros del odio: 

"Hemos visto un aumento terrible de mensajes, sobre todo en las redes sociales, atacando a las personas trans, en especial a las mujeres", explica a TVE el presidente del Observatorio contra la LGTBIfobia de Cataluña, Eugeni Rodríguez. Defiende que los datos certifican cierta inmunidad durante estos años en relación con delitos contra el colectivo LGTBI.

Frente a esto, el presidente considera que las políticas españolas no solo tienen que tomar nota, sino llevarlo a la práctica. "Se tienen que traducir en unos espacios amables, tanto virtuales como presenciales, y garantizar todos los derechos y libertades", añade.*

Aunque la legislación aún no cubre todos los aspectos de los delitos de odio en redes, cada vez más casos llegan a los juzgados. Según el informe, de las 157 sentencias dictadas, 129 han sido condenatorias, lo que la Fiscalía atribuye a la mejora en los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.* 

El odio siempre es cobarde; busca a los más débiles, a los distintos, a los que se insertan recientes en la vida diaria y pueden ser atacados, aislados. Esto es el resultado de una sociedad que avanza, pero no se asienta; una sociedad que se proclama abierta, pero en la que crecen los ataques.

Estamos en crisis. Y lo pagan los que están menos asentados. Lo pagan porque las personas que viven en la frustración, en el retroceso, necesitan volcarlo como mensaje de odio intentando evitar su pérdida de poder social. El odio les sirve para imaginar que recuperan posiciones en la sociedad.

Hay que asentar los valores que defienden la dignidad de las personas, sus derechos como tales, y evitar que algunos se sientan por encima de los demás. No hay que retroceder; no hay que dejar de denunciar el odio, de dejar fluir esas frustraciones canalizadas hacia los más débiles.

Los tribunales tienen su parte; las condenas lo demuestran. Pero, más allá, está la sociedad, que no debe retroceder en su sentido de la justicia, de lo que está bien, de lo que se ha ganado en el tiempo. Ni el racismo, la xenofobia, la violencia de género, el odio a las diferencias sexuales, etc. pueden ni deben ganar la partida de la presencia aprovechando las ventajas de la tecnología de la comunicación.

Dice la Fiscalía que la "polarización" política, que la ultraderecha, tiene mucho que ver con los mensajes de odio. No hay duda que sus líneas coinciden, que su mentalidad "anti", está en la base del crecimiento. Pero lo peligroso es que con su crecimiento crece también el odio sobre el que se sustenta, Desgraciadamente, el odio no solo les funciona a ellos.

El odio es cada vez más cobarde, pero eso no le evita el crecimiento, como le dice los datos. Frente al discurso del odio, el de la dignidad de las personas, el del diálogo y la convivencia. 

 * "La Fiscalía alerta de que las denuncias por delitos de odio se dispararon un 300% en 2023" RTVE.es 8/09/2024 https://www.rtve.es/noticias/20240908/fiscalia-alerta-denuncias-delitos-odio-lgbti-dispararon-2023/16240389.shtml

La alerta del Fiscal general

 Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Evidentemente, algo no funciona. Esta sencilla observación se vuelve compleja en un sistema en el que se niega todo y mantiene una sonrisa artificial ante cualquier circunstancia negativa El político de cualquier signo vende eficacia y resultados; cuando se produce un error o no se obtiene lo esperado, los diferentes mecanismos de negación se ponen en marcha.

En RTVE.es se nos dice sin florituras: "La Fiscalía alerta de un "preocupante" aumento, del 45%, de las agresiones sexuales de menores en 2022"*. El tema lo hemos ido tratando aquí en diversas ocasiones, al hilo de los caso. Hemos mostrado nuestra preocupación por el aumento y nuestra extrañeza ante la ausencia de respuestas o la extravagancia de algunas de ellas.

La insistencia política de una serie de grupos y partido en la inexistencia de la violencia de género es parte evidente de la cuestión como fondo o marco. Su conversión en motivo de polémica y la ausencia de unanimidad en el rechazo, tal como debería ser hacen que el problema no solo no se soluciones, sino que no se plantee como una cuestión social, sino como conductas particulares.

Los centros escolares se dedican a negar la violencia y cuando esta se produce critican la ausencia de medios, justificando su inoperancia. Nuestra "tecnificación de los problemas" hace que estos se vean como cuestión de otros, de los expertos, de tal forma que se genera una cadena de ausencias: los maestros echan de menos a los psicólogos, los psicólogos reclaman más medios y más personal, la administración reclama más financiación para desarrollar las políticas adecuadas, etc. Todo ello acaba chocando con las luchas políticas que la administración central echa en cara a las locales, que, dice, tiene las competencias en educación. Unos por otros no encontramos con ese preocupante problema real, que se junta a otros, como los suicidios juveniles, ante el que existe las dos tendencias: crecimiento e inoperancia. Hemos generado un sistema político administrativo basado en la ausencia de responsabilidad ante los problemas reales de la sociedad y la sociedad se mueve entre la queja y distracción. El problema siempre lo tiene que resolver otro y ese "otro" se desplaza hasta el olvido o el aburrimiento.

En esta línea, en RTVE.es se señala:

La Fiscalía General del Estado ha denunciado un "notabilísimo y preocupante ascenso" de las agresiones sexuales cometidas por menores de edad en su memoria anual relativa a 2022: el ministerio público investigó 974 casos frente a los 668 registrados en 2021, lo que supone un aumento del 45,8%.

Las investigaciones abiertas por agresiones sexuales con autores menores han aumentado un 116% desde el año 2017 con crecimientos anuales desde esa fecha. Solo en 2022 se investigaron 1.973 abusos sexuales cometidos por menores de 18 años, un 0,81% más que el año anterior, según la Memoria presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Según la memoria del Ministerio Público, las causas que explican este "auge" son "complejas" y que son diversos los factores que llevan a los menores a "realizar conductas sexuales virulentas".*

Que las instituciones "avisen" pero no resuelvan se está convirtiendo en un modo de acción. De esta forma, se lleva la contabilidad de los casos, pero no hay profundización en las causas y, por ello, tampoco en los remedios o soluciones.

En lo que me toca como profesor universitario lamento que el sistema de meritoriaje nos aleje en gran medida de los problemas reales de la sociedad. En Ciencias Sociales y Humanidades, la comunicación "entre pares" debería ser solo una parte. El efecto de esto es que se han cortado los vínculos con una sociedad que necesita de análisis crítico y de formación. Pero el sentido de lo que debería ser una universidad hoy se ha desvirtuado hasta convertirse en una forma de acceso a titulaciones y a categorías. A nadie le importa la realidad y su problemática. Si se realizan proyectos de investigación, se centran en otras cosas menos problemáticas y, sobre todo, preocupados por ser citados por los compañeros (otro mérito) nos olvidamos de nuestra función social, de la utilidad de lo que investigamos para tener una sociedad mejor. Pero este cutre modelo neoliberal ha acabado silenciando a la universidad y a que nada de lo que hacemos llegue a esta sociedad trivial del entretenimiento.

Hay un serio problema social. Lo hemos dicho. Estos violadores infantiles y juveniles serán los maltratadores del futuro. Los malos ejemplos se difunden y acaban calando. El factor imitación con unos medios que buscan la espectacularidad para atraer la atención no hace sino aumentar el número de casos. Así, de la "manada" pasamos a estas "manadas infantiles" que han aprendido que se puede hacer todo hasta determinada edad porque no hay castigo.

El maltrato no es solo algo que se da en una pareja. Es un comportamiento que se aprende en las familias y que se mantiene como norma a lo largo de la vida con los estallidos que las circunstancias causan. Los sistemas que deberían prevenirlo fallan como es claro ante los hechos y ante los informes.

En el del Fiscal General del Estado se señala:

Destaca entre ellas la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual y el visionado "inapropiado y precoz" de pornografía violenta: ambos factores conducen a una "trivialización de su concepto de las relaciones sexuales normales".*

Es la "explicación estándar", la que no sirve de nada. Pero se ignoran los factores de transmisión grupales y su papel en infancia y adolescencia. No hace falta que todos lo vea, basta con que uno lo proponga y convenza a los que son fáciles de convencer.

Cuando salimos a la calle vemos a niños con móviles y a bebés a los que se les dan teléfonos para que jueguen con ellos. Tener un teléfono en la mano es la forma en la que los padres han conseguido que los niños les dejen tranquilos para consultar sus propios teléfonos. ¿Se ocupan de lo que ven? Lo dudo.

En la "era del acceso" no hay limitaciones. La limitación es un freno a ese desarrollo que nadie quiere porque es el negocio de muchos. De esta forma, se van responsabilizando unos a otros, entre familias, escuelas y administraciones, sin que nadie vaya derecho a un problema. Para lo malo, esgrimir las libertades siempre funciona. 

No se trata solo de la "trivialización de su concepto de las relaciones sexuales normales". A lo mejor el problema está en la inexistencia de esa "normalidad" sexual, que ¿quién define? Las relaciones sexuales dependen en gran medida de la propia concepción del otro, de cómo se le percibe. Volvemos al origen: un concepto de educación que ha sido "tecnificado" convirtiéndolo en cosa de expertos, de la escuela. Tú mandas un niño o niña a la escuela y esta te devuelve una "persona normal". ¿Funciona así?

Nos "educamos" con todo lo que nos rodea y lo que nos rodea es violencia, disputa, enfrentamiento, falta de respeto al otro, cosificación de las personas, sexualización como forma de atracción comercial... ¿Por qué solo el porno duro y no la MTV con sus vídeos sexualizados?

La violencia suele ser una respuesta a la violencia. Es a esa violencia que se adquiere desde el entorno y desde la percepción de lo que te espera fuera, en el futuro. Violencia es la explotación laboral, es la presión sobre los estudios que realizas; violencia es no poder emanciparte... Tenemos que dejar de tener una visión efecto-causa de la violencia y adquirir un enfoque más sistémico, de conjunto, de suma de causas y diversidad de efectos.

No se debe separar la violencia sexual de la violencia de género; no se deben separar de la violencia que supone el suicidio, al que se contempla como un "problema psicológico" y no como una respuesta desesperada ante la violencia del entorno. Esa violencia lleva a la autodestrucción o se vuelve llena de ira a destrozar escaparates y coche, a prende fuego a las calles o se dirige hacia las mujeres en cualquier edad.

Hay una pérdida de la inocencia que se va adelantando porque no se dota a las personas de principios sólidos. El aumento del racismo, de la discriminación, de la explotación, de la violencia de género... son indicadores claros de la ausencia del respeto al otro, de la elevación de la idea de que el más fuerte se lleva todo.

Quienes deben enseñarles muestran lo contrario; de los padres que dejan a los niños solos en un coche mientras beben en un bar a los profesores que se desentienden que son personas aquellos a los que enseñan. El énfasis en que "aprender" es absorber lo que hay en los libros no impide comprender que estamos aprendiendo siempre, que los malos ejemplos son los que nos enseñan a movernos en una sociedad en la que cada vez son más.

Ahora la Fiscalía General avisa, da datos. Pero ¿ a quiénes? ¿Cree alguien que este incremento se para solo?

 

* "La Fiscalía alerta de un "preocupante" aumento, del 45%, de las agresiones sexuales de menores en 2022" RTVE es 7/09/2023 https://www.rtve.es/noticias/20230907/memoria-fiscalia-2022-aumento-agresiones-sexuales-menores/2455399.shtml

Las apariencias son importantes

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Cuanto menos conflictiva sea la justicia, es decir, cuanto mayor consenso exista sobre las personas, funcionamiento, instituciones, etc., mejor para todos. Es garantía de estabilidad. Las instituciones deben apoyarse por todos y máxime si se trata de la Justicia que debe actuar de árbitro en muchas ocasiones.

Por ello la estrategia de Pedro Sánchez con el nombramiento de una ex ministra para la Fiscalía General del Estado. Es importante el último término por que no se trata de la "Fiscalía General del Gobierno", sino del Estado. De nuevo, se comete el error de introducir más conflictos con la intención teórica de evitarlos. Pero Sánchez tiene dos pies izquierdos. El "¡pues ya está!" famoso es uno de los mayores errores conceptuales y estratégicos. Por ello, Sánchez ha recibido ya ataques antes del primer Consejo de Ministros.

Se puede aceptar que los ministros y demás nombramientos sean partidistas, pero convertir la Fiscalía en una sucursal es un error imperdonable. Lo es, además, en otro sentido. Sánchez está tomando decisiones necesitas de gran consenso con el gobierno más débil de nuestra historia democrática (me refiero en números parlamentarios), con los peores apoyos y en el momento probablemente más crítico, con los mayores desafíos.

Pueden gustarnos más o menos las personas que ha nombrado para los ministerios, pero tiene el legítimo derecho a nombrar su equipo. Esto forma parte de sus funciones y derechos. Pero por más que sea el gobierno que "nombre" al Fiscal General del Estado, no es ni puede parecer un títere del gobierno. Mucho menos cuando queda claramente señalado que se trata de mantener a la Justicia alejada de los procesos independentistas, los planteados ya y los que seguirán en cadena si se cede en el primero.

Ver la Justicia como un "problema" es de una miopía enorme, pues ha sido la Justicia la que ha evitado que sean precisamente los partidos los que asuman sus negociaciones (como ha ocurrido y seguirá ocurriendo) como intercambios y cesiones. Sánchez no va a poder evitarlo, al contrario: va a forzar la sobre judicialización de la vida política española, pues cada situación en la que se considere que Delgado está actuando al dictado de Sánchez, será controvertida. Y, peor todavía, se tendrá la sospecha de que se esté usando a la Fiscalía General del Estado como un factor de negociación ahora que se dice que se desjudicializa. La cuestión se agudiza cuando la persona nombrada ha sido además reprobada por tres veces en la legislatura anterior.

El problema, una vez más, es que Pedro Sánchez cree que con haber conseguido apoyos para una investidura bajo mínimos, quiere afrontar retos para los que hace falta mucho consenso y fuerza. Está, por el contrario, lanzándose a acciones cuyos avales le pueden salir muy caros.

Parece que tras estos años de política a cara de perro, nadie va a bajar el tono de las disputas, que no se reducen, sino que se amplían. Podemos ir a buscar las cusas remotas o no hacerlo. Pero no podemos ignorar el cansancio, el desgaste y el hastío que la vida política —por llamarla algo— está causando en muchos ciudadanos. Ahora le toca a la Justicia, al menos, en parte someterse a un proceso de desgaste desde el recelo que el nombramiento ha causado.

El nombramiento de la nueva Fiscal General del Estado ha eclipsado todo lo demás. Motivos hay porque será el eje de la política próxima. Nadie —absolutamente nadie— tiene la más mínima duda de que el nombramiento es absolutamente claro en su finalidad. Eso es malo porque se necesita poder confiar en algo. Y cada vez se puede hacer en menos.

Lejos de rectificarse, la política sigue ahondando en la discordia y en la controversia ciudadana e institucional. Sánchez no aprendió la lección sobre lo fácil que es derribar un gobierno y lo difícil que es mantenerlo. Cuanto más dependa de unos, más cautivo estará de ellos; cuanto más partidista se vea a la Fiscalía General, menos se confiará en la Justicia, debilitando a la institución.

La Justicia no solo debe ser independiente, sino parecerlo para tranquilidad de los ciudadanos —de todos— y funcionamiento de las instituciones. No es lo que parece ni lo que nadie ha entendido.