La regulación de las entrevistas en las cárceles

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

La prensa española recoge hoy una sentencia del Tribunal Constitucional que afecta a la propia prensa, a los presos y también a los que están fuera, que somos el resto. Se trata de la regulación de las entrevistas a personas encarceladas. Es una cuestión sensible y por ello la clarificación constitucional es necesaria e importante para todos.

Si consideramos que la Prensa juega un papel importante en los sistemas democráticos y que estos son aquellos que tienen capacidad de autocrítica y revisión de sus propias situaciones para mejorarlas, la sentencia nos parecerá esencial.

Hay sociedades que prefieren mirar para otro lado e ignorar lo que ocurre en sus cárceles. Por eso es importante que los sistemas democráticos lo sean también en el aspecto crítico para hacer que sus cárceles cumplan su función y no se extralimiten. No se trata de ver a las cárceles como las "malas" de la película, sino de asegurarse que funcionan como deben, conforme a una sociedad democrática.

Esto se comprende muchos mejor cuando lo vemos —sin pasiones— en otros países en los que las cárceles son formas de castigo más allá de la reclusión. Cualquier parte del sistema que se considera excluido de dar cuentas de su funcionamiento acaba pervirtiéndose. La garantía de su funcionamiento es precisamente poder escuchar a los afectados.

En su noticia, el diario El País explica:

El Tribunal Constitucional ha instado al Ministerio del Interior a que permita y regule en las cárceles las entrevistas a presos, cuyo derecho a la libertad de expresión se ve coartado al prohibirles conversar con periodistas, una práctica habitual por parte de Instituciones Penitenciarias en los últimos años cuando se trata de reclusos preventivos o mediáticos, según denuncian las asociaciones de periodistas. El alto tribunal reconoce —en una sentencia notificada este martes y que sienta un precedente al no existir doctrina previa— el derecho de información de la prensa para dar voz a los internos y de la ciudadanía a conocer sus opiniones y críticas al sistema penitenciario. La negativa de Interior para conceder entrevistas a presos mediáticos contrasta con la postura de la Generalitat, que ha permitido recientemente a numerosos medios entrevistar a los políticos presos del procés.

El Constitucional ha resuelto un recurso de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que elevó una queja tras la negativa de la cárcel de Córdoba a que un preso común concediera una entrevista, una decisión ratificada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 8 de Andalucía y la Audiencia de Córdoba, cuyo criterio ha corregido ahora el alto tribunal. Instituciones Penitenciarias decide sobre cada petición de entrevista de la prensa que tramita, pero sin un protocolo establecido. “El silencio legal [por la falta de regulación para entrevistas] no puede entenderse como libertad para restringir a su antojo esos derechos, sino todo lo contrario, como una falta de habilitación para restringirlos”, reza la sentencia. Para el tribunal, para denegar una entrevista no basta con alegar que hay peligro “para la seguridad y el buen orden del centro”, sino que la negativa debe estar "motivada de manera suficiente y razonable".*

La sentencia del Constitucional insta a que se regule lo que antes quedaba a un arbitrio sin definir. Sin un protocolo, nada hay por lo que reclamar. La normalidad sería la posibilidad de la entrevista y la negativa debe estar motivada.

La tentación de someter a silencio es propia de las sociedades autoritarias. Es en ellas en donde se teme a la palabra. En cuanto a que son instituciones, no deben quedar al margen del resto, deben poder ser denunciados los abusos o las situaciones que ignoren cualquier tipo de derechos. De otra forma, se está aumentando sin juicio la pena de los condenados.

Aquí vemos muy a menudo situaciones en las que ocurren cosas muy negativas en las cárceles de algunos países. Hemos comentado desapariciones y torturas, vejaciones a personas, etc. que afortunadamente no son las que escuchamos aquí. Pero deberíamos poderlas escuchar si ocurrieran por el bien de nuestro sistema.

Hay muchos que piensan que los ciudadanos respetuosos de la ley deben tener todos los beneficios mientras que se desentienden de lo que pueda ocurrir en las cárceles con una especie de "ellos se lo han buscado". Eso no es bueno y es precisamente la base de las sociedades en sus derivas fascistas o autoritarias.

El papel de la prensa es una garantía para los ciudadanos, que deben interesarse por lo que ocurre y que, como todo lo público, es responsabilidad de todos.

En la noticia de RTVE, representantes de las asociaciones periodísticas por la Libertad de Prensa, señalan otros objetivos importantes para plantear  próximamente al Constitucional: las ruedas de prensa sin preguntas y los vetos a periodistas o medios en los actos públicos. Ambos forman parte de la tendencia a la exclusión y a fomentar el partidismo y la exclusión. Es cierto que son de un orden diferente al de los derechos de las personas y la situación en que se encuentran, como ocurre con los presos, pero es necesario que eso se clarifique por el bien de nuestra vida democrática.

En estos tiempos de noticias falsas y vetos, de creación de prensa sectaria, es importante preocuparse por las verdades tras el silencio, por más que estas puedan incomodarnos. Lo contrario es practicar la peligrosísima política del avestruz que ha estado tras muchos desastres del pasado. La mejor política es siempre la transparencia. Y si hay motivos justificados, dice el Constitucional, que queden claros.

* "El Constitucional reconoce el derecho de los presos a hablar con la prensa"  El País 5/02/2020 https://elpais.com/politica/2020/02/05/actualidad/1580903584_090829.htm