Los políticos y el respeto institucional

 Joaquín Mª Aguirre (UCM)

No hay sensación más perversa, políticamente hablando, que la desconfianza ciudadana en la clase política. En la medida en que son "políticos" los que encabezan las instituciones, esa desconfianza se traslada a ellas. El sistema en su conjunto empieza a resentirse.

Lo que está ocurriendo con la Fiscalía General del Estado sirve para ver el grado de confusión a la que se ven expuestas las instituciones cuya percepción es que sirven a los intereses partidistas y no a la ciudadanía, como principio general.

Los informes de la UCO están ya en todos los medios y la perspectiva que ofrecen es la presunta utilización de aquellos datos que son requeridos institucionalmente para la guerra en toda regla que se produce entre partidos desde las instituciones.

En RTVE.es, se nos dan detalles de la investigación realizada sobre la filtración de datos que deberían mantenerse en su ámbito, pues independientemente de quién sea su "pareja", las negociaciones con Hacienda forman parte del ámbito restringido en el cual el ciudadano debe tener garantizado la discreción.

Se nos dice de lo que se apunta en el informe:

Del análisis de las comunicaciones intervenidas, los investigadores concluyen que "desde las 21:59h, hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51 horas, hay tan solo un número muy reducido de personas" que tienen acceso a "todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa" y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un "comunicado", sino del "periodo temporal aproximado en el que este se publicará".

En concreto, los agentes inciden en que "estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse en esta y, dentro de la misma, puede circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, al fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos".

Al hilo, apuntan que "la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y, en su contexto, la de requerir los diferentes correos, es sostenida por el fiscal general del Estado, quien imparte de forma directa las órdenes para llevar a cabo la pretendida contestación a la información publicada en prensa por el diario El Mundo".* 

El argumento que se nos da desde el PSOE es realmente curioso: el fiscal se limitó a decir la verdad ante informaciones falsas. Desde el punto de vista jurídico es un despropósito, pues no es esa la función de un fiscal, sino más bien la de garantizar la confidencialidad de lo que se estaba negociando, algo a lo que el ciudadano tiene derecho.

La idea de que estamos en una "guerra" político-informativa, en la que todo vale, es peligrosa, pues más allá de sus vinculaciones políticas o sentimentales, los ciudadanos tienen derechos que los políticos deben respetar, líneas rojas que, de ignorarse, causan un grave perjuicio a la democracia, al estado de derecho, a las instituciones.

Pero, aquí, en España, parece que vale todo.

La ejemplaridad institucional es esencial. Lo que puede ser partidista no es el problema; convertir en partidista las instituciones, por el contrario, es un grave caso por la desconfianza que provoca.

Pensemos en si las diferentes instituciones en cuya discreción confiamos, del médico al confesor, comenzaran a hacer públicos diagnósticos y pecados, atacados por una irreprimible fiebre contadora de todo lo que les hemos confiado con fines bastardos.

La teoría esgrimida sobre la "verdad" es infantil, pues no se trata de eso. No es la función de la Fiscalía entrar en las negociaciones de un ciudadano para resolver sus pleitos con Hacienda y menos todavía usarlo en una lucha política. Ahora la lucha se ha trasladado al interior del PSOE por las actuaciones realizadas.

La clase política en su conjunto debería considerar cuál es su papel, cuáles son sus límites. No deberían olvidar que esos límites existen y que debería entrar entre sus deberes su respeto. Termine como termine este caso, el daño institucional está ya hecho. 

* "La UCO ve una "participación preeminente" de García Ortiz en la filtración de los correos del caso de la pareja de Ayuso" RTVE.es / Agencias 25/11/2024 https://www.rtve.es/noticias/20241125/uco-ve-participacion-preeminente-garcia-ortiz-filtracion-correos-pareja-ayuso/16345167.shtml