Joaquín
Mª Aguirre (UCM)
El
artículo del diario El País de ayer nos dejaba muy mal sabor de boca. Su título
es lo suficiente claro: "Abogados del Estado pleitean contra España
fichados por fondos ‘verdes’". El País ya había tratado este asunto en 2014 dando nombres y situaciones de los abogados. No han sido los únicos y de un año para acá ha aumentado la información de la "huida", como algunos la califican.
Hace
tiempo que nuestro país dejó de percibirse como un espacio con el que hubiera
que mantener algún tipo de deferencia. Es muy español eso del desprecio a tu
país, ese al que muchos no se atreven a llamarlo por su nombre y lo llaman
"estado" gracias a una perversión mental y lingüística acuñada
durante décadas de la que no nos hemos librado. Entre la emoción trasnochada y la indiferencia debería haber un cierto espacio de responsabilidad y trato.
Es difícil encontrar a alguien que reivindique el papel de la
"función pública" y entienda el compromiso y responsabilidad que
supone. Visto desde fuera es peor; se confunde con un nido de vagos y
aprovechados que sestean poniendo malas caras a los que llegan desde ese mundo
cruel, pero brillante, que es el sector privado. El emprendedor pone en marcha; el funcionario frena, señala el tópico. Y no es necesariamente así.
Los datos del diario sobre el papel de los abogados del Estado contra el propio
Estado que deberían defender exceden los límites de la decencia:
Abogados del Estado en excedencia asesoran a
fondos extranjeros en 12 de los 20 arbitrajes planteados contra España por los
recortes a las renovables. Se trata de una pugna legal confidencial en la que
los contribuyentes españoles se juegan miles de millones. Estos altos
funcionarios no tienen incompatibilidad en la excedencia y pueden reingresar en
la Administración. La participación de abogados del Estado contra el Estado
genera malestar en un sector de la Abogacía.
[...] Abogados del Estado que tras años en la
Administración pasan al sector privado, donde son apreciados y remunerados por
sus conocimientos de derecho público. El fenómeno no es nuevo, ya que un 40% de
los 650 abogados del Estado está en excedencia. Pero los recortes a las
renovables que se suceden desde 2010 con Gobiernos de PSOE y PP para limitar la
factura eléctrica —el año pasado los consumidores pagaron 6.500 millones en
primas— han dado una vuelta de tuerca.*
Es más
rentable actuar contra España que ser pagado por ella. Incluso muchos de ellos
serán mirados con envidia por sus colegas a los que nadie llame para hundir la
nave del Estado. Salgo, me forro y vuelvo.
Se
habla en estos días de diversas formas de patriotismo. No sé en cuál de ellas
encaja estas de los abogados del Estado en excedencia que actúan contra el
propio estado. Lo que han aprendido de los mecanismos y los huecos legales, lo
vender a los que atacan a su propio país. Estarán muy orgullosos de ello.
El
cuerpo de Abogados del Estado siempre había sido una parte importante de las
élites de la administración española. Entrar en ese cuerpo solo era posible a
aquellos que eran capaces de pasar los fuertes filtros selectivos que
aseguraban una buena preparación. Ahora esa preparación, gracias a unas
inexistentes normas de excedencia, se usa contra su propio país asesorando a
todos aquellos que establezcan demandas.
El País
utiliza el ejemplo de los canteranos que le meten un gol al equipo en que se
formaron cuando juegan cedidos a otros equipos. Nada que ver la comparación. Ni
por la gravedad del asunto ni por la motivación. Esos canteranos tienen al
menos una conciencia que les impide celebrar el gol logrado para que se vea que
es su obligación y no lo hacen por gusto; respetan al público. No es el caso de estos filibusteros que piden la excedencia
para ser contratados para actuar contra quien les paga y contra la administración a la que pertenecen. Probablemente celebren sus éxitos por todo lo alto, no como los canteranos. Nadie, además, los ha echado; son ellos los que van en busca del beneficio y por eso piden la excedencia. El malestar de la abogacía está justificado.
Personas
que actúan de esta manera no son de fiar cuando regresan a sus funciones.
¿Quién asegura que no estén aprovechando su posición para una futura
excedencia? ¿Hay garantías de que lo que están haciendo ahora no sea usado
contra España en un futuro pleito? Los funcionarios que tienen como labor la
defensa de los intereses del estado deberían estar blindados para evitar este
tipo de "interferencias" y "aprovechamientos".
Es
difícil encontrar gente que sienta la vocación de servicio al conjunto de la
nación por encima de su deseo de enriquecerse. Un país moderno es un país con
una administración eficaz. Y leal. Un cuarenta por ciento de excedencias es
demasiado para cualquier cuerpo. No habla precisamente bien de una parte del
cuerpo. Una cosa es el pluriempleo y otra trabajar contra tu país.
*
"Abogados del Estado pleitean contra España fichados por fondos
‘verdes’" El País 5/07/2015
http://economia.elpais.com/economia/2015/07/04/actualidad/1436034241_793736.html
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