Joaquín
Mª Aguirre (UCM)
Parece
que los partidos políticos españoles ya se han puesto de acuerdo en algo, según
nos informa el diario El Mundo: la recogida de datos sobre los ciudadanos. En
vez de preocuparse, lo que han hecho es ponerse de acuerdo para la posible
creación de perfiles de votantes, pues no es otro el resultado de la aprobación
en el Senado de lo que ya había sido una realidad en el Congreso. Los partidos
han decidido que ellos son una "buena causa" por la que merece la
pena recoger los datos de los ciudadanos.
Los
ciudadanos estamos sujetos a un constante acceso a los datos, a los que se nos
obliga mediante diferentes fórmulas, la más habitual el bloqueo en caso de no
acceder. Eso se entiende como "libre consentimiento", lo que no deja
de ser un sarcasmo. Resulta bastante cargante que todo ello se disfrace con
retóricas paternalistas diciendo que todo ello forma parte de la "mejora
de nuestra experiencia". Somos el cubo y los peces en este enorme negocio
en el que pensamos que tenemos el control, cuando es precisamente lo contrario.
Desde que se ha "regulado" el uso ha surgido el abuso. La regulación
solo ha servido para que se nos presione en la aceptación de nuestro
"destino digital", ser vigilados desde múltiples puntos (prácticamente
desde cualquier acceso).
El
problema del caso con Cambridge Analytica parece ser que era Rusia la
beneficiaria de nuestros datos, mientras que no existe problema si son nuestros
propios partidos los que usan nuestros datos para perfilar nuestros mensajes y actuar
sobre nuestras intenciones desde un mejor conocimiento, el que le permiten el
recopilar los datos.
El diario
señala:
Las formaciones políticas han aprovechado la
tramitación en el Congreso y Senado de esta Ley Orgánica para modificar la ley
electoral y dar luz verde a la "recopilación de datos personales relativos
a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos
políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en
el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas".
Además, los partidos han establecido que el envío de propaganda electoral
"no tendrá la consideración de actividad o comunicación comercial".*
¿No sé
qué son las "garantías adecuadas"? ¿Es el "interés público"
el de los partidos o el de los ciudadanos? Toda la cuestión gira sobre esa
distinción básica. Es cierto que no podemos hacer como Donald Trump y declarar,
en este caso, a los partidos como "enemigos del pueblo", pero eso no
les da derecho a convertirse en algo excepcional, es decir, a disponer de
información sobre los ciudadanos cuya función es conocer su propio posicionamiento
político, algo que debería estar claramente amparado para evitar tanto la identificación
como la discriminación. Un sistema democrático se basa en la libertad de voto pero
también en el anonimato del votante.
Estamos
realizando peligrosas transposiciones de un universo democrático sencillo a
otro cuyos planteamientos no lo son, ya que incluyen aspectos que no forman
parte de la idea democrática. Algunos pensarán que lo "democrático"
es un principio que no se afectado por los cambios. No creo que sea así. Los
procedimientos son esenciales en cuanto a lo democrático y el almacenamiento de
datos políticos de los ciudadanos se acerca más al perfil de lo practicado por
las dictaduras que por las democracias. Son, en el fondo, sistemas de
vigilancia e identificación en los que nos adentramos de forma bastante
irresponsable y siempre con palabras amables pese a las consecuencias que
puedan tener.
Los
tiempos que se avecinan en la política no son precisamente los de mejoras en la
salud democráticas. Estamos viviendo el ascenso de los populismos y la
radicalidad, algo que se traduce en el aumento de los partidos radicales y de
la radicalización de los partidos. Salir de las formas de protección del
ciudadano a las de vigilancia me parece un tremendo error de cálculo e
ignorancia de las consecuencias. Es estar ciego a lo que ocurre en muchos
países en los que la democracia está en recesión.
Hemos
cambiado nuestra percepción no ya de la intimidad (que prácticamente ha
desparecido) sino de la propia idea de ciudadanía. Hay en esta percepción un
sentido de superioridad de los partidos sobre los ciudadanos ya que se autoriza
a los primeros a nuevas formas de control sobre ellos.
Este es
el artículo, tal como lo recoge el diario El Mundo:
Artículo 58 bis.
Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades
electorales.
1. La recopilación de datos personales
relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los
partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará
amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías
adecuadas.
2. Los partidos políticos, coaliciones y
agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas
web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades
políticas durante el periodo electoral.
3. El envío de propaganda electoral por
medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda
electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración
de actividad o comunicación comercial.
4. Las actividades divulgativas anteriormente
referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral.
5. Se facilitará al destinatario un modo
sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.»
Como
puede apreciarse son los dos primeros puntos los que concentran los problemas.
Los tres últimos se refieren a la salida de información de los partidos,
mientras que los dos primeros lo hacen a la entrada de datos. Es importante
esta distinción porque no exige que lo que entra esté en relación con lo que
sale. Es decir: puedo recopilar datos, pero esos datos, se nos dice,
"podrán" ser utilizados durante el periodo electoral. ¿El
"uso" implica que no podrán hacer nada con ellos durante el tiempo
fuera de la campaña? ¿Usarlos se refiere tan solo al "envío de
propaganda"? Es ridículo pensar que esos datos obtenidos serán congelados
o destruidos fuera del tiempo de campaña. Lo que ocurrirá con toda probabilidad
es que esos datos serán usados para fines de detección a lo largo de las
legislaturas y que se concretarán en las campañas. ¿Pero qué ocurre con el conocimiento que aportan en el tiempo
entre campañas?
Estamos
dando el visto bueno a una gigantesca maquinaria de crear problemas en el futuro.
No hay reflexión sobre cuál es la relación entre los ciudadanos y los partidos
políticos, a los que se equipara con consumidores de información comercial,
quienes deben ser "estimulados" para el consumo.
La
información del diario El Mundo recoge algunas opiniones de expertos en
diversos campos:
Este uso de datos personales de la ciudadanía
por parte de los políticos no estaba contemplado en la propuesta del Gobierno
-que es quien planteó la iniciativa-, pero el PSOE presentó una enmienda con
este contenido. Fue avalado por todos los partidos. El dictamen de la ley fue
aprobado por unanimidad en el Congreso y ninguna formación ha puesto objeciones
a esta práctica. Los socialistas justificaron esta práctica con la necesidad
"adecuar el Reglamento a las especificidades nacionales y establecer
salvaguardas para impedir casos como el que vincula a Cambridge Analytica con
el uso ilícito de datos de 50 millones de usuarios de Facebook para
mercadotecnia electoral".
Y es que, como ratifican los expertos en
campañas electorales consultados por este diario, los partidos políticos ya
usan estos datos, lo que hacen ahora es regularlo, blindarse para evitar
posible problemas o denuncias. "El problema no es tanto el envío de
propaganda electoral como la recogida de datos", alerta Rafael Rubio,
profesor de Derecho Constitucional en la Complutense de Madrid y experto en
campañas electorales. "La normativa no tiene un desarrollo reglamentario,
no se especifican cuáles son las garantías adecuadas y la redacción del
artículo hace intuir una relajación y flexibilización de su uso. Los partidos
esquivan una regulación más estricta". Los partidos saben que conocer las
necesidades del votante facilita tanto la elaboración de programas electorales
como la definición del voto dudoso.
El acceder a datos personales permite
segmentar el envío de propaganda electoral para aumentar su efectividad. Esto
es, personalizar el mensaje. Que un posible votante escuche o lea aquello que
puede incitarle a votar a un partido, a no votar a otro o, simplemente, ir a
votar. "Las redes sociales, apps, mails, y nuestra interacción con todos
estos elementos generan una cantidad de datos que, de ser recopilados, ofrecen
al estratega electoral una inmensa cantidad de datos. Esto es justamente lo que
la ley permitirá: almacenaje de datos de forma masiva de la mano de los
partidos políticos dentro de la legalidad, con un gran objetivo: mejorar las
estrategias electorales", expone Carles Salom, líder de estrategia y
mensaje en Politiks360 y experto en
estrategia electoral para pequeñas y medianas audiencias.*
Se está
abriendo la caja de Pandora. Las consecuencias del acceso a los datos por parte
de los partidos es una forma de invertir el sentido de la democracia, de los
ciudadanos a los partidos. Los efectos que esto tiene son de gran calado en el
sentido de cómo debe funcionar una democracia en la que el ciudadano sea
realmente el centro, es decir, un sujeto de derechos y no un objeto de
investigación. Así, por el contrario, se amplían los derechos de los partidos
sobre los ciudadanos y tendrán que ser estos los que ejerzan el derecho de
oposición, algo prácticamente imposible ya que las fuentes de los datos pueden
ser múltiples y haber recorrido caminos muy diferentes.
No
serán los partidos quienes accedan directamente a los datos, sino que estos
serán recogidos por unos y tratados por otros, dificultando la identificación
y, por ello, el ejercicio del derecho. Es al ciudadano al que se le
"permite" defenderse, pero eso no sería necesario si no se permitiera
previamente ser sometido a "perfiles políticos". Pues no se trata de
otra cosa, sino de tener una identificación de votantes, de dudosos y de
opositores.
Debemos
creer que de esta situación saldrá algún bien
para nuestras democracias. Lo dudo mucho. Lo mejor para una democracia es la
honestidad de los políticos, la transparencia de los mensajes y las causas
comunes. Pero no es esto lo que vivimos cada día. Más bien es la preocupación
de todos los partidos por la percepción negativa que se tiene de ellos y la
poca valoración de los dirigentes que muestran. Esto no es apatía, sino
hartazgo de la falta de rectificación en los errores, de la persistencia en
ellos.
Se
elige el camino de darles más poderes (se los dan ellos mismos) en vez de dar
una mayor capacidad de elección a los ciudadanos. Los ciudadanos manifiestan
claramente lo que quieren, pero la política parece haber elegido una peligrosa
vía, dar más poder a los partidos. Por lo que sabemos, los partidos son los que
deben buscar medios de conocerse adecuadamente para rectificar aquellos
comportamientos que los ciudadanos rechazamos. Ellos, en lugar de rectificar,
prefieren ahondar en métodos que eviten el rechazo.
El
hecho de que hayan estado todos de acuerdo es preocupante. Que sean capaces de
acordar esto, pero no lo sean, por ejemplo, en medidas anticorrupción ya es
significativo. La democracia surge con unos requisitos de protección que los
partidos políticos han decidido soslayar. Por mucho que se incluyan expresiones
tranquilizadoras, una vez puesto en marcha entre las ambigüedades y los
errores, lo cierto es que el ciudadano está cada vez más expuesto. Lo que iba a
ayudar a ser más transparentes, nos deja indefensos ante una mirada que
personaliza al ciudadano, realizando un auténtico marcado social, con los
peligros que esto conlleva allí donde es necesario el máximo de privacidad, en
ocasiones por pura seguridad.
Hasta el momento, se dibujaban perfiles generales de los votantes. Las nuevas técnicas le pondrán nombre, apellidos y dirección. Es demasiado riesgo para unos y tentación para otros.
* "Los partidos políticos 'espiarán' los
datos personales de los ciudadanos para captar votos" El Mundo 20/10/2018
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/20/5bf31b2d468aeb5e1e8b4648.html
