Por la cara

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

La violencia es condenable; el vandalismo es violencia, Cualquier persona sensata prefiere la paz a la violencia, la legalidad a la ilegalidad. Y además desea que las leyes sean justas y que los que  actúan en su nombre lo hagan correctamente.

De nuevo salta la polémica por las actividades puestas en marcha por la Consejería de Interior de la Generalitat catalana, es decir, por don Felipe Puig, alguien que se pone él solo en el punto de mira y al que parece gustar estar en boca de todos.

A la mayor parte de los ciudadanos nos gustaría que aquellas personas que vulneraron la ley y el derecho de manifestación pacífica agrediendo a personas y destrozando los bienes de los demás paguen por ello como deben, pero a la mayoría de las personas nos gustaría también que la ley siga su curso porque es la garantía que todos tenemos. La Ley, como las carreras ciclistas, sigue sus etapas en un orden que no debe ser alterado.

Los Mossos, después de la campaña con el tema de las pérdidas de ojos por causa de las pelotas de goma (que en la Consejería de Interior del gobierno vasco ha retirado con buen criterio tras la muerte de una persona hace unos días), se enzarzan ahora en una acción que, según denuncian ya algunas agrupaciones de jueces y otras asociaciones legales, hace equilibrios sin pértiga en lo alto del alambre de la constitucionalidad.

A imitación de lo que hizo la policía británica cuando los disturbios del pasado verano en los barrios de Londres, aquí —imitadores de Scotland Yard, pero no de la BBC— la policía autonómica ha abierto una  web con una galería fotográfica con los presuntos participantes para pedir la colaboración ciudadana, es decir, la identificación de aquellas personas a las que ellos consideran responsables de los disturbios.

Los británicos inundaron las pantallas callejeras de la ciudad con imágenes extraídas de los vídeos logrados por distintas fuentes. Todos recordamos días después las distintas secuencias en las que se recogían los asaltos a las casas de los “identificados” y denunciados. Grupos armados asaltando domicilios para sacar a rastras a adolescentes de sus sofás y camas. Un alarde de fuerza, como diría el señor Puig, disuasorio.

Como los periódicos de Barcelona ya avisan de que don Felipe Puig se está preparando para lo que algunos ya llaman “la batalla de Barcelona” para mayo, el Consejero ha debido dar el visto bueno a este proyecto mediático que el diario El País llamaba “una web para delatar”*. Dicen los responsables que la página está pensada para tener un efecto disuasorio, algo que no se entiende muy bien con la ley en la mano, porque es sencilla y llanamente, condenar a las personas saltándose tres o cuatro etapas de la vuelta ciclista de la legalidad, por seguir con el símil.

El alcalde de Londres y las fotos de los sospechosos

Los jueces y fiscales han sido ignorados. Poner las fotos de las personas y señalarles con el dedo es claramente vulnerar los derechos de las personas y la Generalitat se arriesga una vez más al desprestigio institucional y, algo peor para Barcelona, a otra nueva campaña sobre el peculiar sentido del orden que allí se trata de imponer. Hay mecanismos mucho más sutiles y eficaces que la provocación permanente que la Consejería hace. Es el ejemplo perfecto del bombero pirómano. Cuando ocurren los incidentes, el señor consejero siempre mueve la cabeza diciendo “ya lo decía yo”. Alguien tendría que explicarle la teoría de los actos de habla o lo que es una profecía autocumplida.

Hay muchas formas de enfrentar los problemas de orden público, pero de todas la peor es, sin duda, el reto, el desafío permanente a los más violentos, que suelen aceptarlo. La mejor política de seguridad es la que produce el mínimo de disturbios y vulnera el mínimo de derechos. Parece obvio, pero no siempre es así. No se pueden publicar fotos de personas, acusarlas públicamente —por muy evidente que sea— sin que haya un juez por medio. La labor de la policía es presentar sus pruebas ante la instancia correspondiente para que se realice el procesamiento como es debido, con plenos derechos. Todos los tienen. Después, que les caiga la pena que la justicia estime pertinente, la fuerza de la ley. Ellos habrán actuado mal, pero la justicia y la policía habrán actuado como manda la ley para garantía de todos.

El diario El País recoge algunas opiniones de fuentes jurídicas en este sentido:

La página, sin embargo, despierta recelos en distintos ámbitos, empezando por el Colegio de Abogados de Barcelona. "Tenemos serias dudas de su legalidad. La exposición de las fotografías debería ser autorizada de forma expresa, mediante una resolución motivada del juez", sostiene el portavoz del colegio, Jordi de Tienda. "Los hechos son graves, los ciudadanos tienen que colaborar con la justicia, pero no todo es válido", añade.

A la crítica se ha sumado la asociación Jueces por la Democracia, que cuestiona que se difundan imágenes de personas que no están imputadas. "La web roza la inconstitucionalidad de forma clarísima", ha señalado el portavoz de la entidad, Xavier González de Rivera, en declaraciones a Efe. También subraya el peligro de que la web incluya imágenes de menores y critica la "apreciación subjetiva" de la que se han valido los Mossos para establecer la edad de las personas a las que acusan.*

El orden público no es solo la tranquilidad de las calles. Es un concepto de “orden” mucho más complejo que lo que algunos responsables quieren entender. Implica no solo que uno camina en paz por la calle, sino que además lleva encima todos sus derechos. Implica también, por supuesto, que los responsables del orden velen por ellos. Cualquier estrategia que no arregla nada, agranda los problemas y crea otros nuevos, debería considerarse poco eficaz.

* "Puig lanza una web para delatar" El País 24/04/2012 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/24/catalunya/1335287580_335515.html

** "Interior no informó a la fiscal superior sobre la web para delatar a violentos". El País 25/04/2012 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/25/catalunya/1335364651_568458.html