Políticos de vacas gordas: la España feudal

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

La polémica sobre incluir el techo de endeudamiento en la Constitución tiene varios niveles de discusión. Están los que están a favor y los que están en contra. Estos últimos pueden estarlo por diversas razones. Los que están a favor, a su vez, discutirán la cantidad que hay que fijar, si mayor o menor.

Que los economistas discutan es normal y hasta deseable, si se me apura. Pero todas estas discusiones son distintas a la que me parece más importante: la cuestión del dónde. Fijar una cuestión de este tipo en la Constitución puede no ser lo más aconsejable, no para la Economía, sino para la propia Constitución.

Por definición, las Constituciones se hacen con el deseo de que se modifiquen lo menos posible. Ahora que está tan de moda, las Constituciones se hacen para dar “confianza” y “estabilidad” política. Introducir un elemento que no es que sea discutible, sino que debe ser discutido con todo detalle es mezclar lo que no se debe. Por hacer un símil, es convertir en “dogma” lo que puede acabar en “cisma”. Al final acabamos teniendo un cisma traumático o el descreimiento general, el incumplimiento constitucional.

Introducir en la Constitución algo que debe ser discutido, porque todo lo económico, especialmente, debe ser discutido me parece un error histórico grave, uno más de una historia de meteduras de pata llegadas sin venir a cuento. Los mercados nos pueden “pedir” que tomemos medidas, pero no que reformemos nuestra Constitución. En primer lugar porque a los mercados les importa un bledo nuestra Constitución, y en segundo porque es absurdo prescribir un remedio para la salud o la enfermedad futura.

Las medidas económicas deben ser siempre más coyunturales que dogmáticas. Introducirlas en la Constitución es fijar un tipo de medida que puede no ser necesaria en algún momento o en muchos.

Pero hay otro aspecto, más psicológico, más político, que me parece que constituye un peligro mayor: la medida demuestra que los partidos centrales han perdido el control sobre los feudos autonómicos. Si las medidas que se consideran buenas fueran aceptadas por los niveles autonómicos y municipales, no sería necesario tratar de introducirlo en la Constitución española. Lo que esta medida demuestra realmente es la incapacidad de proponer y gestionar un modelo común entre las distintas administraciones públicas. Lo que confirma realmente es que el presupuesto ha sido una medida local y clientelar en los diferentes niveles, y que nuestros políticos son incapaces de proponer (no ya imponer) austeridad en ningún nivel. No saben trabajar de otra manera, sencillamente. Son políticos de vacas gordas.

De hecho, la recepción que ha tenido cada propuesta de austeridad económica nacional ha sido una frustrante respuesta por parte de ayuntamientos y autonomías. Cada vez que se ha propuesto limitar el gasto, todas las administraciones han solicitado seguir endeudándose. Nuestro problema no es constitucional: es de desmadre colectivo, de insolidaridad y de mala educación política de nuestros gobernantes en todos los niveles. Esto ocurrió cuando el presidente Zapatero anunció que permitiría a Cataluña lo que se había dicho que no se podría hacer con la deuda. La respuesta fue calificada como "rebelión autonómica", la sublevación de los demás. Una vez más, es una debilidad lo que se trata de esconder a golpe de grandes efectos.

Nuestros políticos, como nuestros presidentes de clubes de fútbol, solo saben mantenerse a golpe de talonario, por usar la expresión local. Como los futboleros, viven del “fichaje estrella”, puedan o no puedan permitírselo. Y llega la huelga cuando no se puede pagar.

Nuestro problema no es constitucional. Y llevar los problemas de ineficacia a la Constitución es aparcar en zona prohibida. No es buen negocio. La constitución está para unir y no para discutir. Allí se debe llevar lo que es común acuerdo y no lo que debe ser discutido en cada legislatura para sus ajustes finos o gruesos.

Valoraciones de las agencias de rating de la deuda autonómica española en 2010

En tiempos de crisis, los políticos se atrincheran en sus feudos y tratan de que el desprestigio que ha llegado desde arriba no les llegue a ellos en descenso. Infantil ilusión. Piensan que si los de arriba proponen austeridad, ellos pueden seguir haciendo clientelismo local a través de los presupuestos tal como lo han hecho durante décadas con las Cajas de Ahorro. Es una herramienta que han hundido gracias al clientelismo y amiguismo que ha caracterizado el riesgo asumido de forma irresponsable con los préstamos en la construcción, por ejemplo y sin ir más lejos.

Trasladar la cuestión del déficit público, del endeudamiento, a la Constitución no es un síntoma de fuerza, sino un síntoma de debilidad que, además, debilitará la Constitución. La debilitará conceptualmente al introducir un elemento extraño y la debilitará socialmente porque le creará enemigos. Y no es esa su función.

Y a los mercados les mantendrá ocupados tres minutos. El problema de la deuda no es tenerla, sino no tener con qué pagarla. Eso se arregla creciendo y produciendo, algo más difícil que reformar la Constitución.