lunes, 5 de septiembre de 2011

El melón constitucional

Joaquín Mª Aguirre (UCM)
En los ensayos de Bertrand Russell que comentamos en el post anterior del blog el filósofo británico define la política como el arte de conseguir que los demás hagan lo que tú quieres que hagan, pero pareciendo que son ellos quienes te lo piden. Esto sitúa en una posición políticamente extraña a nuestro gobierno porque ha conseguido exactamente lo contrario: que los dos partidos mayoritarios hagan algo pareciendo que no lo quiere nadie. Es sorprendente la capacidad conjunta que tienen gobierno y oposición de enfadar a la gente y la variedad de motivos con los que lo consiguen. Han logrado que se tenga la sensación de que no existe gobierno (esto no ha sido difícil) y que todo es oposición. Como siga esto así, tendrán que acampar ellos en la Puerta del Sol.
Pero todo esto es algo más que lo que se dice en la calle. El editorialista del diario El País llegaba a la conclusión hace un par de días que tras haberse roto el cántaro, ahora hay que pegarlo y que lo más probable es que el agua se salga por las grietas producidas. Se pregunta si habrá valido la pena tanto ruido para tan pocas nueces. Tantos años sin consenso y ¡para una vez que se les ocurre ponerse de acuerdo es casi peor!

Han consagrado en la Constitución española la deuda por la misma vía con la que proclaman los candidatos a la presidencia o hacen "congresos", es decir, la fulminante y despachera. Las personas que cuentan hasta cien antes de hacer algo, que lo someten a debate y reflexión, individual y colectiva, se preguntan todavía a dónde lleva un principio que, dicen, se aplicará dentro de 10 años, tiempo más que suficiente para que haya dos o tres crisis, al ritmo que vamos, o para que se haya acabado el mundo incluso, puesto a ser catastrofistas. Pero mucho me temo que va a haber mucho entrenamiento antes de los diez años, que el melón constitucional no va a ser al único al que se le clave el cuchillo. Hay mucho melón en el horizonte próximo.
Lo que se ha conseguido con esto es declarar inconstitucional una posibilidad económica, explicada en los libros, que este mismo gobierno —y otros— ha aplicado hasta hace bien poquito. Es como si el que no quisiera olvidarse de un número de teléfono, en vez de apuntárselo en un papel, se lo tatuara. Si el objetivo es no sobrepasar un tope, se reúnen ambos partidos y se comprometen a no hacerlo. Más que suficiente. Insisto: ¿qué necesidad hay de llevar esto a la Constitución? ¿Por qué abrir este melón si no se va a comer hasta dentro de diez años, cuando a lo mejor no hace ni falta plantearlo porque la situación es otra?


¿Puede ser que, incapaces de llegar a otro tipo de acuerdo realmente importante hayan querido los dos jugar a zorros viejos y piensen que, como en el Lazarillo, el uno engaña al otro? ¿Puede ser que el PP, dando por segura su victoria electoral próxima, haya pensado que lo mejor es comprometer al PSOE y así piensa que no le recriminarán los ajustes o recortes que tenga que hacer? ¿Y que el PSOE trate de restar mérito a los ajustes exigidos si estos funcionan en el futuro señalando que fue iniciativa suya desde el gobierno?
A España, como a cualquiera, se le ha pedido que controle su descontrol, no que modifique su Constitución sin consenso, sin explicación y haciendo ver a los ciudadanos que la Constitución de todos es cosa de ellos. Por el método empleado, es probable que mucha gente se ponga en contra de una medida que a lo mejor conseguía más simpatía gestionada de otra forma.

Nuestro problema, una vez más, no es la deuda en sí, sino no tener la capacidad productiva suficiente como para poder generar lo suficiente para pagarla. Cuando uno tiene que pagar algo: trabaja más o recorta gastos. Se ha elegido la segunda vía porque es más fácil que tratar de producir más con cinco millones de parados. Si crecemos, la deuda no es más problema. El problema es que no crecemos y eso hace aumentar también el gasto social, porque al perro flaco, ya se sabe, todo son pulgas.
Sigo pensando que todo esté numerito de circo constitucional no es otra cosa que tratar de controlar a las Autonomías disparadas en la deuda, Cataluña especialmente. Ponerlo en la Constitución es una forma de abandonar el chantaje permanente al que tiene sometidos a los gobiernos centrales cada vez que hay una negociación. Esta vez la negociación no se ha hecho con los nacionalista, como se hace habitualmente,, sino los dos partidos mayoritarios. La ausencia de mayorías absolutas en España se paga muy cara. Los “socios” periféricos cobran una buena comisión por cada pacto que han de realizar. Me convence de la hipótesis planteada el enfado monumental de los nacionalistas vascos y catalanes, con su rosario de amenazas más allá de habitual. Dicho enfado testimonia que, aunque no lo digan expresamente, se les ha dejado fuera de cualquier componenda y sin comisiones que aplicar porque nadie les debe ya el precio del apoyo.

¿Habrá pensado alguno —Zapatero o Rajoy o alguien cercano a cualquiera de ellos— que se ponen los dos de acuerdo ahora y lo incorporan a la Constitución, mañana ninguno de los dos por separado puede echarse para atrás por carecer de fuerza por separado? ¿Es un pacto entre personas convencidas de no ser caballeros ni hoy, ni en el futuro?
Esperemos que todos estos cálculos no afecten a la estima que los españoles le tenemos a la Constitución y, sobre todo, al papel de garante que tiene para la buena convivencia del conjunto de los españoles.
Los melones, una vez abiertos, no duran tanto y hay que meterlos en la nevera, enfriarlos para que no se estropeen. Y esta vez, entre todos, han preparado un otoño caliente.


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