Separación de saberes o cada uno en su sitio

Joaquín Mª Aguirre (UCM) 

Dejar hablar a los expertos está muy siempre y cuando no se les escriba el guión. El prestigio del experto proviene precisamente de su conocimiento y de su independencia. Un experto que dice lo que los políticos le dicen que diga no es un experto, por más que lo ponga en su currículum impecable.

En este periodo complicado para todos, se acuñaron algunas expresiones como "actuamos basándonos en las evidencias científicas" o "es lo que los expertos nos han dicho" para evitar el desgaste político con decisiones duras y difíciles de entender para el ciudadano de a pie, para el que tiene un negocio y no entiende muy bien el sentido de lo que se le pide. A veces no se entiende y en ocasiones no se quiere entender.

El gobierno español ha incorporado junto a los expertos sanitarios, a las fuerzas de seguridad y al Ejército como caras visibles, llevadas a primera plana para arroparse en sus decisiones y para transmitir una imagen de unidad de las instituciones del estado, por un lado, pero también de gravedad de la situación.

Llevar a los expertos a contestar preguntas tiene sus riesgos y, sobre todo, sus límites. Los expertos deben contestar las preguntas sobre su campo, ser claros e independientes, pero deben aprender a pasar el micrófono al ministro de turno en cuanto que la pregunta tomar un cariz distinto, el de la decisión política. Un político no debe esconderse tras un experto sanitario o científico; un científico no debe intervenir en una cuestión política, por más que se la pregunten en una rueda de prensa. Vamos a llamarlo "separación de saberes", en analogía con la "separación de poderes". Tienen que aprender a decir "no es de mi competencia", tranquilamente, y pasar a la siguiente cuestión. "se lo pregunta al ministro o al presidente cuando esté al micrófono". Es también culpa menor de los periodistas que preguntan a quien no deben ciertas cosas. Digo culpa menor porque si no están los que deben, no es culpa suya. Preguntan a quien le ponen delante. Sería mucho pedir que ante esta ausencia guarden las preguntas. Pero siempre está en manos del que debe contestar remitir al responsable.

Se trata realmente de eso, de responsabilidad. Quien da las explicaciones de hace responsable de sus palabras, pero no tiene porqué serlo de las acciones que haya detrás. Los expertos asesoran; las decisiones son de los responsables públicos, de las autoridades que deciden sobre lo que les dicen. Por eso es importante mantener a cada uno en su lugar.

Poner a los expertos por delante solo tiene sentido de dos maneras: pueden aclarar lo que ocurre debido a su propio conocimiento de la materia o pueden explicar las decisiones tomadas por las autoridades responsables.

El doctor Fernando Simón fue lanzado a lidiar con los medios de comunicación porque el gobierno español poco sabía de coronavirus y materias similares. No es su función; lo es tomar la mejores decisiones en función de lo que los expertos aconsejan en cada caso o les previenen de lo que puede ocurrir por acción u omisión.

Hay un caso que sigue coleando en las críticas al gobierno: los actos públicos que se celebraron el ocho de marzo. La cuestión se ha convertido en pugna ideológica ya desde antes de que se produjeran. Le tocó dar la cara al doctor Simón, que evidentemente no era quien había tomado la decisión. Pero se le preguntó.

Las consecuencias de ello han sido varias: la primera son los contagios que se produjeron en los diversos actos autorizados o, si se prefiere, no cancelados. No, es necesario recordarlos porque están en la mente de todos.

Es evidente que fue un error y mientras no se asuma, se seguirá convirtiendo en una discusión sobre algo que ya no se puede evitar. Pero lo que me preocupa es la actitud respecto a los expertos que los políticos toman cuando quieren pasar la responsabilidad.

La respuesta que Simón dio a la prensa cuando se le preguntó — «Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8-M le diré que haga lo que quiera», que ya tratamos aquí— implica leer entre líneas, algo que no se debería haber producido. Implicaba que no estaba de acuerdo con ello o que no asumía aquella decisión que, más allá del ámbito sanitario, era política. ¿Por qué no salió ningún político a explicarla? Porque la razones no eran razones, sino miedos. Y no precisamente a la enfermedad. Todo esto creo que se ha asimilado por la mayoría y algunos han decidido ir más lejos y llevarlo a los tribunales. El error de Simón fue, precisamente, tratar de justificar la decisión con un principio absurdo: la manifestación no era internacional y no se esperaba que viniera gente de fuera. Esto es, como decimos, una explicación absurda y más en boca de quien la dijo. Evidentemente, la pregunta no era para él, pero allí le dejaron. No era su cometido saber de dónde era cada uno. El coronavirus, en cualquier caso, ya lo teníamos aquí.

Ayer, día 27, el diario ABC explicaba:

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo ayer que no pudo cancelar las manifestaciones por el Día de la Mujer del 8 de marzo ya que era competencia de las comunidades. Así lo aseguró en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, ante la que compareció ayer.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó durante una comparecencia en La Moncloa que antes de la manifestación no había «ningún dato objetivo ni indicación de las autoridades científicas que determinara la necesidad de suspender cualquier concentración pública». «No es el momento de polemizar con eventos de la trascendencia del acto del 8-M», reprochó, al tiempo que recordó que ese mismo día hubo «una pluralidad» de actos multitudinarios «como partidos de fútbol o actos de partidos políticos», y que «llama la atención» que el «único hincapié» se esté haciendo con respecto a la celebración feminista.*

Los dos párrafos son realmente sorprendentes por muchos aspecto y muestra no descoordinación, sino la encerrona que se hace a los expertos cuando los políticos se equivocan. La forma de eludir responsabilidades forma una cadena en la que el Ministro de Sanidad responsabiliza a las comunidades autónomas. El ministro del Interior lo hace con esa frase digna del mármol: " no había «ningún dato objetivo ni indicación de las autoridades científicas que determinara la necesidad de suspender cualquier concentración pública»." Si aquello fue un error, la responsabilidad no es asumida más que por las "autoridades científicas". ¿"Autoridades"? Es interesante que Grande-Marlasca use el concepto de "autoridad" en este contexto, lo que dota de una enorme ambigüedad y una cierta desvergüenza. No hay "autoridades científicas" por encima de las autoridades científicas. ¿A qué "datos" inexistentes se refiere?, por otro lado. La frase es simplemente una salida del muro de fusilamiento, cada uno a su manera.

No se puede, una vez más, mezclar la política en esta situación. Y la autorización de los actos del 8 de marzo fue, incuestionablemente, una decisión política. Tratar de responsabilizar a las "autoridades científicas" es, sencillamente, un enorme error porque se mina su "autoridad", entendida como credibilidad.

Una persona extranjera me preguntó hace unos días "si en España no había dimitido nadie". No lo hizo ni con mala intención ni con ironía, era una pregunta simple. Hay personas en todos los niveles —del gobierno central a las autonomías o ayuntamientos—, de los partidos que tendrán que dar algunas explicaciones sobre sus decisiones, como es lógico.

Responsabilizar al doctor Simón por las manifestaciones del 8 de marzo es ciertamente inmoral, además de contraproducente. Ha estado salvando los papeles de más de un ministerio y al pie del cañón informativo en todo momento. Se habrá equivocado en muchas cosas porque los científicos no saben todo lo que creemos que saben. Pero los políticos sí saben lo que hacen más de lo que quieren que creamos.

Si los expertos deben ser creídos no debemos forzarlos y respetar su independencia de criterio. De otra forma estamos abocados a arruinar su prestigio, que no es otro el sustento de la confianza. Cometen los políticos el error de confundir "experto" con "portavoz". Es un enorme error con consecuencias graves pues la falta de confianza empuja hacia fuentes alternativas de todo tipo. La función de un experto es precisamente poder transmitirnos la información desde su campo, con un criterio sometido al rigor de su propio campo, desestimando todo aquello que no se ajuste a unas recomendaciones o instrucciones que avala con su conocimiento. Convertirlo en "portavoz" significa que habla por boca del gobierno y que este aprovecha su crédito científico.

La polémica del 8 de marzo debe aparcarse de una vez. Está clara. Ya habrá tiempo de esclarecer las negligencias si las hubo. Pero ahora es necesario mantener toda la energía mirando hacia adelante y, sobre todo, asumiendo liderazgo por parte de quien debe hacerlo. Hay que aprender a separar los papeles para que estos sean creíbles. Sí, separación de saberes para que estos sean eficaces en la comunicación, un factor esencial cuando gran parte de las acciones están en manos de los ciudadanos cumpliendo unos objetivos claros.

Que cada uno cumpla su función no quiere decir que vaya cada uno por su lado, sino que cada uno cumpla su función claramente remando en la misma dirección.

* "Illa dice que la transmisión comunitaria empezó en España el 3 de marzo y Simón avaló el 8-M porque era para «nacionales»" ABC 27/03/2020 https://www.abc.es/sociedad/abci-illa-dice-transmision-comunitaria-empezo-espana-3-marzo-y-simon-avalo-porque-para-nacionales-202003270226_noticia.html