Joaquín Mª Aguirre (UCM)
Tiburón cazón |
El hecho gravísimo de que se haya estado ocultando una información importante sobre los niveles de mercurio existentes en cierto tipo de pescados* no es solo un problema de salud, sino un problema de salud democrática. Que un gobierno o sus instituciones no hayan alertado a sus ciudadanos sobre los riesgos del consumo de alimentos, especialmente en niños y embarazadas, es inaudito en un sistema democrático y debería anular a todas las personas implicadas en tal ocultación.
Estamos en un nuevo y confuso "orden” y los gobiernos pueden verse como defensores de los ciudadanos o, por el contrario, considerarse como una especie de interfaz del sistema económico, como unos “relaciones públicas” cuya misión es transmitir confianza y tranquilidad. Cada vez es más evidente que para ciertos sectores la democracia es algo que tiene que ver con la imagen, con la confianza, con los mercados, y menos con las libertades, los derechos y la democracia.
De hecho, una de las consecuencias de esta especie de neodeterminismo liberal es la anulación de la voluntad, que es la base de la democracia. La obsesión económica ha calado hondo en ellos y son incapaces de comprender el profundo sentido de servicio y compromiso que implica la política y lo que se espera de ellos. La democracia no consiste en que te elijan; consiste en que te comprometes a representar a tus ciudadanos. Y aquí está parte del problema. Aunque no haya constitución que lo diga, en tu cerebro ha calado la idea que existen ciudadanos de primera y segunda, que los de primera son los que realmente pueden hacer que el país vaya bien o mal y que tú, como político, tienes un margen muy reducido porque cada vez estás más convencido que las cosas van bien cuando no las tocas y mal cuando tú intervienes; porque te han convencido que el Estado es un obstáculo y los gobiernos solo deben aspirar al mantenimiento de arbitrajes. En el fondo, das las gracias porque se te permita estar al frente de instituciones obsoletas.
El ciclo del mercurio |
En este contexto, con estos complejos que te convierten en un político con libido plana, cuando llega a tu mesa un informe que afecta a la salud pública y a los intereses económicos del sector pesquero, eliges proteger al segundo porque si alguien se pone enfermo, para eso se financia la Seguridad Social. Cada vez resulta más evidente que vamos camino de una especie de democracia orgánica empresarial en la que los diferentes sectores productivos y económicos dictan o condicionan, de forma directa o indirecta, la política del país. No es solo aquí. Son cada vez más los avisos para que se defienda a las instituciones comunitarias europeas de la presión de los lobbies. Los escándalos de las compras de eurodiputados están todavía recientes e irán a más. [Ver entrada] Estamos aceptando de forma implícita que las unidades políticas reales son los sectores empresariales, que “lo que va bien para la empresa, va bien para el país”. Y esto no es cierto. “Ir bien” es un concepto muy amplio e interpretable de muchas maneras. Para unos puede ser ganar mucho dinero, a costa de lo que sea, y para otros ganar el que se pueda y deba actuando en los límites del respeto a la legalidad y —por qué no— el respeto a ciertas formas de actuación que la sociedad considera como éticas. La creencia en que la ley se puede vulnerar como parte del riesgo que se asume, y que sobre esta se puede influir a través de las presiones sobre los legisladores, nos está llevando a un mundo en el que es cada vez más difícil tener confianza en las instituciones.
La ocultación de información que afecta a la salud de los ciudadanos es una violación del pacto democrático ahora que se habla tanto de representatividad. Es un argumento más para darse cuenta que esta senda es una invitación al fraude generalizado y una muestra de cómo se anteponen los intereses de algunos a los generales. Los sectores productivos tienen la “excusa” del beneficio, pero ¿y la Administración? ¿Cuál es la suya?
La irresponsabilidad del gobierno español es la contraria a la mostrada por el gobierno de Hamburgo en el caso de la bacteria E.coli. Ambos son ineficaces, pero los alemanes tienen al menos la excusa de que antepusieron la salud de sus ciudadanos. Nosotros hemos hecho lo contrario. Hemos antepuesto los intereses económicos del sector a la salud pública. Y que no se diga, por favor, que ha sido por defender los puestos de trabajo porque sería una auténtica villanía, una infamia, responsabilizar mínimamente a los trabajadores de la profunda cobardía y perversión democrática que este caso supone. Los alemanes han tenido horas para decidir. El gobierno español ha tenido desde 2003 para hacerlo.
Al preocupante asunto de la salud pública se suma el todavía más preocupante papel de aquellos a los que elegimos para que se ocupen de nosotros de manera leal. No dar esa información durante años, que haya tenido que ser hecha pública tras tres sentencias judiciales obligando a facilitarla, es un hecho sin precedentes más que en dictaduras en las que los ciudadanos son despreciados en todos los niveles. Otros países, como Estados Unidos, nos dice la información de El País, tenían conocimiento de esto niveles peligrosos para niños y embarazadas e hicieron los avisos y recomendaciones pertinentes. Nosotros lo guardamos bajo siete llaves. Los estudios realizados en España avisando de los altos niveles de mercurio y otros metales pesados en los niños españoles deberían haber sido comunicados por las autoridades con anterioridad pues se conocían desde mucho antes.** Existían abundantes avisos en España y fuera de nuestro país.
Me temo que no son los del mar los únicos tiburones con los que debemos tener cuidado.
* “El gobierno ocultó siete años un informe de los tóxicos en el pescado” El País 01/07/2011 http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Gobierno/oculto/anos/estudio/toxicos/pescado/elpepisoc/20110701elpepisoc_3/Tes
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