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sábado, 1 de diciembre de 2012

Orden (público)

Joaquín Mª Aguirre (UCM)
Parece que está revuelto el campo del orden público y, con él, todos. El indulto a cuatro mossos d'esquadra, la policía autonómica catalana, después de haber sido condenados a penas de cárcel por torturas a un ciudadano rumano, ha causado la indignación de un sector de la judicatura, además de en la ciudadanía. Doscientos jueces firman un escrito contra este indulto, potestad y riesgo del gobierno.
Indultar a la policía siempre es una tentación, pero no es casi nunca un buen ejemplo. Da cierta sensación de "ley del embudo", de que existe cierta impunidad o raseros distintos a la hora de valorar las situaciones. Las torturas a un detenido es un caso grave, muy grave, y todo ello quedó confirmado en y por los Tribunales. Con el indulto, entras por una puerta y sales por otra.
El indulto no solo tiene una ética, sino también una estética. El hecho de que las torturas se le practicaran a un ciudadano rumano afean todavía más el caso, pues es un desprecio —otra vez la ley del embudo— esta vez a la comunidad rumana, que pensará que las acciones ilegales que sobre ellos se realicen no tienen la misma consideración que las que se hagan sobre un ciudadano español. Si yo fuera rumano, también protestaría.
La comisión de delitos por parte de las personas que tienen el deber de evitarlos y juzgarlos es doblemente grave, como reconocen el propio ordenamiento. Aplicar aquí indultos es siempre poco ejemplar, por no decir otra cosa.


Le señala el Gobierno a los jueces que no deben protestar porque ellos tienen la potestad de conceder los indultos. Nadie lo niega. La protesta no es por la ilegalidad de la medida, sino por el ninguneo de la Justicia. Creo que la protesta ante este indulto sí se justifica por el hecho de que afecte a la credibilidad de las instituciones. No afecta a la credibilidad del gobierno, que es cosa suya, sino a la credibilidad del conjunto del sistema institucional que debe velar por la justicia y defensa de los ciudadanos. Si dejamos de creer en la Justicia y en la Policía, cuando ya hemos dejado de creer en los políticos —gracias a su empeño, todo hay que decirlo— avanzamos hacia rumbos inciertos. No habrá orden; ni siquiera orden justo.

Los mossos han contestado a los jueces firmante mediante otro escrito en el que lamentan que esas crítica a los indultos de policía no se produzcan cuando se indultó a algún juez, algo que también está mal por el mismo principio estético y ético. Los jueces critican al gobierno; la policía critica a los jueces. Y los ciudadanos miramos atónitos tanta protesta, gripe contagiosa, antes de salir a protestar.
Los mossos, cuando protestan, tienen métodos curiosos. A principio de año, como protesta contra sus reajustes laborales, decidieron hablar en castellano por radio y realizar en el mismo idioma los atestados, etc. No sé si como medida de presión ante sus superiores fue lo suficientemente contundente y si los oídos nacionalistas pudieron soportar tan insoportable presión. En cualquier caso, protesta ad hoc, que da donde le duele.


Otra protesta de estos días es por la filtración de los datos personales de 18 mossos d'Esquadra a las redes sociales*, con lo que se posibilita su localización e identificación. Los mossos han dicho que esos datos deberían estar "blindados" y, según parece, no lo estaban. Otro caso oscuro en esta guerra de protestas. No sé en qué lengua han aparecido las filtraciones.
Tienen más casos abiertos. Hace unos días, La Vanguardia daba cuenta de que unos incidentes relacionados con el acoso a los diputados del parlamento catalán se resolverían en un juicio de faltas por coacciones.

La operación policial tuvo lugar en octubre del año pasado, cuando decenas de antidisturbios tomaron la Ciutat de la Justicia para detener a seis de los imputados por los actos de acoso a diputados del Parlament del pasado 15 de junio, que estaban en la cafetería del edificio a la espera de una respuesta de la Audiencia Nacional a su decisión de ponerse a disposición de la justicia.
[...] Mientras el magistrado estaba fuera del edificio, los agentes irrumpieron en la Ciutat de la Justicia para efectuar las detenciones, una operación de la que el departamento de Interior no informó a la juez decana y que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) consideró "un claro abuso", por lo que exigió responsabilidades.
Varios abogados y periodistas que cubrían la información, además de una persona que había acudido de testigo a un juicio, fueron retenidos durante quince minutos por los Mossos d'Esquadra, que durante ese tiempo también les quitaron la documentación para realizar las "comprobaciones oportunas".**


Como puede verse, los contenciosos entre gobierno, gobiernos autonómicos, policías y jueces, en todos los niveles e instancias, están abiertos y van añadiendo gotas de agua al vaso.
No es solo una cuestión de los mossos d'Esquadra, aunque tengan gran protagonismo en esto. El revuelo llega también a los cuerpos de la policía nacional. El escrito del SUP,  uno de los sindicatos policiales, hecho público el otro día, es de los más graves e irresponsables que se han visto en mucho tiempo. La acusación de que se buscan "muertos" para que no se salga a la calle a protestar es de una gravedad insólita en personas que tienen como trabajo mantener la calma y no echar gasolina al fuego. Derivar esa consecuencia de la intensidad de los entrenamientos con escudos rotos o pelotazos en la espinillas, con fotos incluidas, es otra temeridad, ya que se traslada al ciudadano la sensación de que ejercer el derecho de protesta o manifestación puede acabar en una guerra real. La nota de EFE señalaba:

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado hoy que los "antidisturbios" reciben órdenes para que sean más contundentes y ha sugerido que el Gobierno está buscando "un muerto, ya sea policía o ciudadano", para distraer la atención y justificar mayor dureza hacia los que protestan por los recortes.
Así lo trasmite el SUP en una carta que mañana remitirá al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que hoy ha hecho pública a los medios de comunicación.***


Creo que esto excede ya lo razonable dentro de lo irracional que le sirve de base. La sensación de que estamos en un estado enfrentado por todas las esquinas, de irresponsabilidad absoluta en las instituciones, parece fruto de una especie de "calentamiento global" político que confunde el sentido común y la prudencia. La sensación de estar en manos de irresponsables llega cada vez con más intensidad. La demagogia campa por los comunicados y declaraciones convenciéndonos de que esto es una especie de taberna en la que cualquier, con dos copas retóricas de más, se sube encima de una mesa a improvisar una arenga.
No hace mucho el mismo SUP se ofrecía al "asesoramiento" de policías que tuvieran "problemas de conciencia" en los desahucios. Es una forma muy sutil de abrir nuevas brechas y crear conflictos, más de los que hay, y trasladarlos al interior de las instituciones. Hay mucho de conflicto sindical detrás de todo esto, de guerra entre sindicatos y de formas de canalizar las reivindicaciones laborales, que serán más o menos justas, como siempre. Pero deberán buscar otras fórmulas que nos siembren desorden ni desconcierto en la ciudadanía. Hemos vuelto a la politización de la policía, entre otras muchas instituciones, otro retroceso en un país en el que la política —eso decimos todos— funciona tan mal.

Estamos retrocediendo. Nos estamos "barbarizando". Y mucho. La crisis que vivimos requiere de personas sensatas e inteligentes, capaces de navegar con este barco maltrecho. Pero lo que estamos viendo es aventurismo en todos los rincones. Y arrastran con ellos a las instituciones, que quedan tocadas. 
Los jueces, policías, políticos de todos los niveles tienen que transmitirnos la sensación de que vivimos en un estado de derecho y civilizado y no en un espacio arbitrario, incompetente y demagógico, que es lo que hacen con frecuencia. Entre policías (y jueces) indultados y mafiosos chinos en libertad por fallos del "sistema", por mencionar solo un caso reciente, estamos empezando a ponernos todos un poco nerviosos.
Es importante que las las personas de las que depende el orden público sean tranquilas y transmitan tranquilidad. El orden no viene del miedo, sino de la confianza.


* "Los Mossos denuncian la filtración de datos personales en la red por parte de Anonymous" La Vanguardia 20/11/2012 http://www.lavanguardia.com/sucesos/20121120/54354678123/mossos-denuncian-filtracion-datos-personales-en-la-red-por-parte-anonymous.html
** "El SUP cree que el Gobierno busca "un muerto" y denuncia prácticas con agentes heridos" 20 minutos 28/11/2012 http://www.20minutos.es/noticia/1662043/0/sup-gobierno/interior-comunicado/entrenamiento-heridos/
*** "El SUP cree que el Gobierno busca "un muerto" para distraer la atención" Andalucía Información EFE 28/11/2012 http://andaluciainformacion.es/cordoba/264009/el-sup-cree-que-el-gobierno-busca-un-muerto-para-distraer-la-atencion-/







jueves, 26 de abril de 2012

Por la cara

Joaquín Mª Aguirre (UCM)
La violencia es condenable; el vandalismo es violencia, Cualquier persona sensata prefiere la paz a la violencia, la legalidad a la ilegalidad. Y además desea que las leyes sean justas y que los que  actúan en su nombre lo hagan correctamente.
De nuevo salta la polémica por las actividades puestas en marcha por la Consejería de Interior de la Generalitat catalana, es decir, por don Felipe Puig, alguien que se pone él solo en el punto de mira y al que parece gustar estar en boca de todos.
A la mayor parte de los ciudadanos nos gustaría que aquellas personas que vulneraron la ley y el derecho de manifestación pacífica agrediendo a personas y destrozando los bienes de los demás paguen por ello como deben, pero a la mayoría de las personas nos gustaría también que la ley siga su curso porque es la garantía que todos tenemos. La Ley, como las carreras ciclistas, sigue sus etapas en un orden que no debe ser alterado.


Los Mossos, después de la campaña con el tema de las pérdidas de ojos por causa de las pelotas de goma (que en la Consejería de Interior del gobierno vasco ha retirado con buen criterio tras la muerte de una persona hace unos días), se enzarzan ahora en una acción que, según denuncian ya algunas agrupaciones de jueces y otras asociaciones legales, hace equilibrios sin pértiga en lo alto del alambre de la constitucionalidad.

A imitación de lo que hizo la policía británica cuando los disturbios del pasado verano en los barrios de Londres, aquí —imitadores de Scotland Yard, pero no de la BBC— la policía autonómica ha abierto una  web con una galería fotográfica con los presuntos participantes para pedir la colaboración ciudadana, es decir, la identificación de aquellas personas a las que ellos consideran responsables de los disturbios.
Los británicos inundaron las pantallas callejeras de la ciudad con imágenes extraídas de los vídeos logrados por distintas fuentes. Todos recordamos días después las distintas secuencias en las que se recogían los asaltos a las casas de los “identificados” y denunciados. Grupos armados asaltando domicilios para sacar a rastras a adolescentes de sus sofás y camas. Un alarde de fuerza, como diría el señor Puig, disuasorio.
Como los periódicos de Barcelona ya avisan de que don Felipe Puig se está preparando para lo que algunos ya llaman “la batalla de Barcelona” para mayo, el Consejero ha debido dar el visto bueno a este proyecto mediático que el diario El País llamaba “una web para delatar”*. Dicen los responsables que la página está pensada para tener un efecto disuasorio, algo que no se entiende muy bien con la ley en la mano, porque es sencilla y llanamente, condenar a las personas saltándose tres o cuatro etapas de la vuelta ciclista de la legalidad, por seguir con el símil.

El alcalde de Londres y las fotos de los sospechosos
Los jueces y fiscales han sido ignorados. Poner las fotos de las personas y señalarles con el dedo es claramente vulnerar los derechos de las personas y la Generalitat se arriesga una vez más al desprestigio institucional y, algo peor para Barcelona, a otra nueva campaña sobre el peculiar sentido del orden que allí se trata de imponer. Hay mecanismos mucho más sutiles y eficaces que la provocación permanente que la Consejería hace. Es el ejemplo perfecto del bombero pirómano. Cuando ocurren los incidentes, el señor consejero siempre mueve la cabeza diciendo “ya lo decía yo”. Alguien tendría que explicarle la teoría de los actos de habla o lo que es una profecía autocumplida.

Hay muchas formas de enfrentar los problemas de orden público, pero de todas la peor es, sin duda, el reto, el desafío permanente a los más violentos, que suelen aceptarlo. La mejor política de seguridad es la que produce el mínimo de disturbios y vulnera el mínimo de derechos. Parece obvio, pero no siempre es así. No se pueden publicar fotos de personas, acusarlas públicamente —por muy evidente que sea— sin que haya un juez por medio. La labor de la policía es presentar sus pruebas ante la instancia correspondiente para que se realice el procesamiento como es debido, con plenos derechos. Todos los tienen. Después, que les caiga la pena que la justicia estime pertinente, la fuerza de la ley. Ellos habrán actuado mal, pero la justicia y la policía habrán actuado como manda la ley para garantía de todos.
El diario El País recoge algunas opiniones de fuentes jurídicas en este sentido:

La página, sin embargo, despierta recelos en distintos ámbitos, empezando por el Colegio de Abogados de Barcelona. "Tenemos serias dudas de su legalidad. La exposición de las fotografías debería ser autorizada de forma expresa, mediante una resolución motivada del juez", sostiene el portavoz del colegio, Jordi de Tienda. "Los hechos son graves, los ciudadanos tienen que colaborar con la justicia, pero no todo es válido", añade.
A la crítica se ha sumado la asociación Jueces por la Democracia, que cuestiona que se difundan imágenes de personas que no están imputadas. "La web roza la inconstitucionalidad de forma clarísima", ha señalado el portavoz de la entidad, Xavier González de Rivera, en declaraciones a Efe. También subraya el peligro de que la web incluya imágenes de menores y critica la "apreciación subjetiva" de la que se han valido los Mossos para establecer la edad de las personas a las que acusan.*

El orden público no es solo la tranquilidad de las calles. Es un concepto de “orden” mucho más complejo que lo que algunos responsables quieren entender. Implica no solo que uno camina en paz por la calle, sino que además lleva encima todos sus derechos. Implica también, por supuesto, que los responsables del orden velen por ellos. Cualquier estrategia que no arregla nada, agranda los problemas y crea otros nuevos, debería considerarse poco eficaz.

* "Puig lanza una web para delatar" El País 24/04/2012 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/24/catalunya/1335287580_335515.html

** "Interior no informó a la fiscal superior sobre la web para delatar a violentos". El País 25/04/2012 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/25/catalunya/1335364651_568458.html