Los CV falsificados y las universidades

 Joaquín Mª Aguirre (UCM)

En estos días, las universidades han estado en el candelero de dos formas muy diferentes. La primera ha sido por las declaraciones e intenciones señaladas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el crecimiento de las universidades privadas señalando la proliferación de "chiringuitos", es decir, que muchas (no especificó cuántas) de las que se han creado últimamente no tienen los niveles de calidad suficientes y por ello sus títulos representan poco. En esta polémica por la relación entre el número y la calidad podemos situar otra polémica en estos días, la que afecta al aumento de Facultades de Medicina ante la "falta de médicos", polémica en este caso con las asociaciones profesionales, en contra de que aumenten las facultades y a favor de que mejoren las condiciones de los profesionales y se creen plazas allí donde no las hay. No se soluciona el problema de la atención médica con nuevas facultades, sino que se agrava por la expedición masiva de títulos, la menor calidad en la formación y la acumulación de aspirantes.

Se podrían añadir algunos otros, como las relaciones "raras" de las universidades con el mundo de la política, tanto por las sospechas sobre los vínculos como por los tratamientos presupuestarios de las públicas con el poder o de las privadas con los partidos. La supresión de un curso sobre "anti fascismo" para la formación del profesorado es un reciente caso de este tipo de intervenciones, a los que se podrían sumar, de otro orden, los conflictos presupuestarios de las universidades madrileñas con la Comunidad, en guerra abierta con el gobierno de Díaz Ayuso.

El País 18/07/2025

Pero la segunda forma de conflicto hace de las universidades instrumento político, sin comerlo ni beberlo, a través del caso de la falsificación de los currícula de los políticos mediante la atribución de estudios de los que carecen.

En el pasado ha habido casos en los que se implicaba a la propia universidad en la falsificación de los títulos obtenidos, pero este último caso que ha devuelto el tema a la palestra está suscitando reacciones poco centradas en lo que es la "formación" de los "políticos", Y entrecomillo ambos términos porque en ellos caben muchos tipos de casos y las exigencias en ellos son muy diferentes.

No hay exigencia política de determinados estudios. No hay, no. Es básico en una democracia que cualquiera pueda ser elegido independientemente de sus estudios realizados.  Cualquier limitación en este sentido supondría un límite democrático.

En RTVE.es desarrollan esta cuestión educativa en la política:

El caso de Noelia Núñez ha puesto de nuevo el foco sobre el historial académico de los políticos. La diputada del Partido Popular dimitió este miércoles de todos sus cargos tras admitir que no finalizó el Grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas que aparecía en su perfil en la página web del Congreso. En VerificaRTVE analizamos algunos casos e investigamos qué documentación tienen que aportar los cargos públicos o políticos sobre su currículum. Generalmente, no se les exige una titulación determinada, aunque sí están obligados a que la información que comunican sea veraz.*

El problema no es que haya falsificado sus títulos con la intención de acceder a su puesto de diputada. El problema real es que ha mentido en un documento que ha presentado y realizado otro documento "jurando" que era cierto lo que decía en su currículum.

Por ejemplo, sí podrán demandarla las universidades por las que dice estar titulada, pero eso no afecta a lo esencial: ha sido elegida democráticamente. Esto también se podría criticar si lo ha usado para conseguir sus votos. Pero ante estas cuestiones solo le queda hacer lo que ha hecho: dimitir y que en su partido le den la vuelta y se presente como un gran logro ético, que es como decir que hay que felicitar a un pirómano por arrepentirse tras iniciar el fuego.

La política no es la administración, donde sí se exigen unas acreditaciones para acceder a determinados puestos. Para eso están las oposiciones en las que sí se exige acreditar y demostrar los conocimientos necesarios para acceder al puesto.

Pero todo esto nos lleva a un problema que, curiosamente, no sale a la luz más que en ocasiones y que es donde reside el problema: las listas cerradas de los partidos.

España fue definida como una "partitocracia", un término acuñado hace muchos años, para referirse a que el poder auténtico no reside tanto en el pueblo ("demo") como en los partidos políticos ("partito"), que son los primeros filtradores.

Son los partidos los que eligen a los que aparecen en las listas en una posición determinada, lo que establece sus opciones de salir elegidos para el Congreso u otras instituciones con la misma fórmula cerrada. Estar más arriba o más abajo en las listas es determinante de las posibilidades.

Los partidos políticos son los que deberían filtrar y verificar los datos que los miembros de su organización dicen poseer. Sin embargo, los méritos que se piden no son los estudios y profesionales, sino la obediencia al líder y a la casta que se ha hecho con el partido. Con esto se fomentan determinados valores, entre ellos la sumisión, por la que se obtiene un premio, la aparición en las listas electorales en una buena posición tras las estrellas, los líderes.

Esto fomenta o impide solucionar ciertos tipos de problemas o conflictos. Cuando salen del partido necesitan vender una imagen de eficacia y muchos, dada su nula experiencia profesional, pues llevan haciendo "carrera política" desde muy jóvenes, se la tienen que inventar para asemejarse al resto de los mortales, los que les votarán. Pero lo único que han hecho ha sido crecer en el partido, ir subiendo a base no de genio sino de sumisión.

No, no se exige titulación, pero —como les han afeado— sí se pide cierto respeto a la verdad y especialmente a los que te votan y representas.

¿Por qué siguen apareciendo casos de falsificaciones de los títulos universitarios básicamente? Sin experiencia (son jóvenes) y sin estudios (no tienen tiempo), estos políticos van dejando pasar los años ante la seguridad de que sus propios compañeros no van a tirar de la manta, lo que se demuestra en la "incapacidad" de verificar los datos que sus candidatos les aportan para que consten en sus páginas oficiales o en las de las instituciones a las que llegan.

En esto, las llamadas "renovaciones" de edad de la política española supusieron la busca de caras jóvenes, gente que ya había crecido en democracia frente a otros modelos más llegados a la política desde años de lucha o de experiencia profesional probada. Profesores, filósofos, abogados, economistas, etc. fueron depurados, borrados en favor de personas que se hacían con el poder, obtenían títulos y decían, en el mejor de los casos, que no se les había exigido ir a clase.

En el fondo prefieren no saber, prefieren mostrarse como "engañados", como "víctimas" que dejar en evidencia y denunciar la falsificación curricular. En España, ante la crisis del empleo y su baja calidad, para las nuevas generaciones falsificar el currículum se considera apenas un fraude, casi es una obligación. En la política no habría que hacerlo porque no se exige, pero está la cuestión de la "imagen", la de presentarse ante un auditorio o ante un parlamento con apenas unas pocas asignaturas aprobadas o ninguna.

Son los partidos, que son quienes presentan a sus candidatos en las listas para ser elegidos, los que deberían garantiza la verdad curricular. Si no tiene estudios, que se diga. Políticamente no tienen porqué tener grados, licenciaturas, másteres o doctorados. A los funcionarios se les puede exigir para adquirir cierto nivel dentro de la administración y la falsificación se considera muy grave. No es así en la política y todos compiten en ingenio para dar cuerpo a lo que no lo tiene o aumentar lo que tienen (es gracioso el uso de la palabra "máster", que significa un "titulo propio" antes del Plan Bolonia frente al sentido de Posgrado posterior).

Ante esta perspectiva, volvamos al principio, la proliferación de "chiringuitos" académicos, puede suponer un peligro "político" si algunos sirven para expedir "relajadamente" las titulaciones que acabarán en el CV. No es una suposición sin base, ya ha ocurrido. Habrá que tener cuidado con que no estalle una "variante educativa" del llamado "caso Montoro".

Para las universidades —especialmente para las afectadas en diversos casos— esto ha supuesto un aumento de la burocracia, un constante papeleo para acumular certificaciones de que todo ha pasado por donde debe, que nadie se ha saltado paso alguno. El caso de la profesora sancionada por poner su firma en un documento de un tribunal que no se celebró asusta a los que se pueden ver solicitados para hacerlo en casos "especiales".

¿Es tan grave, tan descalificador que un diputado o diputada, que un alcalde o alcaldesa, etc. vaya a la Universidad de turno a concluir o ampliar sus estudios? ¿Qué hay de humillante en ello? No creo que a nadie le causara extrañeza el verlos sentados en un pupitre contestando las preguntas de un examen o levantando la mano para resolver una duda que tienen. ¿No sería este un mejor ejemplo que el de la falsificación, no de una, sino de varias titulaciones?

Convertir en heroína a la diputada que ha dimitido de sus cargos tras saberse la falsificación de sus estudios, es un despropósito, pero coherente con el desastre de la política española. Tendría algo de ejemplaridad si desde septiembre empezara a asistir a las clases de las asignaturas que decía tener aprobadas. 

* Javier Menasalvas y Mario Pérez "El currículum de los políticos: ¿qué les exigen para acceder a un cargo?" RTVE.es /VerificaRTVE 24/07/2025 https://www.rtve.es/noticias/20250724/cv-politicos-exigen-acceder-cargo-publico-partidos/16676572.shtml