Joaquín Mª Aguirre (UCM)
No hay
como unas elecciones para que salga a flote lo que permanecía en la sombra. Por
algún extraño motivo (quizá no tan extraño) los momentos electorales están
llenos de vieja nuevas noticias, de asuntos que vuelven a la vida pública. Al
PP le están amargando las elecciones gallegas con todo tipo de
"poltergeist".
No sé
si la noticia que publica hoy RTVE.es con personal de Radio Nacional sobre las
residencias madrileñas para mayores es uno de esos "fenómenos
extraños" que surgen del pasado o simplemente una coincidencia, pero lo
cierto es que abre nuevas polémicas sobre asuntos que se pensaban
estabilizados.
El
escándalo de las víctimas del COVID-19 en las residencias de mayores madrileñas
no se ha agotado y salta ahora. De las 20.000 muertes producidas en España en
estos centro, la mitad se produjeron en Madrid, casi diez mil. ¿Mal reparto o
malas prácticas? Más parece lo segundo, como ya se hizo notar. Ahora salen a la
luz las actas levantadas por la Policía en sus inspecciones.
La Policía Municipal de Madrid fue testigo de las
carencias en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid entre
marzo y abril del año 2020, durante la primera ola de la pandemia de
coronavirus. Las visitas a todas ellas se plasmaban en actas de inspección
a las que ha tenido acceso RNE y en las que también aparecen reflejadas algunas
quejas comunes de los responsables de los centros.
Los agentes registraron en prácticamente todos los
informes las denuncias de falta de material adecuado, en especial de
equipos de protección (EPI) y de test diagnósticos, lo que impedía
diferenciar qué pacientes estaban sanos y cuáles no. Una situación que, por
ejemplo, se encontraron los agentes en su visita del 6 de abril a la residencia
de Nuestra Señora de Montserrat, donde había un paciente con síntomas
compartiendo espacio con personas aparentemente sanas.
Si bien era habitual el aislamiento de los casos sospechosos y el cierre de zonas comunes, algunos responsables relataron a la Policía la imposibilidad de realizar un correcto cribado en los centros, e incluso hubo quejas por la orden de no derivar pacientes a los centros hospitalarios.*
De lo que se cuenta en estas actas —que la web hace visibles— ya se tenía constancia, pero estos documentos certifican la situación de unos centros que no estaban preparados para afrontar una pandemia, como nadie lo estaba. Aquí lo grave fue precisamente esa orden final de que no se derivaran a los hospitales, lo que causó, como una oscura mano del destino, la muerte de esas 10.000 personas en Madrid, la mitad de las muertes de mayores en toda España.
Como pudimos experimentar, al encerrar a las personas enfermas con las sanas, los contagios se multiplicaron, incluido el personal de atención, que fue cayendo en larga agonía.
La decisión de no trasladar a los hospitales, se puede decir que fue para "evitar colapsos", pero eso no justifica en absoluto que las personas con más debilidades de cara a la enfermedad fueran desestimadas. Algunos pensarán que la cara amable y heroica de la Medicina trata de ocultar esa decisión terrible que se plantea en ocasiones de decidir quién vive y quién muere ante la situación de recursos precarios, pero me temo que la decisión no fue tanto médica como "política" en un sentido peor que el habitual.
Este es el caso de la residencia de mayores Mirasierra. Allí fallecieron 60 personas y su responsable contó, según un acta fechada el 23 de abril, que no se aceptaron derivaciones de pacientes al Hospital de La Paz. Días antes, el 9 de abril, en la residencia Geriasa contaron a los agentes que si hubieran podido contar con esa ayuda, no habrían fallecido las 33 personas que perdieron la vida en el centro.
Las residencias inspeccionadas, obviamente, tratan de trasladar sus responsabilidades, que también las tienen, sin duda. Todos se presentan como víctimas de una situación desbordante. Pero la visión economicista que va afectando a todos los servicios, especialmente a los públicos, es un hecho.
Lo podemos apreciar en el caso que tenemos estos días en las primeras páginas, el caso de los dos guardias civiles asesinados por pasarles por encima lo que llaman una "narco lancha". La queja que sale a los medios es que todas las lanchas de que dispone la Guardia Civil capaz de competir con las de los delincuentes están estropeadas y sin reparar por falta de dinero para hacerlo. Todas las asociaciones policiales piden la dimisión del ministro Grande Marlaska, el artífice de los recortes presupuestarios que ha llevado a esta situación. Pero el ministro está acostumbrado, una vez perdida la vergüenza en los primeros casos, a decir que "no tiene pensado dimitir", su frase favorita.
El deterioro de los servicios públicos —no se trasladaban a los enfermos de las residencias a los hospitales, como se comenta de La Paz— es un hecho que los que trabajamos en las administraciones públicas percibimos cada día. Los recortes de personal y económicos son un hecho que acaba afectando a la calidad de los servicios, algo que en el campo sanitario y con una pandemia como causante puede ser una combinación mortal.
Se nos resume la situación en el artículo:
También es recurrente la mención al cansancio
físico y mental de los trabajadores y la falta de rotación de las
plantillas, mermadas por las bajas provocadas por la COVID-19. Es por eso que muchos
centros relataron a los agentes la necesidad de contar con más personal, sobre
todo de enfermería o médicos.
El 2 de abril, en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, la responsable relató una situación muy dura: eran solo seis trabajadores para atender a los 46 internos y no daban abasto para realizar una atención adecuada. *
El encierro de los residentes, convertidos en "pacientes" sin posibilidad de atención interna o externa, por carecer de servicios de atención médica adecuados, incluidos materiales como trajes, mascarillas, etc., se convirtió en un episodio negro que necesita ser mostrado y corregido, aunque no haya elecciones.
En otras circunstancias queda la queja, los retrasos, etc. Pero aquí se trata de muertes y muertos, de personas que se arrinconaron para sencillamente dejarlas a su suerte. La responsabilidad es de muchos, incluidas familias, que ahora demandan verdad y reparación. Lo que llaman la "silver economy" mostró su lado más duro, el de un final de la vida que puedes sostener si tienes dinero para pagarlo.
* Francisco Pérez (RNE) "Las actas policiales constatan el abandono de las residencias en Madrid durante la primera ola de la pandemia" RTVE.es /RNE 12/02/2024 https://www.rtve.es/noticias/20240212/actas-policiales-abandono-residencias-madrid-pandemia/15967242.shtml
