Joaquín
Mª Aguirre (UCM)
No se
terminan de resolver los problemas judiciales en Polonia. La gente quiere que
el parón a las tres leyes que el presidente tiene que ratificar sea absoluto y
no a dos de ellas. Una vez conseguido para dos, ¿por qué no las tres?, se
pregunta la gente y sigue con sus protestas activas. La tercera ley deja
igualmente la posibilidad de que sean los políticos —el ministerio— quien
nombre a los jueces. El problema y las protestas continuarán.
Mezclar
a los jueces con los políticos no es algo recomendable y mucho menos hacerlos
depender de estos últimos. Significa que la gente está indefensa, toda la gente. La Justicia está para
defender a todos los ciudadanos. Si se convierte en una herramienta partidista,
como ha hecho Recep Tayyip Erdogan en Turquía mediante la eliminación de todos
los jueces que no son de la cuerda islamista, la democracia deja de existir y
los ciudadanos dejan de tener a quién recurrir en caso de que se cometan
abusos.
La
experiencia enseña que allí donde se corrompe la justicia al ponerla en manos
de los servidores del poder esta no se detiene. La justicia deja de ser útil a
la sociedad y se convierte en una forma de ocultación de la corrupción. Basta
con levantar un teléfono para que cambie un veredicto; las diferencias entres
unos jueces y otros comienzan a ser muy amplias, etc.
Como
pilar esencial del Estado y la Sociedad, la Justicia refleja su salud
democrática y actúa como garante y cirugía. Las sentencias marcan los límites
reales allí donde antes solo están los teóricos de las leyes. La aplicación
requiere de personas sensibles a su tiempo; son herramientas humanas y
temporales.
Deben
ser capaces de tener un criterio que les permita distinguir un vicio, por decirlo así, de un cambio. Muchas veces, cuando miramos
nuestras leyes antiguas nos asombramos porque contienen un retrato viejo que no
nos gusta. A otros, en cambio, les parece que esa mirada al pasado está
justificada. Uno de los argumentos del gobierno polaco es que lo que quiere
hace ya se hizo en los años 20. ¡Estupendo argumento retroceder cien años!
No es
Polonia el único lugar con problemas con los jueces. De Egipto hemos ido
contando el enfrentamiento entre el gobierno y los jueces. El problema aquí es
mucho más complejo porque los jueces son un poder, no en el sentido democrático
definido por Montesquieu, sino un poder arbitrario que en ocasiones sirve al
poder político y en otras se le enfrenta. Lo que ha llevado a enfrentarse en
Egipto es que el gobierno ha decidido que el mecanismo interno que los jueces
querían mantener para acceder a los más altos cargos judiciales —la antigüedad—
deje de aplicarse y que sea él quien, de una terna, seleccione la persona que decida
para el cargo.
La
contestación de los jueces ha sido enviar una sola propuesta para presidir el
Consejo de Estado, la del juez Yehia Dakroury, de 69 años. Es obvio que
mandarle una propuesta a alguien que pide tres para elegir es un truco burdo que
el presidente Al-Sisi, evidentemente no ha aceptado. Mada Masr nos cuenta:
Sixty-nine-year-old judge Yehia Dakroury has
spent 41 years working in the State Council, the site of Egypt’s administrative
justice. He has served as head of the Court of Administrative Justice and the
council’s deputy head.
He was also the State Council’s sole nominee
for the position of chairman, a nomination overlooked by President Abdel Fattah
al-Sisi who, it was announced on July 19, selected judge Ahmed Aboul Azm, the
former head of the council’s legislative committee, instead.
The council’s decision to propose Dakroury
alone for the post is political. The chief judicial appointments law, passed in
April, replaced the long-standing customary principle of appointment by
seniority within Egypt’s judiciary, stipulating instead that the president will
select new chairmen from among three nominees proposed by each body. The law
was widely criticized for granting the president sweeping powers to appoint the
heads of Egypt’s judiciary.*
Según el retrato que Mada Masr hace del juez propuesto y no
seleccionado, Yehia Dakroury tiene un amplio historial de llevar la contraria a
los gobiernos, especialmente al islamista de Morsi en el que vio una clara
intromisión al situarse por encima de las leyes en su famoso decretazo de finales de 2012. A este
gobierno también le ha metido el dedo en el ojo en varias ocasiones, forma de
marcar las líneas. Especialmente ha tenido parte en el caso de las islas de Tiran
y Sanafir, que finalmente —contra las decisiones judiciales— el parlamento ha
aprobado.
Me llama la atención, en cualquier caso, algunos detalles que
del juez Dakroury se recogen en el artículo. Tras señalar algunas
intervenciones, se señalan algunas decisiones de su carrera judicial:
In April 2015, the CAJ ruled in favor of the
Interior Ministry’s decision to prevent a Libyan citizen from entering the
country because of his sexuality, a ruling that supported the ability of the
ministry to expel gay foreigners.
In May of the same year, the CAJ issued a
ruling obliging the government to ban porn websites.
Dakroury commented on both rulings, saying
that, in his view, the freedoms and rights granted by the Constitution are not
absolute, but rather are subject to the protection of family values.
In October 2011, Dakroury stated that
implementing gag orders on and banning the broadcast of Mubarak regime figures’
trials “was within the rights of the court and does not contradict the role of
the media.”
“I support the ban because broadcasting the
trials would create parallel trials on satellite channels. At the end of the
day, the judge is human, and you can deprive him of his opinion, but not his
feelings. The ban on broadcasting and publishing guarantees the integrity of
litigation,” he said in a press interview.
Dakroury also declared his opposition to the
appointment of women within the judiciary in 2010, when he served as chairman
of the State Council’s Judges Club. “A woman’s appointment as judge would
require her to sit behind closed doors with two or more male judges. This is
considered a private setting, and is prohibited by Islamic jurisprudence,” he
said at the time.*
La propuesta de los jueces para ocupar la presidencia del
Consejo de estado, entre otras cosas y según lo señalado, es alguien que: 1) no
deja entrar gais en el país; 2) no quiere que se retransmitan los juicios de
carácter político; 3) la Constitución se la salta en función de lo que él considerada
"valores familiares"; y 4) no quiere que haya mujeres entre los
magistrados del Consejo de Estado porque una mujer no debe estar en una reunión
con dos o más hombres. Se comprenderá fácilmente que lo que le han enviado al
presidente en un "juez-bomba de relojería".
Problemas no solo con los jueces y sino con el Fiscal General los
tiene Donald Trump. Los jueces, como sabemos, han estado invalidando sus
órdenes ejecutivas o reduciéndolas en sus propuestas. Ahora le toca a Fiscal
General Jeff Sessions, que tras haber sido nombrado, se inhibió allí donde
Trump esperaba que actuara como un empleado. El sentido empresarial de Trump le
hace ver a les personas que nombra como a su servicio. Él lo llama
"lealtad" y por más que le expliquen que la cosa no funciona así ha
desatado una campaña de incontinencia verbal y tuitera contra él, lo que ha
provocado un refriega dentro del propio bando republicano en el que muchos ya
están marcando distancias The Washington
Post recoge esta situación:
Rep. Mark Meadows (R-N.C.), chairman of the
hard-right House Freedom Caucus and a lawmaker with a direct line into Trump’s
inner circle, said the president’s criticism of Sessions “shows the growing
frustration of this whole Russia thing.”
“The president knows he’s innocent and doesn’t
have people defending him,” he said, adding, “I do think the attorney general
has been very loyal.”
Numerous senators issued statements Tuesday
testifying to Sessions’s personal qualities.
“Jeff Sessions is a man of integrity, loyalty,
and extraordinary character,” said Sen. Richard C. Shelby (R-Ala.). “I join the
people of Alabama in giving Jeff Sessions my deep respect and unwavering
support.”
Senate Majority Leader Mitch McConnell (R-Ky.)
told reporters that Sessions “is doing a fine job” and that he “made the right
decision to recuse himself” from the Russia probe.
Sen. Rob Portman (R-Ohio) called Sessions “a
man of deep conviction and principle who believes in the rule of law” and
“always has the best interests of our country at heart,” while Sen. Lindsey O.
Graham (R-S.C.) called him “a rock-solid conservative” and called Trump’s
tweets “highly inappropriate.”**
La idea de "loyalty" de Donald Trump es una
perversión de lo que es la función pública. Solo alguien como Trump, que carece
de sentido del Estado y de los límites de la política, interpretaría el sentido
de la "lealtad" como algo personal y no como un compromiso
institucional y con el pueblo, el de la independencia de los funcionarios que
se deben a la Ley.
Los ejemplos señalados nos muestran más empeño en el Poder
que en la Ley y la Justicia. Son formas profundamente retrógradas que no solo
tratan de poner la Ley al servicio del Poder —y alejarla de la Justicia— sino
que evitan que la sociedad pueda verse identificada con las instituciones que
deberían defenderles.
La tentación judicial
—el deseo de control de los jueces— es muy peligrosa. Transforma una democracia
en un simulacro y a una dictadura en una pseudodemocracia. Hay que evitarla.
*
"Meet Yehia Dakroury, the sidelined State Council judge" Mada Masr
19/07/2017
https://www.madamasr.com/en/2017/07/19/feature/politics/meet-yehia-dakroury-the-sidelined-state-council-judge/
**
"Capitol Hill throws up red flags as Trump moves on Sessions and possibly
Mueller" The Washington Post 25/07/2017
https://www.washingtonpost.com/powerpost/capitol-hill-throws-up-red-flags-as-trump-moves-on-sessions-and-possibly-mueller/2017/07/25/e1e3e05e-715a-11e7-9eac-d56bd5568db8_story.html
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