Padre y maestro o herederas la podredumbre

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

La prensa de hoy y los televisores de ayer nos traían el caso de la sentencia hecha pública de un caso que debería hacernos pensar. Algunos han salido ya hablando mucho de las hojas, otros algo del tronco, pero muy pocos de las raíces del problema. El diario El País no lo cuenta así:

La actividad educativa es una "misión pública" que prevalece sobre "el derecho a la protección de datos". Al menos es así, según una reciente sentencia de la Audiencia Nacional, en el caso del director de un colegio de Madrid que accedió a los datos del teléfono móvil de un alumno de 12 años para comprobar si contenía un vídeo de contenido sexual; una compañera se había quejado de que el muchacho se lo había enseñado. Así, la audiencia avala la actuación del director, porque “el derecho a la protección de datos no es ilimitado sino que, como cualquier otro, puede quedar constreñido por la presencia de otros derechos en conflicto”. La sentencia, del pasado mes de septiembre, se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

En noviembre 2011, el docente, con ayuda del informático del centro, hizo aquella comprobación y abrió expediente sancionador al niño. Poco después, el padre denunció al colegio por violación del derecho a la intimidad, privacidad y secreto de las comunicaciones; primero en un juzgado de Madrid y, después, ante la Agencia Española de Protección de Datos. La familia recurrió la decisión de la agencia y ahora la Audiencia Nacional vuelve a dar la razón al colegio.

Uno entiende que el Derecho es un gran invento de la Humanidad, que sirve para regular la vida en común, preservar la propiedad, establecer criterios sobre muchas cosas, etc., "hacer la vida más dulce", que diría algún tratadista dieciochesco. Lo que no se puede entender es que sea utilizado para justificar lo injustificable o, lo que es peor, para aplicarse sin una idea de justicia detrás. Un derecho sin justicia es poca cosa: galimatías, artificiosidad mecánica,, engorro, aburrimiento, autoritarismo... Tenemos Derecho porque queremos Justicia. Su desconexión de ese sentimiento, es su perdición, porque deriva en un normativismo que acaba creando huecos, lagunas y lecturas que sirven de amparo a la injusticia. Lo legal no siempre es lo justo y lo justo no siempre es lo legal. Lo aberrante es conformarse con un sentido de lo legal que pueda ser usado para mantener lo injusto. La respuesta positivista dice que la leyes son las vigentes, mientras que la justicia es un sentimiento variable, temporal y relativo, por eso el empeño en la letra, aunque pueda estar muerta. La justicia es un sentimiento, una aspiración humana, algo cuya ausencia vivimos como un profundo agravio; una ley, en cambio, es el resultado de unos acuerdos (no necesariamente porque las dictaduras también tienen leyes) sobre algo, resultado de intereses particulares o generales según los casos. Esa ley puede ser justa o no.

Que un niño de doce años se dedique a enseñar a sus compañeras de clase vídeos de contenido sexual puede considerarse un acción perversa —el niño promete— que se acaba en una reprimenda o sanción de diferente alcance en el marco escolar, según se valore su gravedad. Pero que los padres de la criatura inicien una acción legal contra el colegio y el profesor que le retiró el teléfono para comprobar la existencia de los vídeos, entra en un orden de cosas mucho más profundo y nos muestra la inversión de valores que nos aqueja. Bajo la apariencia de lo jurídico se usa el derecho para amparar conductas que merecen la reprobación. Los padres pueden estar orgullosos de su hijo, desde luego. El hijo ha visto respaldado en sus acciones por el ejemplar comportamiento de los padres, ciudadanos celosos de derechos como los de protección de datos o la intimidad, todos esenciales para nuestra vida democrática.

Si en vez de ser un niño de 12 años quien se lo enseñó ese vídeo de contenido sexual a la niña hubiera sido un adulto, estaríamos ante un caso que se enfocaría de forma muy distinta. ¿Le importaban los derechos de la niña al niño del teléfono? Su concepción relativista de los derecho de los demás y absolutista de los suyos nos muestra esa forma perversa de uso del derecho de los demás como forma defensiva y de los suyos de forma ofensiva.

El caso, por supuesto, será usado por los partidarios de la educación segregada, porque las "niñas nunca hacen esto porque son más buenas" y "los niños, ya se sabe, están en la edad". Será usado también por los detractores globales de las Nuevas Tecnologías, que se preguntarán "qué hace un niño con un teléfono móvil con acceso a Internet sin un padre o asesor de navegación a su lado".

El final del artículo nos ofrece una muestra de esa división de escuelas de pensamiento jurídico que dividen el Derecho por su parte profunda, que es la de quienes debaten sobre dónde hay que colocar los bueyes:

Así que, mirar el móvil era necesario para el "cumplimiento de una actividad de interés público", una de las salvedades que la normativa contempla para el tratamiento de los datos de carácter personal sin necesidad [de] consentimiento. Y resulta “notorio el interés del director del centro cual es una adecuada prestación el servicio educativo que tiene encomendado y la protección de los derechos de los otros menores, cuya guarda, asimismo, se le confía”, añaden los magistrados.

El profesor de Derecho de la Universidad Carlos III plantea algunas dudas sobre la decisión de la Audiencia. "Claro que cuando hay conflicto de derechos hay que ponderar, pero se trata de un derecho fundamental [a la privacidad, a la protección de datos personales] y probablemente habría que haber consultado a la fiscalía y a los padres antes de acceder al contenido del móvil", dice Campoy.*

Desde el momento en que lo enseñó a otros sin preguntarles su opinión, el vídeo dejó de ser "datos privados", que son los que afectan a la propia persona. A menos —espero que no— el niño en cuestión fuera el protagonista de las imágenes, no había más privacidad. Si los profesores hubieran hecho un registro rutinario y se hubieran metido en su móvil a ver qué tenía, no digo yo que no fuera pertinente la cuestión. Pero no se trata de eso, sino del uso perverso y pervertido que el niño hacía de su teléfono y de lo que contenía. Su placer era escandalizar a los demás, eso no tiene nada que ver con la "privacidad", sino por el contrario con la "publicidad" que hacía de lo que contenía. El vídeo era difundido entre sus compañeros y la "privacidad" es otra cosa. "Tener" un vídeo es privado; enseñarlo, no. El caso reciente de una  ya ex concejala y su video sexual difundido inicialmente por ella misma fue claro: dejó de ser privado desde el momento en que se lo mandó a otro. El derecho a pervertir no es un derecho.

Transmitir la sensación de que los niños y niñas deben ir con asesores legales a los colegios, que cualquier cosa es justificable por parte de los padres —que deberían haber convencido a su hijo de que lo que hizo es malo y no de que se puede uno librar de cualquier cosa con un abogado y dinero para pagarlo— no es un camino bueno para nada, especialmente para un más necesaria que nunca educación desde el principio. Pero ¿qué es hoy malo?

La educación es algo más amplio que los conocimientos y competencias, como se dice ahora. Esa misma terminología reductora y tecnocrática nos está mostrando la sustitución de valores básicos por algo mucho más frío y relativista, en la que la escuelas no es más que un receptáculo de materias aprobadas en alguna instancia superior, distante en lo ético, perdido ya lo moral, que es lo que tiene que ver con las costumbres, con lo social. Hablamos mucho de los recortes, pero poco de este fenómeno profundo y revelador. Nos hemos llenado de especialistas y expertos, pero hemos echado del sistema a los que nos avisan de nuestras taras morales, de nuestras carencias éticas como sociedad. La educación se ha reducido a una vía para conseguir un "trabajo" sin importar lo que hagas con él o desde él. No sé muy bien en qué consiste esa "calidad" que se reclama porque me da toda igual si no se entiende cuál es el verdadero sentido en un mundo algo más amplio que una fábrica, donde ya no sabemos muy bien si somos operarios, piezas o productos. Quizá todo a la vez.

Hemos creado una sociedad profundamente egoísta y agresiva, por mucho que hablemos de causas nobles y donemos órganos. Si el niño hubiera cobrado un euro a sus compañeros por ver los vídeos porno, muchos lo celebrarían como la aparición de síntomas tempranos de un joven emprendedor.  Es algo que percibes en esa indiferencia palpable en muchos niveles de la vida social. Este caso es una buena muestra de ello, de esa ausencia de sentimiento de justicia rodeado de derechos que buscan salirse con la suya ignorando el sentido de lo que deben mantener las familias, la Educación y el Derecho: la ejemplaridad. Ponemos una cosa en nuestros libros y luego, cuando levantamos la vista de su hojas, vemos otras bien distintas: corrupción, injusticia, indiferencia y egoísmo.

Los magistrados esta vez han traducido al laberinto de los derechos algo que era muy obvio, de sentido común: el respaldo a una acción del profesor. Hay muchos que se hubieran apartado del asunto para no complicarse la vida. Si los padres no lo vigilan, ¿por qué tengo que hacerlo yo?, se habría preguntado o le habrían dicho sus compañeros sensatos. Y hay que decirle claramente, sin laberintos jurídicos, que hizo lo correcto, que se comportó como alguien que le importa lo que hace y se siente responsable de las personas a su cargo.

Habrá, como se nos muestra en la información, profesores y juristas que usen el caso para su próxima clase o ponencia para una valiosa reflexión para avanzar en su largo camino hacia el reconocimiento oficial de los sexenios. Tampoco ayuda mucho la forma de titular la información ("La justicia respalda a un profesor que miró sin permiso el móvil de un alumno") por parte del medio, que más bien parece redactado por el abogado defensor antes de elaborar un recurso, al presentarlo como una arbitrariedad o un abuso sin más.

El hecho de que se llevara ante los tribunales al colegio y a su director nos muestra que algo falla en nuestra sociedad, que ese niño y sus progenitores no son casuales sino el resultado de una mentalidad que nos va minando, poco a poco. Muchos "derechos", sí, pero no avanzamos hacia donde debemos, hacia una sociedad más educada y justa, menos agresiva y egoísta.

Los padres pueden estar orgullosos de su hijo y el hijo puede estar muy orgulloso de sus padres. Algún día, hijo mío, toda esta podredumbre será tuya. Te la has ganado. Con raíces podridas, no hay ramas sanas.

* "La justicia respalda a un profesor que miró sin permiso el móvil de un alumno" El País http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/04/actualidad/1380901315_002988.html