jueves, 28 de julio de 2022

España y la falta de previsión

 Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Cada día escuchamos lo mismo en distintas versiones: con los incendios nos dicen que no hay suficiente personal para cubrirlos, que no están contratados más que tres meses; nos dicen estos días que los hospitales están colapsados porque les falta personal y que llegado el verano la situación se recrudece e intensifica con enfermos en los pasillos y horas esperando para ingresar. Ayer nos daban otro caso más: se tarda un mes en tener un pasaporte porque no hay personal para atender las solicitudes.

Son tres ejemplos de un mismo problema, la falta de recursos humanos. En España, el único pecado mortal es contratar. La precariedad se ha vuelto la norma y los recursos de personal asignados son tan ajustados que no pueden enfrentarse no ya a casos imprevistos (un aumento inesperado), sino a elementos tan obvios como los incendios en verano y con estas olas de calor o el aumento de la demanda de pasaportes por los movimientos vacacionales.

Lo malo de todo esto es que ha dejado de ser un problema y constituye la normalidad. Las administraciones públicas se han reducido para atender situaciones que se prolongan en el tiempo o se multiplican.

El caso de las quejas contra la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que comentamos el otro día, es un ejemplo de esta especie de reducción de todo ya sea mediante la reducción de personal o, es el caso, de la privatización de un servicio por un tiempo específico. Es la "temporada", el tiempo previsto. Todo lo demás, no lo cubre el servicio.

Lo que sufre la sociedad española en su conjunto es un descenso acusadísimo de la calidad de la vida en cualquiera de sus dimensiones. La organización de los servicios se hace en función de una serie de previsiones, siempre a la baja, pues de eso se trata. La idea de "eficiencia" se erige en principio motor. En la realidad se trata de hacer el máximo con el mínimo coste. El hecho de que fallezcan personas, por ejemplo, esperando una operación o ser atendidos cuando ya una enfermedad está muy avanzada, etc. ya no es un problema prioritario, solo los costes del servicio. Pocos para hacer mucho. Esto lleva a un perjuicio constante a la ciudadanía que se ve sometida a todo tipo de esperas e incomodidades en el día a día. La administración y los servicios públicos se ven saturados y, pese a los esfuerzos del personal de muchos sectores, son incapaces de satisfacer la demanda.

Es absurdo que no se haya previsto lo que supone, por ejemplo, el envejecimiento de la población española. Lo es igualmente que zonas del país se conviertan en espacios de segunda o tercera porque no resulta "rentable" darles servicios sanitarios, educativos, transporte, etc.

Esto se ha asumido como algo lógico y necesario. No es así. Es la intromisión en lo público de una mentalidad "privada" que se basa en la rentabilidad. El Estado, lo público, precisamente debe anteponer los servicios y asegurarse que no falten en ningún rincón, pues su objetivo no es ganar dinero sino mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, un objetivo en el que estamos insistiendo en estos últimos días pues parece que se ha olvidado en los objetivos políticos de esta país, más concentrado en negociar con privilegios para unos u otros en los cambalaches diarios del poder.

Las administraciones, cada una en su nivel, deben asegurar los mejores servicios para las personas a las que deben atender. Esto se olvida demasiado a menudo y ha creado este Estado precario, acostumbrado a no satisfacer las demandas, que se recarga de burocracia inútil por un lado, que aumenta los trámites como forma disuasoria en muchos casos y que la precariedad de medios ralentiza.

Como no se puede adsorber la demanda, la estrategia es multiplicar los trámites, lo que hace que muchos desistan o se pasen las ocasiones. Imaginemos el bastante frecuente caso de una persona que necesita un pasaporte para poder realizar un viaje urgente y le dicen que tardarán un mes en tramitarlo. ¿Qué hace? ¿Sigue, desiste?

Para muchos es una conspiración para privatizar servicios. Supongo que habrá de todo, pero si los efectos son como los de Castilla y León antes mencionados que han hecho que el Consejero se vea en el punto de mira de la Fiscalía, no vamos por buen camino.

Un país moderno es el que tiene una administración eficaz, no reducida por debajo de lo que son sus necesidades reales. Para ello hay que saber con certeza a qué se le llama "necesidad" y "real", algo que creo que se ha perdido en la lucha política. Las administraciones y servicios tienen que estar ajustadas a las necesidades. El buen político no es el que ahorra mucho, sino el que satisface las necesidades ciudadanas reales.

Mucho me temo que en un país precario como hemos hecho de este, los únicos cargos que tienden a ser fijos sean los de los propios políticos. Los que prometen tanto bajar impuestos, deberían mejor prometer que los emplearán mejor, que es de lo que se trata. Los impuestos inútiles, por bajos que sean, son los que no satisfacen necesidades, sino que se quedan por el camino. Una administración eficiente no es una administración recortada, sino ajustada a las necesidades.

Meses de espera de atención médica, un mes para un pasaporte, atascos en las tramitaciones, colapsos en los servicios... no pueden ser entendidos como buena gestión o si hay problemas con los incendios, como el caso del Consejero leonés, echarles las culpas a los ecologistas.

Hay que limpiar los montes, hay que atender a los enfermos, hay que agilizar las tramitaciones de los documentos. Hay que dotar igualmente de recursos para que puedan hacer eficazmente su trabajo. Conozco buenos funcionarios (muchos de ellos con décadas de interinidad) que se dejan la piel intentado cubrir las necesidades del servicio que prestan ante la indiferencia muchas veces de sus jefes que temen enfrentarse a sus superiores demandando más presupuesto o más personas para cubrir su trabajo. Muchas veces, los propios trabajadores, por miedo a acabar en la calle, aguantan todo lo que le llegue y aparecen como los responsables de lo que es el resultado de la desidia de los que han escalado puestos por vías paralelas, por decirlo así.

Tenemos que cambiar urgentemente nuestra idea de la administración, de las necesidades reales que debe satisfacer y "escuchar" (ahora que está de moda) la realidad de los problemas que esta inoperancia causa. Tenemos que desarrollar una realística forma de anticipación de los problemas. Incendios, enfermedades, trámites, etc. pueden ser previstos con ciertas garantías. Prever es un acto esencial que brilla por su ausencia entre nosotros, que en casos entra de lleno en la negligencia.




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