sábado, 18 de agosto de 2018

La prensa no olvida

Joaquín Mª Aguirre (UCM)
La situación de la prensa en Egipto, como hemos señalado, con ocasión de diferentes casos, es muy complicada. Lo es para la libertad de expresión, tanto para la información periodística o la opinión expresada en los medios, como para cualquier otra forma de expresión, como ocurre con los artistas, que ven reducida su capacidad de realizar su trabajo por las múltiples obstáculos administrativos que han ido creándose a su alrededor.
El régimen sigue considerando que el silencio y la propaganda son los dos extremos posibles. Con el empeoramiento de la situación económica,  las subidas de los precios de los elementos básicos, los recortes en los subsidios, etc. el descontento aumenta, por lo que las medidas de represión son el remedio que el gobierno de al-Sisi ha elegido como forma de "armonizar" a la población. Las conferencias, las inauguraciones, las campañas militares en el Sinaí, etc. no logran convencer a aquellos que padecen los efectos directos de los desastres acumulados durante décadas y de los que se hace único responsable al 25 de enero de 2015, es decir, cuando los egipcios dijeron ¡basta! a un régimen similar a este.
EgyptNews.net publicaba el día 16 una noticia firmada por la Human Rights Watch sobre la situación de los artistas. Lo hace con el títular "Egypt: Campaign to Crush Artistic Freedom", desde el que ya se da cuenta de lo sistemático de las medidas contra la comunidad de artistas:

(Beirut) - The Egyptian authorities have arrested over a dozen people in a crackdown against artists, apparently prosecuting them for exercising their freedom of speech, Human Rights Watch said today. The government also has issued new decrees to severely curtail freedom of expression. Security agencies and recently created government entities have added layers of censorship to silence criticism of the government on television and in movies, theaters, and books.
Since February 2018, authorities have arrested or prosecuted an Egyptian poet, a prominent pop singer, a playwright, a belly dancer, and several actors and filmmakers solely for their work. The Supreme State Security Prosecution (SSSP), which oversees terrorism cases, or the military prosecution unit, have summoned these artists, some of whom face terrorism-related charges. New regulations have heightened barriers for independent artists and nongovernmental organizations to organize public art events, and the main state censorship authority is expanding its offices around the country.
"The obsession with prosecuting artists for expression authorities simply dislike shows what a farce President Abdel Fattah al-Sisi's claim is that his administration's priority is 'fighting terrorism,'" said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. "It seems a key aim of al-Sisi's government today is to brutalize and bully Egypt's entire society into silence and submission, including the country's creative class of artists."*



La descripción del último párrafo de la situación es una descripción que no es demasiado exagerada a la vista de la situación. Comentamos ya aquí las medidas estrictas para la organización de festivales, exposiciones, etc. que han de tener el control absoluto y la autorización por parte de las autoridades administrativas en un intento de evitar cualquier crítica.
La idea de que la obra de los artistas y sus críticas sean considerados como "actos terroristas" no deja de ser un sarcasmo por parte de un régimen que dijo haber cumplido la "hoja de ruta" hacia la democracia. Pero como ya se preveía, la ruta llevaba a las raíces autoritarias del régimen, superando con creces la represión del sistema anterior, el del denostado Mubarak que por dejadez se dejaba aspectos que hoy parecen muy importantes para el régimen de al-Sisi.
Hay que empezar a pensar que al-Sisi cree realmente en su misión, ser el nuevo fundador de la república egipcia y de los propios egipcios. Al-Sisi ve la Historia y está a su servicio. En ella ha visto un futuro en el que los egipcios con uniforme y sin él se comportan de la misma manera y atienden los mismos mandatos. Todos se han convertido gracias a las estrictas medidas aprendidas en escuelas japonesas repartidas por el país y que han transformado el sistema educativo; un país en el que todos se paran al tener el segundo hijo, hijos que mantienen sanos para evitar gastos al Estado. Todos se han vuelto buenos musulmanes y los que están encarcelados reconocen sus culpas y se arrepienten. Los familiares de los desaparecidos, encerrados y muertos comprenden que la venganza es inútil y olvidan gozosos, sumándose a los esfuerzos del estado. En las mezquitas solo se enseña la versión más amable del islam y todos se han vuelto tolerantes y felicitan las fiestas a los coptos de corazón. Y se apretarán las clavijas hasta que todo esto se consiga... o reviente todo.
No hay demasiada ironía en lo anterior. Ese mundo idílico es el que se llevará a cabo gracias a las medidas tomadas por el Ejército, que no es más que el "pueblo" uniformado, siguiendo las órdenes del presidente, que no es más que el "padre" del pueblo, también uniformado.
Pero las medidas de represión constantes indican que esa fantasía no prospera realmente más que en la propaganda. En realidad eso solo se conseguirá con medidas a largo plazo y dando a los egipcios lo que no reciben por parte del estado, que debe reformarse y no ser un foco de autoritarismo.
Es en este contexto en el que llama la atención el artículo publicado en Ahram Online sobre los periodistas de Al-Jazeera encarcelados en su momento en Egipto. El artículo, con el titular "Journalist Peter Greste is prepared to sue Al Jazeera", tiene un sorprendente tono y afirmaciones y debe encuadrarse en los "movimientos" de la prensa tras la creación de un sistema de control de medios, profesionales y contenidos desarrollado institucionalmente por el régimen:

New leaked emails from the inbox of Egyptian-Canadian journalist Mohamed Fahmy indicate that Peter Greste, his former Australian colleague and cellmate, is preparing to sue the journalists’ former employer: the Qatari-based Al Jazeera Media Network.
The two award-winning journalists were wrongfully convicted in Egypt in 2014 for fabricating news and belonging to the Muslim Brotherhood group, which the Egyptian government has designated as a terrorist organization.
Many journalists and organizations dedicated to press freedoms considered the trial—where the journalists received sentences of seven years each—a travesty of justice.
Both journalists had been openly critical of Egypt’s clampdown on the press and the security sweep that left thousands of dissidents and many local journalists jailed in the aftermath of Egypt’s revolution and subsequent changes in government.
From the outset, many analysts and prominent journalists said that the case likely had little to do with the work of the journalists themselves, and instead served as a manifestation of the vicious ongoing dispute between the current Egyptian government and the state of Qatar, which owns Al Jazeera and has been a major funder and backer of his Islamist nemesis the Muslim Brotherhood group designated as terrorists in Egypt, Russia, Syria, Bahrain, Saudi Arabic and the United Arab Emirates.**


Como puede apreciarse, se aprovechan los ataques de Greste contra Al-Jazeera para arremeter contra el sistema judicial egipcio, tildando de "farsa de justicia" los juicios celebrados contra los periodistas. Se aprovechan las críticas contra la cadena qatarí para poder criticar las acciones contra los periodistas, que se limitaban a realizar su trabajo. Pero el régimen egipcio castigó a Al-Jazeera en la cabeza de los periodistas que fueron quienes se llevaron los golpes en una acción "equivocada" (como se dice) y excesiva, que efectivamente le valió a Egipto más condenas internacionales de países, organismos e instituciones creadas para velar por la libertad de expresión y de prensa.
Pasado un tiempo, las acciones del régimen contra los periodistas de la delegación en El Cairo se vuelven contra él al quedar en evidencia, lo instrumental de las medidas y la politización de la justicia, al servicio del régimen. La cadena qatarí aprovechó además  las acciones contra sus periodistas para seguir atacando al régimen, por lo que este se granjeo más antipatías de las normales en el plano internacional.
El artículo, firmado por, sigue la estrategia de atacar a Al-Jazeera y a Qatar, resaltando lo erróneo e injusto de su juicio. Es fácil entender el énfasis cuando muchos periodistas están bajo acusación de colaborar con grupos terroristas o de expandir noticias falsas para desacreditar al Estado, el Ejército, los Jueces, etc. En la categoría de "noticia falsa" entra todo lo que no se haya afirmado antes por parte del gobierno.


En el texto se da el protagonismo a los periodistas a los que se usó como "desafío" contra Qatar y la cadena televisiva, a los que se considera una y la misma cosa, considerándolos "terroristas" y portadores de los mensajes de los Hermanos Musulmanes.
Tras darnos cuenta de los líos ocurridos con los emails y los documentos que se utilizarán contra las querellas, el artículo continúa:

Greste’s Australian citizenship allowed him freedom of movement, whereas Fahmy was released from prison, but put on a retrial and was banned from travelling outside of Egypt.
While Fahmy was ultimately pardoned after his first conviction and allowed to return to Canada in September 2015, when prominent British human rights lawyer Amal Clooney took on his case.
The lawyer has criticized the Egyptian judiciary, describing it as a ‘tool of repression,’ but also released a statement criticizing the Qatari channel: “Al Jazeera should also respect the spirit of the Riyadh Agreement, which requires that parties should not foment hatred between groups but rather work openly and cooperatively with each other in a spirit of reconciliation.”
In May 2015, flanked by his Canadian lawyers, Fahmy announced in a press conference in Cairo that he had filed a lawsuit in the British Columbia Supreme Court against Al Jazeera demanding the network pay $100 million in punitive and remedial damages for its “negligence” which he believes had contributed to his conviction.**


El Acuerdo de Riyadh (Riyadh Agreement) es el nombre puesto al acuerdo secreto mediante el cual una serie de países, incluido Qatar, se comprometían a no interferir en los "asuntos" de los otros y, en especial, a no apoyar a los grupos disidentes de cada país. Es la forma en la que estos autócratas se protegen entre ellos de los que ha sido siempre su estrategia, alianzas para debilitar a sus vecinos. No es nuevo, así ha sido siempre, pero las divergencias obligaron a ponerlo por escrito. Los firmantes fueron en primera instancia Arabia Saudí, Qatar y Kuwait, posteriormente lo harían los Emiratos, Bahréin y Abu Dhabi. El compromiso incluía también no amparar a la Hermandad Musulmana y apoyar la situación de Egipto tras el golpe para mantener su "estabilidad".
El acuerdo, sacado a la luz por la CNN incluía una referencia a Al-Jazeera:

A second agreement headlined "top secret" and dated November 16, 2014, adds the King of Bahrain, the Crown Prince of Abu Dhabi and the Prime Minister of the UAE. It specifically mentions the signatories' commitment to support Egypt's stability, including preventing Al Jazeera from being used as a platform for groups or figures challenging the Egyptian government.
The second agreement specifically mentions Al Jazeera, and not other media outlets like the Saudi-owned Al Arabiya. After the agreement was signed, Al Jazeera had shut down a channel dedicated to coverage: Al-Jazeera Mubashir Misr.***

Por todo ello, viendo la importancia que se le da a Al-Jazeera, el artículo publicado en Ahram Online defendiendo a los periodistas, atacando a la cadena (y a Qatar) y criticando duramente la labor de los jueces, conectados directamente con el gobierno, revela de nuevo que los ataques a la prensa —en medio de un entorno altamente represivo para toda manifestación, real o solo posible— manifiestan una corriente  profunda que está aflorando en diversos medios.
Los ataques a los artistas (y demás intelectuales), a miembros de la comunidad académica (como en el caso de la profesora Mona Prince), a los periodistas, presentadores de los medios, etc. está dejando un panorama asfixiante en Egipto.
Creo que es el primer caso en el que es tan grande la contundencia contra la judicatura y su uso político por el gobierno. Se ataca a Qatar y a la cadena Al-Jazeera, pero se defiende la integridad de los periodistas, a los que se considera injustos paganos de las disputas entre estados o gobiernos. Greste y los demás periodistas de la delegación arremeten contra la cadena y se sienten manipulados. La prensa egipcia aprovechará la ocasión para atacando a Qatar y Al-Jazeera poder defender a los compañeros, como lo han hecho ahora. Era algo que estaba pendiente. De paso ajustan cuentas con la Justicia y el sistema. 


* Human Rights Watch "Egypt: Campaign to Crush Artistic Freedom" Egypt News Net 16/08/2018 http://www.egyptnews.net/news/257846377/egypt-campaign-to-crush-artistic-freedom
** "Journalist Peter Greste is prepared to sue Al Jazeera" Ahram Online 18/08/2018 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/309856/World/Region/Journalist-Peter-Greste-is-prepared-to-sue-Al-Jaze.aspx
*** "Exclusive: The secret documents that help explain the Qatar crisis" CNN, 11/07/2017 https://edition.cnn.com/2017/07/10/politics/secret-documents-qatar-crisis-gulf-saudi/index.html





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