La jueza habla claro

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

El auto de procesamiento de la jueza Mercedes Alaya del ex Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, señor Antonio Fernández, no tiene desperdicio ni se calla nada que no estemos pensando el resto de los afectados, que somos todos los españoles en cuanto somos ciudadanos y contribuyentes. Según recoge el diario El Mundo, la magistrada señala en el auto la “dejación absoluta de las funciones que le correspondían, generando las lamentables consecuencias que se han producido de enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de la comunidad autónoma andaluza por el despilfarro continuado de fondos públicos”.* Solo se puede decir más alto.

Dejación y despilfarro son dos de los grandes pecados que un político —y quien le nombra— puede cometer, especialmente porque no son vicios ocultos, sino perfectamente visibles y detectables.  La dejación tiene efectos claros y, no hablemos ya, el despilfarro que, además de verse, suele repercutir sobre otras parcelas que se ven perjudicadas. No se trataba, pues, de no ver lo que tenía debajo de sus narices el Consejero, sino de lo que él mismo colocaba donde le parecía con la aquiescencia y hasta el asesoramiento —no fuera a hacerlo descuidadamente— de los que tenían que haberlo evitado asesorándole rectamente. Tiene su guasa, pero maldita la gracia, que el señor Fernández utilizara los servicios de asesoramiento para elaborar la bien tejida trama de los ERE fraudulentos.

Según la magistrada, "presuntamente" el ex consejero, además de "idear y elaborar" el convenio marco de 2001 que reguló las ayudas investigadas, fue quien "ordenó las directrices para la aplicación" del mismo, las cuales "impartió" en su propio despacho al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

"Estas directrices no se amparaban en normativa estatal ni de desarrollo reglamentario por parte de la Junta" sino que "eran criterios verbales que se manejaban en la Consejería y que sólo sabían las personas o cargos más cercanos a la Administración, de ahí que los beneficiarios tuvieran que tener estrecha relación con ellos", señala la juez.*

Lo que se está describiendo aquí no es solo un “delito”; es una pauta de comportamiento, un estado de cosas repetido. Como bien señala la magistrada Alaya, se trata de que las personas que han sido elegidas para gestionar de la mejor manera posible los bienes sociales, por el contrario, se dediquen a su despilfarro y al enriquecimiento indebido, suyo y de otros. Este señor no ha estado ahí diez días; ha estado ocho años como Consejero de la Junta. Todo un ejemplo.

Ya que nuestros políticos no tienen la capacidad de reaccionar ante este tipo de cosas, que prefieren que escampe con la creencia fundada en que los charcos se acaban secando, son los jueces los que están dejando en evidencia el clientelismo y la desvergüenza absolutamente indignante por su propia evidencia. Así, el hombre que se concedía indemnizaciones a sí mismo se convierte en figura emblemática de una modalidad política en la que los honrados solo pueden presumir de ceguera y sordera a la espera, como suelen decir, de que hablen los tribunales. Y están en ello.

La jueza lo ha señalado claramente:

Tras subrayar que "la política no puede ir contra la Ley y el Derecho, aunque sea avalada por los servicios técnicos y jurídicos de la Junta", la instructora dice que investigará "si en el asesoramiento que pudo recibir Fernández en toda su etapa como consejero por los servicios jurídicos" con relación al convenio marco "hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos".*

Es esta una línea esencial de investigación, pues este tipo de corrupción se basa en el reparto de responsabilidades a lo largo de la cadena para que unos papeles avalen a otros y al final todos están en su carpetita, que es de lo que se trata. Se llenan las asesorías de personas deseosas de decir que sí a lo que les piden aquellos que les contrataron y acaban elaborando informes ingeniosos que sirven de justificación para realizar las tropelías administrativas. Todo muy "legal" y asesorado, pero en contra del ciudadano. Por eso la línea de investigación de la jueza es importante para este país porque hay que extender las responsabilidades más allá e ir ascendiendo y descendiendo por las escalas de la responsabilidad, del asesoramiento y demás elaboradores de informes.

Le recrimina además la jueza Alaya al ex consejero que la “política” pueda ir en contra de “la Ley y el Derecho”. Es realmente lamentable que tengamos que leer esto en un  auto judicial contra un alto cargo de una institución del Estado. Sí, muy lamentable.

Lo seguimos diciendo: la política lleva mucho tiempo atrayendo sinvergüenzas e ineptos que son colocados en la maquinaria del estado y del que acaban sacando provecho propio y causando mal a todos. O los políticos son conscientes del nivel de descrédito al que elevan la política misma o habrá poco que hacer. Mientras unos y otros tapen sus escándalos con los del contrario, saldremos perdiendo todos.  La política es absolutamente indispensable en una sociedad democrática. La corrupción y los escándalos solo generan indiferencia, que es el estado social que le viene bien a los que creen en la constancia del fraude y el despilfarro junto a la alternancia del poder. Si la política (los políticos) no hace nada para evitar el “efecto llamada” del inepto o del listillo, del prevaricador o del corrupto, no deberían quejarse de que los ciudadanos les increpen o se pongan camisetas con bocatas alusivos.

* "La juez critica que Fernández permitió enriquecer 'a unos' y 'empobreció' las arcas públicas". El Mundo 24/04/2012 http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2012/04/24/andalucia/1335273555.html