Joaquín Mª Aguirre (UCM)
Cada
día escuchamos lo mismo en distintas versiones: con los incendios nos dicen que
no hay suficiente personal para cubrirlos, que no están contratados más que
tres meses; nos dicen estos días que los hospitales están colapsados porque les
falta personal y que llegado el verano la situación se recrudece e intensifica
con enfermos en los pasillos y horas esperando para ingresar. Ayer nos daban otro
caso más: se tarda un mes en tener un pasaporte porque no hay personal para
atender las solicitudes.
Son
tres ejemplos de un mismo problema, la falta de recursos humanos. En España, el
único pecado mortal es contratar. La precariedad se ha vuelto la norma y los
recursos de personal asignados son tan ajustados que no pueden enfrentarse no
ya a casos imprevistos (un aumento inesperado), sino a elementos tan obvios
como los incendios en verano y con estas olas de calor o el aumento de la
demanda de pasaportes por los movimientos vacacionales.
Lo malo
de todo esto es que ha dejado de ser un problema y constituye la normalidad. Las
administraciones públicas se han reducido para atender situaciones que se
prolongan en el tiempo o se multiplican.
El caso
de las quejas contra la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, que comentamos el otro día, es un ejemplo de esta especie de reducción de
todo ya sea mediante la reducción de personal o, es el caso, de la
privatización de un servicio por un tiempo específico. Es la
"temporada", el tiempo previsto. Todo lo demás, no lo cubre el
servicio.
Lo que
sufre la sociedad española en su conjunto es un descenso acusadísimo de la
calidad de la vida en cualquiera de sus dimensiones. La organización de los
servicios se hace en función de una serie de previsiones, siempre a la baja,
pues de eso se trata. La idea de "eficiencia" se erige en principio
motor. En la realidad se trata de hacer el máximo con el mínimo coste. El hecho
de que fallezcan personas, por ejemplo, esperando una operación o ser atendidos
cuando ya una enfermedad está muy avanzada, etc. ya no es un problema prioritario,
solo los costes del servicio. Pocos para hacer mucho. Esto lleva a un perjuicio
constante a la ciudadanía que se ve sometida a todo tipo de esperas e
incomodidades en el día a día. La administración y los servicios públicos se
ven saturados y, pese a los esfuerzos del personal de muchos sectores, son
incapaces de satisfacer la demanda.
Es
absurdo que no se haya previsto lo que supone, por ejemplo, el envejecimiento
de la población española. Lo es igualmente que zonas del país se conviertan en
espacios de segunda o tercera porque no resulta "rentable" darles
servicios sanitarios, educativos, transporte, etc.
Esto se
ha asumido como algo lógico y necesario. No es así. Es la intromisión en lo
público de una mentalidad "privada" que se basa en la rentabilidad.
El Estado, lo público, precisamente debe anteponer los servicios y asegurarse
que no falten en ningún rincón, pues su objetivo no es ganar dinero sino
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, un objetivo en el que estamos
insistiendo en estos últimos días pues parece que se ha olvidado en los
objetivos políticos de esta país, más concentrado en negociar con privilegios
para unos u otros en los cambalaches diarios del poder.
Las
administraciones, cada una en su nivel, deben asegurar los mejores servicios
para las personas a las que deben atender. Esto se olvida demasiado a menudo y
ha creado este Estado precario, acostumbrado a no satisfacer las demandas, que se recarga de burocracia inútil por
un lado, que aumenta los trámites como forma disuasoria en muchos casos y que
la precariedad de medios ralentiza.
Como no se puede adsorber la demanda, la estrategia es multiplicar los trámites, lo que hace que muchos desistan o se pasen las ocasiones. Imaginemos el bastante frecuente caso de una persona que necesita un pasaporte para poder realizar un viaje urgente y le dicen que tardarán un mes en tramitarlo. ¿Qué hace? ¿Sigue, desiste?
Para
muchos es una conspiración para privatizar servicios. Supongo que habrá de
todo, pero si los efectos son como los de Castilla y León antes mencionados que
han hecho que el Consejero se vea en el punto de mira de la Fiscalía, no vamos
por buen camino.
Un país moderno es el que tiene una administración eficaz, no reducida por debajo de lo que son sus necesidades reales. Para ello hay que saber con certeza a qué se le llama "necesidad" y "real", algo que creo que se ha perdido en la lucha política. Las administraciones y servicios tienen que estar ajustadas a las necesidades. El buen político no es el que ahorra mucho, sino el que satisface las necesidades ciudadanas reales.
Mucho me temo que en un país precario como hemos hecho de este, los únicos cargos que tienden a ser fijos sean los de los propios políticos. Los que prometen tanto bajar impuestos, deberían mejor prometer que los emplearán mejor, que es de lo que se trata. Los impuestos inútiles, por bajos que sean, son los que no satisfacen necesidades, sino que se quedan por el camino. Una administración eficiente no es una administración recortada, sino ajustada a las necesidades.
Meses
de espera de atención médica, un mes para un pasaporte, atascos en las
tramitaciones, colapsos en los servicios... no pueden ser entendidos como buena
gestión o si hay problemas con los incendios, como el caso del Consejero
leonés, echarles las culpas a los ecologistas.
Hay que
limpiar los montes, hay que atender a los enfermos, hay que agilizar las
tramitaciones de los documentos. Hay que dotar igualmente de recursos para que
puedan hacer eficazmente su trabajo. Conozco buenos funcionarios (muchos de
ellos con décadas de interinidad) que se dejan la piel intentado cubrir las
necesidades del servicio que prestan ante la indiferencia muchas veces de sus
jefes que temen enfrentarse a sus superiores demandando más presupuesto o más personas
para cubrir su trabajo. Muchas veces, los propios trabajadores, por miedo a
acabar en la calle, aguantan todo lo que le llegue y aparecen como los
responsables de lo que es el resultado de la desidia de los que han escalado
puestos por vías paralelas, por decirlo así.
Tenemos
que cambiar urgentemente nuestra idea de la administración, de las necesidades
reales que debe satisfacer y "escuchar" (ahora que está de moda) la
realidad de los problemas que esta inoperancia causa. Tenemos que desarrollar una realística forma de anticipación de los problemas. Incendios, enfermedades, trámites, etc. pueden ser previstos con ciertas garantías. Prever es un acto esencial que brilla por su ausencia entre nosotros, que en casos entra de lleno en la negligencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.