Joaquín Mª Aguirre (UCM)
La sentencia del Supremo dada a conocer ayer en la prensa
sobre el conflicto —vamos a llamarlo así— entre la ex vicepresidenta del
Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, y el diputado popular Esteban
González Pons contiene algunas consideraciones de interés sobre la vida
política. La trifulca comenzó al empadronarse la entonces vicepresidenta en la
localidad valenciana de Beneixida, hacerlo por poderes, y sacarse el tema a
colación por parte de su contrincante en la arena levantina, calificándolo de “secreto”
y llamándolo “pelotazo urbanístico”. Como se ve, todo entre gentlemen. Enfadose la Vicepresidenta,
que como veíamos los viernes, no era mujer de sonrisa fácil, al menos en público. En vez de ponerse a buscar
alguna cosilla sobre su rival para
airearla —como es propio de estos casos—, se dirigió directamente a los
Tribunales y, tras dos fallos en contra, le llega ahora el definitivo, el
tercero, por dictado del Tribunal Supremo.
La verdad es que cosas peores se han dicho unos a otros, con
razones o sin ellas, pues tampoco es cosa que importe mucho tener razón.
Valoran más el ingenio y la tendencia española a quedarse con el chiste y
chascarrillo, con la maledicencia, que con datos y cifras de la economía —que
es muy aburrido—, pongamos por caso. Lo propio de los políticos, nos vienen a
decir, es pelearse.
Lo singular no es el caso en sí —que se veía venir por las
precedentes sentencias— sino los argumentos y tirones de orejas que el magistrado
ponente les ha lanzado, en especial a Doña Mª Teresa Fernández de la Vega. Da
por descontado el juez en su sentencia que es consustancial a la política el
rifirrafe y que este siempre conlleva un componente de exageración, metafórico,
hiriente que los políticos deben de aceptar
como parte del “juego”. Pero van más allá.
El Alto Tribunal, que ha
confirmado que el dirigente del PP no lo vulneró por airear y rechazar en
público su empadronamiento en Valencia para presentarse por esa circunscripción
a las elecciones de 2008, asegura que el hecho de que De la Vega recurriera la
sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid "revela un grado de
intolerancia para con la crítica política tan elevado que, en verdad, resulta
incompatible con una sociedad democrática".*
No se entiende muy bien quién es “incompatible” con una “sociedad
democrática”, pero mucho nos tememos que no resulta demasiado beneficiada la ex
vicepresidente en cualquiera de sus interpretaciones. Nos parece excesivo que
se refieran a la persona por recurrir; aunque los políticos exageren, los jueces no deben hacerlo.
Quizá haya que considerarlo como de un rasgo
de los políticos: la necesidad de cintura para aguantar las formas de
relacionarse que han implantado ellos mismos. Quizá lo que hayan querido decir —y es puro
especular— es que “revela un grado de intolerancia con la crítica tan elevado
que es incompatible con la vida política”, que creo hubiera sido más ajustado y
menos excluyente, puesto que los tribunales también pertenecen a la “vida
democrática”. La “tolerancia” sería una virtud política especialmente necesaria
dado el grado de confrontaciones maleducadas o hirientes con las que se regalan
unos a otros a las primeras de cambio. En cuyo caso, sería decirle que tiene el
meñique demasiado rígido para esta clase política y su forma de actuar.
Por mi parte, sigo pensando que es más “democrático” no
insultar, que tener que aguantar que otros te insulten. La democracia es más la
educación y las buenas maneras que tener que estar tomando tila todo el día.
Señala el diario El
Mundo:
El escrito, del que ha sido
ponente el magistrado Francisco Marín Castán, ha argumentado que la demandante
"asumió necesariamente el riesgo de que se produjere una crítica social y
también de que quien iba a ser su principal adversario político en las próximas
elecciones generales se aprovechara de esa decisión de la demandante para
despertar o agitar la crítica social".
El tribunal ha explicado que no
se puede tachar de "secreto" hablar del citado empadronamiento, que
se realizó por poder, algo que entra "dentro del margen de exageración o
provocación tolerable en el debate político". Empadronarse por poderes,
como hizo De la Vega "es un indicio de que no se reside habitualmente en
el municipio", ha aclarado el TS.
Llamar “pelotazo urbanístico” a fijar la residencia en la
localidad valenciana para poder presentarse por aquella provincia es, en
efecto, exageración y “secreto” a hacerlo por poderes, también. Pero considera
que forman parte de la retórica de la crítica, dando por descontado que los políticos son,
como pescadores y cazadores, exagerados por naturaleza. Por descontado dan, igualmente, que van
armados de lupa para mirar con detalle cualquier circunstancia trivial, que
adquiere en su boca tamaño gigantesco. Y dan por descontado, también, que si
unos lo hacen, los demás deben contestarles con las mismas armas y no deberían meter
a los tribunales por medio.
Las confrontaciones electorales entrarían en una lógica del desgaste, en la que los
rivales deben segar la hierba bajo los pies de su contrincante. Por ello, la ex
vicepresidenta, en vez de buscar el amparo de tribunales, debería haber saltado
a la arena y hacer lo mismo. Señala el magistrado este carácter dialéctico de la disputa por los votos:
Para el Supremo, dichas
manifestaciones tienen la consideración jurídica de "figuras retóricas o
recursos dialécticos para desgastar a una adversaria política de altísimo
nivel, poniéndola en el trance de tener que dar explicaciones públicas, fáciles
por lo demás dada la talla y el poder político de la demandante".
Las declaraciones de González
Pons "no traspasaron los límites de la provocación o la exageración
tolerables en el ámbito de la contienda política porque en la rueda de prensa
la crítica fue un elemento claramente dominante sobre la información",
según el Supremo.
Le vienen a decir a la entonces Vicepresidenta que tiene
recursos sobrados para defenderse de lo que le decían, y que si no se dedique a
otra cosa porque la política es así. El bofetón es bastante sonado y debe haber
dejado la mejilla de Fernández de la Vega más que escocida.
Es esta última parte, la de la provocación o exageración “tolerables”
la que da reconocimiento, aunque aproximado, a lo que los políticos deben
tolerar como parte de su propio juego. Si ellos han decidido que sea la crítica
más que otra cosa —es interesante la distinción entre “crítica” e “información”—
la que dirija sus actuaciones, allá ellos, deberán aguantarlo. El reproche
viene entonces de haber querido cambiar de campo de juego, de las disputas
electorales a las disputas en los tribunales.
La noticia se completa con la pretensión de la otra parte de
que Mª Teresa de la Vega se disculpe dado el fallo del Tribunal Supremo. Se
equivoca González Pons porque el hecho de que los jueces consideren que ella no
hizo lo que debía, le estén dando a él la razón en algo. La ex Vicepresidenta
tiene todo el derecho a sentirse como se sienta; en lo que se equivocó, le
dicen los Tribunales, fue en elegir la forma de defenderse. Eso no da la razón
a González Pons ni hace brillantes o meritorias sus acciones. Puede sentirse todo lo ofendida
que quiera el resto de su vida y negarle el saludo a González Pons.
La idea de “exageración tolerable” no deja de ser un idea curiosa
entre una clase política que no tiene otra forma de comunicarse entre ellos —al
menos en público— que mediante este tipo de manifestaciones groseras,
pretendidamente ingeniosas y que no buscan más que el aplauso de los afectos seguidores
del que los dice. Déjense de tonterías y métanse de lleno en los problemas, que
buena falta nos hace.
* "El Supremo: 'La
intolerancia de De la Vega a la crítica política no es democrática'" El Mundo 4/07/2012
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/04/espana/1341412011.html
