Joaquín Mª Aguirre (UCM)
Lo que
va saliendo de los diversos casos de corrupción es algo más que preocupante. No
se trata de casos aislados sino de una forma de comportamiento que puede comenzar
hace décadas y que sale ahora a la luz dejando al descubierto a nombres
ilustres en la política y poderosos en las empresas.
Cuando
se nos describen las prácticas en lo que se ha dado en llamar "caso
Montoro" y los sectores de la política y de las empresas no se puede
calificar más que como un "comportamiento mafioso", una alianza de
intereses y poderes en la sombra.
Lo de
la sombra es relativo porque no se puede mantener algo así a oscuras si no es
por interés de ambas partes. La estrategia, parece ser, es no favorecer a uno
solo sino repartir la corrupción haciéndola extensiva a todo el que pudiera
pagarla. Muy democrático, sí.
Esta
forma de acción que se describe en todos los casos, de unos y otros, abiertos y
puestos sobre la mesa por las investigaciones,
dejan en evidencia algo más que unos delitos. Esto va más allá hasta
convertirse en un modus operandi, una forma de hacer ciertas cosas para lo que
es necesaria una triple conexión: la política, la empresarial y los mediadores
que son los que trabajan con ambos sectores.
Ayer
señalábamos nuestra preocupación por un mundo empresarial que se lanza de
cabeza a la corrupción en sus diversas modalidades, que no denuncia sino que se
abona al reparto de dinero a través de una serie de conseguidores que actúan
como intermediarios. Son gente identificados con la palabra clave en la corrupción,
"contactos". Tienen contactos en las administraciones y tienen
contactos en los partidos, lo que constituye sus objetivos: favores, trato exclusivo,
información privilegiada o, como acabamos de ver, leyes a la medida.
La
diferencia con lo que estábamos acostumbrados es que ya no se trata de pequeñas
empresas creadas para recibir dinero mediante ventas o concesiones. Ahora se
trata de grandes empresas en sectores clave, como el energético; ya no se trata
de "pelotazos" con venta de mascarillas, sino de la elaboración de
leyes que ignoran en beneficio de la ciudadanía y son escritas para beneficio
de empresas importantes de sectores clave.
Conforme
la corrupción se convierte en una "forma normal" de actuar para
conseguir un privilegio, un beneficio, el poder del estado decrece, la
democracia pasa a convertirse en una mentira piadosa, pues las personas que se
eligen lo hacen desde una falsedad: no actúan por el bien de los ciudadanos
sino en beneficio propio y de unos pocos.
Doy por
descontado que en los partidos e instituciones afectados hay gente con una
voluntad de servicio a la ciudadanía, personas que buscan la mejora del sistema,
de todos. Pero es una evidencia clamorosa que ahora mismo y durante tiempo esto
ha servido para tapar una corrupción que avanzaba ante el temor de muchos que
lo sabían a ser censurados, depurados, eliminados del sistema.
Es
imposible que casos como el "Koldo/Ábalos/Cerdán" o el de "Montoro
y compañía" se hayan producido en la mayor discreción. La contratación fraudulenta
de familiares y "novias", los "dedazos" a empresas de
amigos, las leyes al dictado, las comisiones, la creación de empresas fantasmas
para despistar el dinero, etc. no son hechos invisibles. Se hacen a la luz, con
cierta discreción, sí, pero con cierto conocimiento de dónde hay que ir y a
quién pero no sale nada al exterior...
hasta que estalla. Entonces los datos salen en volúmenes, los audios se
multiplican, los contactos se esclarecen. Donde solo había silencio, ahora hay
un estallido sinfónico que inunda los medios.
Lo que identifica a una democracia, a un estado de derecho, es precisamente la capacidad de poner sobre la mesa los problemas y vicios, su capacidad de denuncia. Aquí, lo más sorprendente, es que la denuncia apenas existe por parte de los que se han visto afectados. El estallido es a posteriori, cuando ha pasado tiempo, décadas en algunos casos. La denuncia global hace que se aproveche para sacar a la luz muchos casos que comienzan a investigarse. Es entonces cuando se nos revelan las conexiones, los tentáculos de la trama corrupta, la que nos lleva de grupos mafiosos a ministerios, autonomías y ayuntamientos, de estos a empresas y grupos de interés. Vemos la trama con la claridad de las líneas marcadas por las acusaciones. Así vemos desfilar por los juzgados —la verdadera "alfombra roja" a la española— a políticos y ex políticos, a altos directivos de empresas involucradas.
Es otro
"mapa de España", el del poder real. Vemos cómo los que dicen tener
el poder están al servicio (pagado) de otros que son los que piden, pagan y
obtienen. Las dos grandes tramas sacadas a la luz involucran a ambos partidos,
los que se reparte el poder nominal en España. Las múltiples divisiones permiten
trazar parcelas en las que se maneja el poder económico de compra y venta, de
regulación, de concesión, etc.
El uso
del BOE a la carta es un caso muy significativo de una forma de proceder, de la
venta de privilegios. Como decíamos ayer, esto es algo más que un caso de
corrupción; es una forma de actuar, de manejar el país, de que los más
poderosos lo sigan siendo... por un módico precio.
No es cuestión
de ideología; no nos dejemos arrastrar a ese planteamiento maniqueo que culpa a
unos y salva a otros. Aquí todos los corruptos tienen la misma ideología: la
del enriquecimiento personal y el desprecio social. La fachada que han utilizado
era solo una forma de encubrimiento de esa realidad.
Nos ha
extrañado el machismo despectivo de algunos en partidos que defienden a la
mujer. Es casi el ejemplo más claro de esa falsedad asumida para llegar al
poder ganando la confianza para ascender hasta los puestos desde los que
asegurar sus manejos.
Esto es
un problema sistémico, de degradación social de los valores, acrecentado por la
deriva de los partidos políticos hacia otros problemas, muchas veces más
mediáticos que realmente esenciales. Se ha dejado de mirar de frente a los
problemas y muchos de ellos acaban debajo de la alfombra. Grave, como ya
señalamos, que esto haya sido aceptado por una parte del empresariado.
Los
problemas del empleo y su precariedad, de la vivienda especulativa, de la falta
de recursos en la sanidad, de la educación, de la natalidad, etc. son ignorados
por unas élites políticas para las que todo va bien cuando están en el poder y
todo está mal si están en la oposición. Para ellos se trata todo de cambiar de
portavoces.
Con
estas posturas compartidas, la realidad queda aparcada. Parte de esa realidad
es la corrupción instaladas en sus dependencias o creada aprovechando esos
contactos, el acceso a la información, a los contratos, al empleo público.
Frente a esto, ambos partidos mantienen la misma estrategia defensiva de su imagen: echar la culpa al otro y rebajar lo propio. Es al ciudadano al que se debe defender de lo que ellos mismos han creado o dejado crecer. Con ello mantienen esta España de los privilegios y dejan indefensa a la ciudadanía que descubre poco a poco que no es la destinataria del mejor trato, sino que es, en la mayoría de los casos, la víctima.
Y no solo los partidos deben dar cuentas. Esas empresas que salen a la luz por la compra de favores deben recibir lo que merecen y ser dejados en evidencia sus directivos. Esperamos respuestas de las confederaciones empresariales a lo que está saliendo a la luz.
La democracia es otra cosa y empieza por el respeto, algo que no sentimos. No queremos que los políticos se embarquen en guerras de distracción a la que se nos pide sumarnos mientras la corrupción crece entre ellos. Son todos ellos los que deben ser claros y contundentes con lo que se encuentra en su jardín.
Es un hecho histórico que la corrupción llama a la corrupción, que se extiende y afianza si no se toman medidas contundentes. No las vemos.







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