El mal camino

 Joaquín Mª Aguirre (UCM)

El estado invierte, las comunidades invierten, los ayuntamientos invierten. Es un dinero que sale de nuestros bolsillos ciudadanos y que va a parar a otros bolsillos. El que controla el reparto decide quién, cuánto y cómo se recibe. El que controla el reparto controla el país. Si lo que consideramos sujeto a criterios objetivos no lo está y se rige por amiguismo y favores, estar arriba trae cuenta... si no te pillan.

Algunos a los que se ha pillado se quejan de que han sido muy duros con ellos, que no esperaban condenas tan altas. Probablemente esto nazca de la idea de creerse intocables y con las espaldas cubiertas.

Les hemos escuchado pregonar su inocencia desde que saltó la liebre. Lo han sostenido durante el proceso y algunos lo siguen sosteniendo pese a todas las evidencias. Y el proceso se repite. Pero cada nuevo proceso puesto en marcha aclara más el modus operandi: la toma de las instituciones, los círculos de intereses, el desvío hacia lo que pagan comisiones.

Nuevas informaciones en RTVE.es sirven para confirmarnos el modo de operar y amplían el escenario_

La UCO cree que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha. Según el instructor, Cerdán y Díez tenían una "relación previa", aludiendo a que ya formarían parte de la presunta trama de irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico".

Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado Hirurok, que compartía información sobre rescates a través de un chat de WhatsApp. Considera que estaba "junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior".

Las operativas bajo sospecha están vinculadas a Tubos Reunidos, Mercasa, Enusa y el Parque Empresarial Principado de Asturias —todas ellas entidades en el ámbito de la SEPI— y, finalmente, el grupo empresarial Forestalia, dedicado al desarrollo de proyectos de energías renovables. En total, se concedieron ayudas y contratos públicos por valor de 132,9 millones de euros de las que, según los investigadores, el grupo Hiroruk se embolsó 750.614 euros en comisiones a través de dos empresas: Servinabar, la mercantil de la que son dueños Antxón Alonso y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que ya está en el punto de mira por la presunta trama de amaño de obra pública del caso Koldo; y Mediaciones Martínez, otra sociedad propiedad de Antxon Alonso; y Next Generation Caliope Innova.*

El modelo se repite una y otra vez: instituciones "generosas" en las concesiones, empresas que han entendido que para prosperar deben pagar sus "generosas" comisiones, que el poder se vende, compra y alquila. Da igual los sectores, lo importante son las comisiones; da igual que sea necesario o superfluo, es dinero que sale de las arcas del estado y va a bolsillos privados, una parte retorna como comisiones a los responsables de la concesión.

Los pagos repercuten en la calidad de los servicios, es una parte que no se aplica sino que se desvía. Hace unos días leíamos con sonrojo las conversaciones entre los encargados de decidir entre empresas. Debían rebajar la valoración de todas menos la que ya estaba "decidida", la que sí o sí debía ser la ganadora del concurso de la convocatoria pública.

Se resiente el mercado, sí, pero es más preocupante el efecto sobre la moral pública, sobre nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Unos sentirán vergüenza, otros indignación; finalmente los habrá que consideran que se les marca el rumbo y que una cosas son las palabras y otra la realidad cruda de los hechos.

Nos hemos preguntado estos días pasados si todo esto es una "excepción" o si se ha normalizado. Por la aparición constante de casos, parece más lo segundo que lo primero. El procedimiento estaba claro, la cantidad de casos depende de lo que puedan gestionar en la sombra, sin levantar sospechas.

Forma parte del procedimiento convencer de que son intocables, que el sistema montado no fallará, que las empresas tienen garantías de que recibirán lo acordado. Es peligroso dejar clientes insatisfechos. Y surge una pregunta: ¿se les pasó por la mente a las empresas rechazadas lo que estaba ocurriendo? ¿Sabían que si no pagaban no obtendrían nada? Me imagino que algunas lo intuirían; otras, en cambio, no se habrían enterado de nada.

El sistema tiene su parte didáctica: si hoy no eres elegida, ya sabes lo que tienes que hacer la próxima vez. ¿Nadie denunció o son esas denuncias reservadas las que han permitido empezar las investigaciones y tirar de la manta?

Este panorama no es nuevo, pero la retórica política lo hace parecer como casos esporádicos, conspiraciones políticas, judiciales, policiales. ¿Asumirán alguna vez el daño que esto hace a la democracia española, lo que significa sembrar la duda por el escenario? Significa que el esfuerzo es poca cosa y los contactos lo son todo, que si quieres prosperar ya sabes qué hacer.

En España distinguimos con claridad al "listo" del "listillo" y a ambos del "inteligente". Lo que vamos viendo es el desarrollo rápido de los listillos, de los que consideran que la legalidad es para tontos e inocentones. Ellos van por la vía rápida, la directa, la del todo controlado.

Pero para un país es, sin duda, el mal camino. Se siembra la inquietud y la duda. ¿Merece la pena ser legal?

 

* "Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y otra veintena de personas por presuntos amaños en empresas públicas" RTVE.es 29/06/2026 https://www.rtve.es/noticias/20260629/pedraz-imputa-presidenta-sepi-veintena-personas-presuntos-amanos/17136133.shtml