El negocio de la desgracia

 Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Hay muchas formas de hacer "negocios", unas más limpias que otras. La "limpieza" mayor o menor también está en función del tipo de negocio y de aquello con lo que se juegue.

No hace mucho comentamos aquí la vergüenza de la empresa dedicada a acoger mujeres maltratadas a las que se maltrataba, se insultaba, a las que se amenazaba con quitarle los hijos etc. Es difícil entender estos casos en lo que las acciones en principio protectoras se convierten en agresiones y se acaba perjudicando a quienes se debía proteger.

Las causas son varias, como la falta de atención de la administración, que se desentiende del control, la perdida de compromiso de una burocracia apática con los valores sociales que el estado y las instituciones públicas deben mantener, la falta de un personal formado y comprometido que atienda y cumpla con su función. Lo que tienen en común estos casos es que reflejan que no están ante un problema social, algo que afecta duramente a las personas, sino ante un "negocio", que se trata de cobrar primero y atender de cualquier manera después. No hay voluntad de mejora social, sino el acceso a unas subvenciones que se administran priorizando el beneficio económico. Poco más.

En el diario El Mundo vemos hoy otro nuevo y grave caso, esta vez con menores. El artículo lo firma Luigi Benedicto Borges y lleva por titular "El cierre de dos centros de menores de Gran Canaria destapa una cruel trama abusos y contratos millonarios". En el texto se nos explica el caso: 

Malos tratos, acoso, tortura y racismo. El cierre, el pasado jueves, del centro de menores José García I de Arinaga (Gran Canaria), gestionado por Quórum Social 77 y encargado de acoger a 148 niños que llegaron a la isla en pateras y cayucos, ha sacado a la luz situaciones de pesadilla dentro de una ONG que atiende a cerca de 2.000 menores migrantes en toda Canarias, labor por la cual ha recibido más de 150 millones de euros desde 2023 en subvenciones públicas por parte del Gobierno de Canarias.

El cierre se produce por orden de Tomás Martín, juez titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria (Instrucción 3), el único en España especializado en esta materia. El caso, denominado Operación Cábila, se encuentra bajo secreto de sumario, pero ya el pasado mes de mayo el juez ordenó la clausura de otro centro, La Fortaleza I de Santa Brígida, conocido como Bandama y gestionado también por Quórum Social 77. La investigación arrancó cuando la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias llevó a la Fiscalía las quejas de varios residentes del La Fortaleza I. Relataban que recibían «castigos físicos», eran internados en «cuartos de aislamiento» y sufrían «insultos racistas y amenazas» por parte de algunos trabajadores. Uno de los denunciantes llegó a grabar un vídeo en el que un empleado insulta a un menor llamándolo «negro de mierda».*

Independientemente de lo que resulte la de la investigación de los casos abiertos, deberíamos empezar a preocuparnos seriamente por lo que está ocurriendo con algunas ONG, un término que nos hemos acostumbrado a considerar de forma positiva. Presuponíamos que eran personas con un ánimo específico las que estaban detrás, muchas veces equiparándolo con los "voluntarios", personas comprometidas con alguna causa. Eso hace que no acabemos de entender el cambio. Muchas de estas ONG han degenerado en empresas en busca de lucro que tratan de hacerse con el dinero que desde las instituciones públicas les llega en forma de subvenciones.

No debemos perder de vista la situación de descubrimiento continuo de tramas de corrupción en otros ámbitos. Que algunas ONGs estén recibiendo subvenciones y estén incumpliendo sus funciones o, peor, que hayan pasado a formar parte de problema, maltratando a los maltratados o castigando a los menores que debían proteger, es algo que debería hacernos extremar la vigilancia.

Por lo que se nos dice en el artículo, la misma ONG ha visto cerradas dos de sus instalaciones. Eso ya debería hacernos mirar debajo de la alfombra a ver qué encontramos, cuáles son las características que rigen su funcionamiento, su control de personal, forma de selección, empleo de los fondos, etc.

Si la función es la protección de la infancia, está claro que no lo cumplen. Los "insultos racistas", los "encierros", los "castigos físicos", etc. son acusaciones graves, algo que el juez ha encontrado al atender las denuncias.

Quizá ha llegado el momento en que estas instituciones se fijen unos objetivos más claros, formen personas con cierta vocación de servicio y sensibilidad ante ciertos problemas que la requieren. Si esto no se sanciona, quien financia se convertirá en cómplice.

Mujeres e infancia, junto con los mayores en residencias, son las principales víctimas de una sociedad cada vez más cruel con los indefensos y necesitados. En los tres sectores nos encontramos con problemas parecidos: violencia, maltrato, vejaciones.  Como sociedad deberíamos ya preguntarnos por esto, por sus causas, por lo que dicen de nosotros, por lo que consentimos, de lo que presumimos y de la realidad tras las palabras y presupuestos.

Los tres sectores principalmente afectados —mujeres, niños., personas mayores— se han convertido en partes de un nuevo tipo de negocio sucio, el de la desgracia. Algunos ven a los afectados como una "oportunidad" de negocio —la ONG en cuestión ha recibido 150 millones de euros desde 2023—, de un beneficio económico sin pudor. Así, las que ya son víctimas sociales pasan a serlo doblemente.

Maltratos, abusos, violencia... No es lo que se espera de centros creados para lo contrario.

* Luigi Benedicto Borges "El cierre de dos centros de menores de Gran Canaria destapa una cruel trama abusos y contratos millonarios" El Mundo 29/07/2025 https://www.elmundo.es/cronica/2025/07/29/6887c34afdddff4a3b8b458e.html