Joaquín Mª Aguirre (UCM)
No acabo de entender muy bien dos cosas: el sentido del informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia y el hecho de que El País lo difunda de la manera en que lo hace*. No sé si son efectos del verano o del sobrecalentamiento mental de alguien o de la maldad específica de alguno.
En primer lugar, la presentación del diario como “Informes secretos del CNI y de Interior y Justicia” tiene algo de despropósito estival, de Wikileaks de andar por casa para llamar la atención. Algo con este encabezamiento, forzosamente tiene que revelar algo muy importante. ¿Qué se revela con tanto bombo bajo el titular escandaloso “Rabat intenta controlar a los hijos de sus emigrantes en 100 colegios públicos”?
Lo que viene a decir el escrito periodístico citando las fuentes del informe del CNI es que existe una gigantesca conspiración en suelo español por la que el gobierno de Rabat controla (o intenta controlar) a los cerca de un millón de emigrantes marroquíes a través de las clases de religión que se da a sus hijos en cien colegios nacionales:
Rabat “tiene como objetivos prioritarios el control de su colonia [unas 760.000 personas, a las que hay que añadir otras 70.000 que adquirieron la nacionalidad] para detectar movimientos opositores al régimen y evitar la aparición de corrientes islamistas ajenas a la dominante” en Marruecos, señalan en otro informe confidencial elaborado conjuntamente en 2009.
Los musulmanes y las comunidades musulmanas de España, Interior y Justicia se muestran, por su parte, muy críticos con las clases de lengua y cultura marroquí que, costeadas por la Fundación Hassan II, se imparten en más de un centenar de centros escolares públicos con fuerte proporción de alumnado inmigrante.
Lo más interesante es que estas clases están financiadas por la Fundación señalada ante la inhibición de la administración española que prefiere pasar del asunto y no gastar dinero en profesorado especial, según se dice en el mismo reportaje.
Pero esas clases llevan aparejada “la enseñanza religiosa musulmana”. Para Interior y Justicia, ese añadido es “difícil de aceptar desde el punto de vista de la configuración de la enseñanza de la religión en nuestro sistema educativo”.
Si Marruecos imparte subrepticiamente clases de islam es en parte debido a que ninguna de las comunidades autónomas que tienen la educación religiosa transferida cumplen con su deber, según el informe ministerial.
Resulta ridículo que esta gran conspiración para hacerse con el control de las mentes infantiles se dé gracias a la habitual desidia autonómica sobre quién debe correr con los gastos. España tiene acuerdos firmados desde 1992 y posteriormente desde 2005 sobre los compromisos para la enseñanza de otras religiones en el sistema escolar.
Esas clases obstaculizan, según el informe, la integración de los chavales inmigrantes en la sociedad española. “Es una herramienta para enseñar a los hijos de sus emigrantes a ser marroquíes” y no españoles, recalca.
“El carácter periférico de las clases (fuera del horario lectivo y con un alumnado compuesto solo por hijos de inmigrantes marroquíes), un profesorado exclusivamente marroquí y la utilización de materiales y pedagogías habituales en Marruecos, pero muy diferentes a las utilizadas en España, son elementos que contribuyen a que estos jóvenes interioricen profundamente la diferencia” con los españoles, constatan ambos ministerios.
¿Nos extrañamos que tengan que financiarse y, ya que lo hacen, elijan los textos más acordes con lo que les interesa? ¿Deberían los marroquíes financiar unos textos en los que en los que se enseñara a los niños marroquíes a ser españoles? Las instituciones que lo financian están seleccionando el material que les parece más adecuado. Si no nos gusta, lo mejor es que lo vayamos pagando, elaborando o normalizando para saber qué es correcto y qué no lo es enseñar en una escuela española respecto a las clases de religión musulmana.
Según se señala en el artículo, allí donde hay diez alumnos se debe aportar un profesor de la religión pertinente. Nos dice el diario, que no se hace y que solo se dan estos profesores en aquellos lugares en donde no hay transferencia. Esos profesores estatales están totalmente saturados, se apunta. La causa es cada vez más clara: la falta de voluntad y dinero, por el orden que quieran.
Uno se queda perplejo ante lo que lee:
[…] esas clases llevan aparejada “la enseñanza religiosa musulmana”. Para Interior y Justicia, ese añadido es “difícil de aceptar desde el punto de vista de la configuración de la enseñanza de la religión en nuestro sistema educativo”.
¿Por qué es lo que tienen que “aceptar”? ¡Pues claro que las clases de religión musulmana son para que sean musulmanes! ¡Es que lo son! No son las clases lo malo sino lo que se pueda dar en ellas, algo en lo que no entra el reportaje o el informe del CNI. Tan solo se alude a las diferencias entre el islam marroquí y el resto, comentando además su carácter moderado frente a otras creencias. Se habla de un “control” hipotético —algo más parecido al pueblo de los niños del “El pueblo de los malditos—” sobre esas cien escuelas españolas. ¿Saben cuántas escuelas hay en España, a cuántas asisten niños marroquíes, cuántos niños marroquíes asisten a otras clases, etc.?
La idea subyacente de una integración más parecida a la desintegración es cuestionable y es la que está tras el informe y sus reflexiones, más parecidas a las planteadas por Angela Merkel en su polémica con el premier Erdogan sobre la enseñanza en Alemania del turco como lengua materna. Sólo se acepta al que se decide a desprenderse de todo lo que le hace distinto. Y eso es un gran error como planteamiento general, porque en ese todo hay también mucha riqueza. Políticamente, además, no es nada sutil. Y es arriesgado.
Si se están utilizando las clases para otra cosa más allá de la formación religiosa o esa formación religiosa se utiliza como fuente de odio, lo que debe hacer el estado español es financiar las clases adecuadas y poner en la frontera a todos aquellos que se dediquen a complicar la vida a sus propios ciudadanos o a sembrar la intransigencia. Porque la amenaza real, la del control de los inmigrantes, no es una conspiración contra España o la cristiandad, sino, en todo caso, contra los exiliados o emigrantes díscolos con el régimen. Lo único que se saca en claro del artículo es la dejadez del gobierno español y su laberinto autonómico de competencias en el que las peleas sobre quién debe pagar las clases especiales es lo que está en el fondo de la “conspiración”. Una vez más, más de lo mismo.
* “Rabat intenta controlar a los hijos de sus emigrantes en 100 colegios públicos”. El País 2/08/ http://politica.elpais.com/politica/2011/08/01/actualidad/1312226437_150092.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.