Las apariencias son importantes

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Cuanto menos conflictiva sea la justicia, es decir, cuanto mayor consenso exista sobre las personas, funcionamiento, instituciones, etc., mejor para todos. Es garantía de estabilidad. Las instituciones deben apoyarse por todos y máxime si se trata de la Justicia que debe actuar de árbitro en muchas ocasiones.

Por ello la estrategia de Pedro Sánchez con el nombramiento de una ex ministra para la Fiscalía General del Estado. Es importante el último término por que no se trata de la "Fiscalía General del Gobierno", sino del Estado. De nuevo, se comete el error de introducir más conflictos con la intención teórica de evitarlos. Pero Sánchez tiene dos pies izquierdos. El "¡pues ya está!" famoso es uno de los mayores errores conceptuales y estratégicos. Por ello, Sánchez ha recibido ya ataques antes del primer Consejo de Ministros.

Se puede aceptar que los ministros y demás nombramientos sean partidistas, pero convertir la Fiscalía en una sucursal es un error imperdonable. Lo es, además, en otro sentido. Sánchez está tomando decisiones necesitas de gran consenso con el gobierno más débil de nuestra historia democrática (me refiero en números parlamentarios), con los peores apoyos y en el momento probablemente más crítico, con los mayores desafíos.

Pueden gustarnos más o menos las personas que ha nombrado para los ministerios, pero tiene el legítimo derecho a nombrar su equipo. Esto forma parte de sus funciones y derechos. Pero por más que sea el gobierno que "nombre" al Fiscal General del Estado, no es ni puede parecer un títere del gobierno. Mucho menos cuando queda claramente señalado que se trata de mantener a la Justicia alejada de los procesos independentistas, los planteados ya y los que seguirán en cadena si se cede en el primero.

Ver la Justicia como un "problema" es de una miopía enorme, pues ha sido la Justicia la que ha evitado que sean precisamente los partidos los que asuman sus negociaciones (como ha ocurrido y seguirá ocurriendo) como intercambios y cesiones. Sánchez no va a poder evitarlo, al contrario: va a forzar la sobre judicialización de la vida política española, pues cada situación en la que se considere que Delgado está actuando al dictado de Sánchez, será controvertida. Y, peor todavía, se tendrá la sospecha de que se esté usando a la Fiscalía General del Estado como un factor de negociación ahora que se dice que se desjudicializa. La cuestión se agudiza cuando la persona nombrada ha sido además reprobada por tres veces en la legislatura anterior.

El problema, una vez más, es que Pedro Sánchez cree que con haber conseguido apoyos para una investidura bajo mínimos, quiere afrontar retos para los que hace falta mucho consenso y fuerza. Está, por el contrario, lanzándose a acciones cuyos avales le pueden salir muy caros.

Parece que tras estos años de política a cara de perro, nadie va a bajar el tono de las disputas, que no se reducen, sino que se amplían. Podemos ir a buscar las cusas remotas o no hacerlo. Pero no podemos ignorar el cansancio, el desgaste y el hastío que la vida política —por llamarla algo— está causando en muchos ciudadanos. Ahora le toca a la Justicia, al menos, en parte someterse a un proceso de desgaste desde el recelo que el nombramiento ha causado.

El nombramiento de la nueva Fiscal General del Estado ha eclipsado todo lo demás. Motivos hay porque será el eje de la política próxima. Nadie —absolutamente nadie— tiene la más mínima duda de que el nombramiento es absolutamente claro en su finalidad. Eso es malo porque se necesita poder confiar en algo. Y cada vez se puede hacer en menos.

Lejos de rectificarse, la política sigue ahondando en la discordia y en la controversia ciudadana e institucional. Sánchez no aprendió la lección sobre lo fácil que es derribar un gobierno y lo difícil que es mantenerlo. Cuanto más dependa de unos, más cautivo estará de ellos; cuanto más partidista se vea a la Fiscalía General, menos se confiará en la Justicia, debilitando a la institución.

La Justicia no solo debe ser independiente, sino parecerlo para tranquilidad de los ciudadanos —de todos— y funcionamiento de las instituciones. No es lo que parece ni lo que nadie ha entendido.