La incomprensible situación de las residencias de mayores

 Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Los datos de muertes en las residencias de ancianos vuelven a dispararse en esta ola, la quinta. De nuevo personas que están aisladas quedan sometidas a la voluntad de vacunarse o no de las personas que trabajan allí o de las que van a visitarlas. La evidencia es clara: si ellos están aislado, el virus vendrá de los que entran y salen.

Pese a ello, los tribunales siguen prohibiendo las medidas de protección de esas personas en un absurdo problema jurídico que nadie acaba de entender. Y es un problema para un país empezar a distanciarse de los jueces cuando uno empieza a ver amenazas para el conjunto en sus decisiones.

Desde el principio de la pandemia se ha producido una situación de conflicto entre lo individual y lo colectivo, con un problema de interpretación: no se combate un virus con derechos. Infectarse o infectar a otros no es una cuestión de leyes de los hombres sino de leyes de la naturaleza. Vacunarse es el precio de la convivencia. Si a una persona no se le puede obligar a vacunarse, tampoco se podrá imponer a otros que lo acepten, pues ponen en riesgo sus propias vidas, como ocurre con los ancianos de una residencia. Los derechos laborales (tampoco se le puede despedir) suponen el dudoso derecho a infectar a otros. Sobre esto hay cierta literatura jurídica, especialmente en los casos en los que alguien sabía que tenía alguna enfermedad contagiosa e infectó deliberadamente a otras personas. Recuerdos casos de SIDA en este sentido.

La respuesta judicial a todo lo que se propone para evitar el contagio es siempre negativa o mínima en nombre de unos derechos generales. Uno llega a pensar, ante las resoluciones absurdas, si no se está pasando factura por otros problemas entre ejecutivo y legislativo. Espero y deseo que no sea así, pues sería el hundimiento de un pilar necesario para la vida democrática. Sea por lo que sea, nadie entiende estas resoluciones que van en detrimento del conjunto, de su derecho a la salud.

Sabemos que existen los conflictos de derechos, pero el principal es el derecho a la vida. Este es el que se les está negando a las personas que fallecen ahora en residencias o en ciertos servicios sanitarios, en centros de enseñanza, etc. donde un reducido número de personas se niegan a vacunarse y exigen, por contra, seguir trabajando como si este hecho no afectara a los que les rodean. Pero a ellos esto no parece importarles. Puedo entender que alguien, por el motivo que sea, no quiera vacunarse, pero no logro entender cómo esa persona puede "imponer su presencia" a otros poniendo en riesgo su vida.

Es una imposición cuando yo no puedo saber si la persona con la que estoy hablando está vacunada o no. Con ese amparo en el derecho a la intimidad, a que los demás no puedan saber si está vacunado o no, se vulneran los derechos de los demás a la seguridad a poder poner en marcha los mecanismos de defensa. Si vivo en una residencia, por ejemplo, ¿puedo saber en manos de quién estoy, ya que supone un riesgo para mi vida? Si voy a un centro de salud, a un dentista, etc. ¿él o ella pueden conocer mi estado, pero yo no puedo conocer el suyo? ¿No tengo derecho a saber si está vacunada la persona que me atiende? ¿Puedo exigir que me atienda una persona que esté vacunada y que me dé una mayor seguridad que quien no lo está? ¿Puedo preguntar a quien me atiende o cuida?

No, esto no es una cuestión de individualidad o de privacidad. Son tiempos de emergencia en donde hay personas con sentido cívico y otras que no lo tienen. Las leyes se hacen para poder convivir y eso implica la confianza mutua en que todos las respetan. Si yo no sé en manos de quién estoy, la confianza se viene abajo. Los jueces ignoran las medidas comunes en favor de las individuales que se vuelven contra la comunidad, entendiendo que esta es la mayoría sobre la que se articula la vida común.

El panorama es completamente distinto entre una enfermedad y una enfermedad contagiosa. Yo puedo decidir no someterme a un tratamiento contra el cáncer y dejar que la enfermedad siga su curso, pero una enfermedad contagiosa, que causa la muerte de otros es muy diferente porque mi decisión tiene repercusiones sobre los otros imponiendo mi criterio.

¿Por qué, por ejemplo, se le puede hacer a un conductor un test de alcoholemia y no se le puede hacer un PCR a un trabajador de una residencia de ancianos? El test de alcoholemia se hace para prevenir accidentes y en atención a la propia seguridad del conductor al que se le impide conducir mientras se encuentra bajo la influencia del alcohol. Yo puedo emborracharme todos los días, pero lo que no puedo hacer es coger el coche porque entonces me convierto en un riesgo contra los demás. Tengo derecho a beber, pero esto limita mi derecho a conducir porque paso a ser un peligro. Nadie considera que sea una violación de la intimidad realizar el test. El número de muertos en carretera es superado por los que fallecen por contagios en residencias.

En la web de Antena3 leemos respecto a los datos sobre las residencias:

 

Los contagios por coronavirus siguen aumentando en las residencias de mayores. Como consecuencia, aumentan también las muertes y preocupa que esta quinta ola no de un respiro a los que, ya en su momento, fueron los más afectados por el virus. Según los datos que maneja el Imserso, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, en la última semana 148 ancianos han fallecido a causa de la COVID-19, un 43 % más que la semana anterior.

Las comunidades buscan el aval judicial necesario para poder obligar a los trabajadores no vacunados de estos centros a realizarse pruebas PCR semanales. Quieren evitar al máximo cualquier tipo de vía que permita la entrada de la COVID-19 a las residencias. Sin embargo, la Justicia no lo está poniendo nada fácil.

Andalucía quiere realizar PCR a los trabajadores no vacunados

Andalucía es una de las comunidades que se suma a esta petición. Preocupa especialmente en los últimos días porque se han detectado brotes de coronavirus en 73 de sus residencias de mayores. No obstante, hace unos días la Justicia ya se pronunció al respecto de este tipo de medidas, que ya se habían implantado en algunos centros de España, y prohibieron que se siguieran haciendo porque afectaba a los derechos de los individuos que fuesen a visitar a sus familiares o la intimidad de los trabajadores.

No conformes, el Gobierno andaluz da un paso más y pide un aval judicial para poder realizar PCR dos veces por semana a todos los trabajadores de los geriátricos que no estén vacunados contra la COVID 19.*

 

Sabemos de casos en los que personas que se saben contagiadas se han subido a un avión de pasajeros. Supongo que alguien dirá que ejerciendo su derecho a la intimidad o a moverse libremente. Negarse a saber si se está contagiado o no no debería ser una excusa ni la ley ampararlo cuando se entra en contacto con otros.

Los expertos en salud nos están diciendo todos los días que los focos de personas sin vacunar no solo son en los que se producen más muertes sino que son el punto en donde se producirán las entradas de nuevas variantes que atenten contra la eficacia de las vacunas en los ya vacunados. Será en ellos donde comiencen las nuevas "olas" que han de llegar inevitablemente.

Son ya muchos expertos los que nos dicen que estos coronavirus van a quedarse entre nosotros, que hay que acostumbrarse a vivir defendiéndose por décadas por delante. Para ello, todos señalan que es esencial la vacunación planetaria ya que mientras haya focos sin vacuna seguirá expandiéndose con fuerza.

Ayer nos daban noticia de la muerte de dos mujeres embarazadas por no vacunarse. Dieron a luz mediante cesárea estando en las UCI. Los bebés están a salvo, pero afrontarán una vida sin madre por la decisión que ellas tomaron. Nos dicen que hay muchas mujeres embarazadas ingresadas por COVID19; algunas correrán la misma suerte... y con ello afectan a la vida futura de sus hijos. Hay decisiones individuales que están en nuestras manos, pero hay otras que están en nuestras manos pero afecta de forma grave a los demás, de forma irreversible como es en los casos de muertes.

La falta de criterio unificado, dada la variedad de respuestas judiciales según los lugares,  se vuelve contra la propia Justicia. Los problemas formales que muchas veces se plantean para denegar la toma de medidas están convirtiendo España en una casa de locos. Todo aquí se discute frente a lo que ocurre en otros países del entorno, donde se toman medidas firmes y de los que no podemos dudar ni acusar de anti democráticos, como Francia o Alemania.

Estamos pagando con vidas la falta de acuerdos entre los partidos, que les impide legislar como deben en esta situación, y entre poderes por las fracturas existentes entre ellos, que deberían poder resolverse y que obedecen también  las trifulcas políticas entre partidos. La falta de voluntad política se acaba trasladando a la calle, donde los irresponsables se sienten respaldados por las medidas judiciales que impiden regular lo que ocurre en ellas.

Desgraciadamente, la toma de medidas se hace muchas veces con la boca chica, tratando de hacer ver que se toman medidas pero que luego la Justicia no las respalda. Así ocurre con medidas como la exigencia del pasaporte COVID, que muchos solicitan pero con el ánimo interior de que no se apruebe, dejando así en libertad de circulación para rellenar el ocio, los viajes, etc. Pero eso es ya otra cuestión, aunque sea igualmente la misma que llena las camas de los hospitales, las UCI y los cementerios.

No deja de ser sorprendente (y deprimente) la falta de criterios unánimes de un juzgado a otro, lo que demuestra lo fraccionado del poder judicial, en el que tampoco parece existir voluntad de acuerdos unificadores que den seguridad. Se echan en falta certámenes, congresos, seminarios, etc. de puesta en común de ideas. Es sorprendente que se les exija unanimidad en la interpretación a los árbitros de fútbol sobre la voluntariedad de una mano en el área, pero no lo hagamos para algo mucho más importante como es esta cuestión. Aunque puede que en esto me equivoque yo y lo realmente importante sea qué ocurre en el área los domingos.

Mientras la mayor parte de la ciudadanía trata de hacer lo que esté en su mano para su propia seguridad y la de los demás, pensando que no son cosas aisladas, existe un grupo de gente que por distintos motivos no se siente solidario más que consigo mismo. Una visión frívola de la vida, en unas ocasiones, una visión dogmática y antisocial, en otras, quedan en evidencia en esta sociedad que arriesga su vida por un botellón, un viaje de fin de curso o no perderse un concierto, por seguir en otros lugares los finales de fiesta, etc. están en el fondo de estos comportamientos peligrosos.

Ya sea por los irresponsables, sean políticos, judiciales o simples ciudadanos, se está prolongando el sufrimiento de muchos y se está acabando con el de otros, desgraciadamente. Se está llevando este país —en el que muchos viven de y para la fiesta— a una situación peligrosa y, sobre todo, que hunde nuestra confianza social y en el sistema. Los españoles somos muy buenos captando los malos ejemplos.

 

* "Aumentan un 43% los contagios y fallecidos por COVID-19 en las residencias de mayores en la última semana" Antena3 Noticias 20/08/20121 https://www.antena3.com/noticias/sociedad/aumentan-43-contagios-fallecidos-covid19-residencias-mayores-ultima-semana_2021082061200b3f1827770001497c9f.html

Poca justicia

 Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Por si no tuviéramos bastante, al problema sanitario y al de los partidos se le añade el judicial. Añadir, en este caso, hace referencia a la absorción conflictiva de un determinado poder o sector, que pasa a ser inmediatamente escenario de luchas. Pero vayamos al núcleo.

En el centro de todo esto está la negativa constante de la realización de una normativa que permita abordar "correctamente" la situación cambiante en la que nos encontramos. Como en el juego de las "7 y media", la figura jurídica del estado de excepción se pasa y la del estado de alarma no llega. En una situación tan cambiante como esta, ambas figuras son demasiado rígidas en lo que implican para dar respuesta adecuada.

La parte política del asunto es que este gobierno de socios mal avenidos no se siente con la fuerza de tomar una decisión dura porque sabe que su socio se desmarcará en cuanto tenga ocasión y le dejarán solos frente a una oposición que pide más medidas, pero que en cuanto que se tomen criticará que hayan sido tomadas. Todo menos el acuerdo, que es precisamente lo que hace falta.

Ante esta situación borrosa, se toman decisiones que van en detrimento de lo verdaderamente importante, que es la salud pública, concepto que se vuelve igualmente borroso en este caos anárquico al que ahora están contribuyendo desde la judicatura con sus múltiples versiones, enfrentados a los estamentos políticos.

La sentencia del constitucional, celebrada como un varapalo al gobierno por parte de la oposición, pese a que todos estuvieron de acuerdo, menos Vox, acaba de sembrar el desconcierto que desciende como una cascada de sinsentidos. Las multas, por ejemplo,  que se han puesto no se pueden cobrar ya que al decretar como anticonstitucional el estado de alarma todo lo que esté vinculado queda en la papelera.

Ayer se daba otro despropósito, el requerimiento a la Directora General de Salud Pública en Baleares por las medidas tomadas para evitar la expansión del coronavirus ante el macrobrote producido por la inconsciencia de haber dejar realizar un viaje de fin de curso a miles de estudiantes, todos ellos con familias "responsables":

 

Un juzgado de Palma ha citado como investigada a la directora general de Salud Pública del Govern de Baleares, Maria Antònia Font, por los presuntos delitos de prevaricación y detención ilegal por ordenar el pasado 25 de junio el confinamiento forzoso de los 175 estudiantes del macrobrote de Mallorca.

Según han confirmado fuentes de la investigación, la alto cargo del Ejecutivo autonómico tendrá que declarar el próximo 7 de septiembre.

El juzgado, ante el cual varios progenitores presentaron una querella, ha decidido investigar las circunstancias y los motivos que rodearon el traslado vigilado por la Policía Nacional y el confinamiento de estudiantes peninsulares en el Hotel Palma Bellver.

Por su parte, el Gobierno de las Islas Baleares ha transmitido en un comunicado "su respeto por todas las actuaciones del poder judicial" y ha reiterado que está a disposición de cualquier requerimiento por parte de los tribunales.

"Esto es compatible con la defensa y apoyo a la actuación de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Consumo, así como de todos sus miembros, para controlar el macrobrote de contagios" ha añadido, ya que considera que "la actuación fue proporcionada".

Asimismo, el Ejecutivo recuerda que los jueces no atendieron judicialmente las peticiones de habeas corpus solicitadas por algunos de los jóvenes a los que se requirió mantener cuarentena.*

 

Los jueces pueden usar su tiempo para deliberar, para discutir; los responsables de la salud pública, en cambio, tienen que tomar decisiones sobre la marcha en esta extraña mezcla de inoperancia institucional, social y familiar. Todo esto forma parte de esta locura colectiva que está dejando en evidencia el coronavirus, nos muestra el caos en el que vivimos.

Pero cada uno debe aguantar su palo. Los parlamentos deben legislar, hacer leyes adecuadas a las situaciones dadas, y los jueces deben hacer cumplir las leyes. Pero esto ocurre en lugares "normales" y no en un país que ha conseguido llevar el conflicto a todos los niveles de la vida social y política. Esto crea un caos al que nos hemos acostumbrado y que el coronavirus aprovecha. Ante esta situación cada uno barre para casa tratando de salvarse —y aprovecharse algunos— de esta situación. 

El gobierno ha visto que a Díaz Ayuso le va bien electoralmente con una actitud altanera, que hace y responsabiliza a los demás de las consecuencias. Su populismo ha calado en el gobierno y han aprendido la lección: todo lo que haces es bueno, todos lo que otros hacen es malo. Todo esto aderezado con grandes palabras, como "libertad", ha conseguido convertirse en un "modelo" desastroso para el país pero eficaz comunicativa y electoralmente. La política ya no es el arte de gobernar, sino el de responsabilizar a otros de lo malo.

Tenemos a la ministra Darias vendiendo la retirada de la mascarilla —"hoy es el día de la sonrisa"— o tratando de congraciarse con los "jóvenes" —"no estigmaticemos a los jóvenes"— mientras que el presidente presume de vacunar más que nadie y así permitir que se haga de todo. Para todo hay respuesta... ¡menos para el avance de la pandemia! Se sigue incrementando y el gobierno se niega a legislar arrojando a las autonomías al choque con los jueces, algo a lo que él mismo se ha visto abocado por la sentencia del Constitucional. ¿Qué salida tiene esto?

El caso de Mallorca sentará un precedente porque si los responsables del brote pasan a ser los que toman medidas y pasan a ser los "damnificados", todo se complica. Leemos en RTVE.es la explicación dada por las autoridades ante el macrobrote:

"La decisión fue identificar a estos alumnos, hablar con los monitores, y trasladarlos al 'hotel puente' para hacerles una prueba PCR", defendió entonces la consellera de Salud Patricia Gómez, mientras que la presidenta de Baleares, Francina Armengol, afirmó más tarde que "es un peligro para la salud pública que un contacto estrecho no haga la cuarentena".

Finalmente, el 30 de junio, el Juzgado se expresó en el sentido de mantener el confinamiento únicamente en el caso de los jóvenes que hubieran dado positivo por coronavirus en las pruebas realizadas, dando la razón a algunas de las quejas de padres y estudiantes.

Ante esto al menos 45 jóvenes optaron por quedarse en el 'hotel puente' Palma Bellver, mientras que los demás decidieron abandonar Mallorca en un barco con destino a Valencia pagado por el propio Govern. Sin embargo, al menos 13 de los 118 estudiantes que zarparon en el buque dieron positivo a su llegada a al Puerto de Valencia.

Este brote por COVID-19 vinculado a viajes de estudios ha llegado a superar los 2.000 contagiados.*

 

Los jueces juegan con un sentido de la justicia normativo, lo que me parece muy bien. Pero una decisión de 6/5 significa que esa norma se puede interpretar de diversas formas. Lo vemos todos los días porque ellos mismos, los jueces, varían de criterio de un lugar a otro en el mismo día. Esto sitúa la "justicia" de las decisiones en un lugar un tanto problemático y mucho más a los ciudadanos que quedan bajo su mano directa o indirectamente.

Pero hay otro elemento más en este sentido que no se pone sobre la mesa. La profunda injusticia que supone que las personas con los efectos menos graves, ignoren lo que no tendría que cumplirse bajo mandato de la ley, sino por la solidaridad social, por el respeto al otro. La base de la justicia es cierto sentido de la igualdad, el que es igual para todos. Pero aquí no todos actuamos igual ni estamos en la misma situación; no hace lo mismo el que está en una residencia de mayores temiendo por su vida, que el que se pasa por la noche al pueblo de al lado para hacer botellón porque su pueblo está perimetrado y lo tienen allí prohibido. ¿Son igual de "libres", están en igualdad de "derechos"?

Lo que ha hecho el coronavirus es clasificarnos en zonas sobre las que no podemos decidir: más vulnerables y menos vulnerables. Los que se sienten menos vulnerables, lo han dicho con claridad: "si tuviera ochenta años tendría miedo; pero como tengo veinte, no lo tengo". Son palabras dichas con descaro y desparpajo, con un vaso en la mano, en mitad de una celebración de botellón. La cara, entre de guasa y desprecio por tener que explicar una obviedad. 

Lo mismo podemos decir de las vacunas: unos se las ponen para poder sobrevivir, otros —escuchen las declaraciones constantes— para poder seguir con las actividades sin riesgo. Mucho me temo que las visiones de la vida están muy desequilibradas, que realmente no vivimos en el mismo mundo.

Sí, podemos hablar de "leyes", pero no de "justicia", algo que no estaba ni está en la mente de los que reivindican sus juergas frente a la enfermedad de otros, que sabemos que son parte importante de la expansión incontrolada y que, hay que decirlo, será asumido por un sistema sanitario sostenido no por los que hacen botellón sino por los que tienen que levantarse temprano a salir a trabajar sin más remedio. No tienen final de curso que celebrar; solo aspiran a que no cierren sus negocios.

Los padres que han denunciado el "trato" dado a sus hijos, deberían haber pensado antes un poco mejor lo que hacían. ¿Eran libres de mandarles a Mallorca? Por supuesto, pero no deja de ser profundamente imprudente primero e injusto después. Esos trece infectados en el crucero de vuelta, fletado por el gobierno balear y puesto a disposición de los chicos y chicas que querían disfrutar de esa libertad de la que hablan sus padres, son un indicador de que no era broma la necesidad de mantenerles en cuarentena. Pero da igual. ¿Por qué robarles la juventud, como escribía un padre hace unos días? ¿Por qué dejarle sin lo que él tuvo y quiere que su hijo tenga?  

Entre unos y otros, estamos desvariando. El desprestigio por ineficacia y caos de las instituciones crece. Eso no es bueno para nadie.

 

* "Imputan por "detención ilegal" a la responsable del confinamiento de los estudiantes del macrobrote de Mallorca" RTVE.es 20/07/2021 https://www.rtve.es/noticias/20210720/imputan-detencion-ilegal-directora-salud-publica-confino-estudiantes-del-macrobrote-mallorca/2134101.shtml