El COVID-19 y la Universidad

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Tras la reunión de ayer, se ha publicado un documento con los protocolos comunes de las universidades ante la situación del COVID-19. El documento tiene por título "RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA ADAPTAR EL CURSO UNIVERSITARIO 2020-2021 A UNA PRESENCIALIDAD ADAPTADA Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ANTE UN CASO SOSPECHOSO O UNO POSITIVO DE COVID-19" y es una actualización del publicado el 11 de junio pasado.

En este documento (puede accederse desde aquí) se establecen una serie de medidas, unas muy concretas y otras muy generales, y una mezcla entre hechos y deseos. Así, entre lo posible y lo deseable, el documento navega dejando a las comunidades unas veces y a las universidades otras el desarrollo de muchas de las cosas esenciales.

Como es evidente, muchas de las cosas que se dice que se deberán hacer, especialmente en la necesaria digitalización de los campus, necesitan de concreciones presupuestarias. Pero eso es solo una parte, el proceso de adquisición es lento y mediante concursos públicos pasada ciertas cantidades. Eso implica tiempo y esto es una carrera contra reloj, ya que el curso avanza. Esto se debería haber hecho mucho antes, como suele ser la queja general. Pero, de nuevo, todo esto se ha visto sometido a la esperanza de que se acabaría rápido y pronto estaría olvidado. ¡Tremendo error! Ni el calor del verano acabó con el coronavirus ni las vacunas llegaron en septiembre, dos premisas sobre las que se construyo la inacción.

El dinero se va en ayudas y subvenciones, pero no en reformas de los sectores para hacerlos viables. Eso hace que las instituciones, en diferentes niveles, sean más débiles para enfrentarse a las situaciones. Pagamos, como ha ocurrido en la Sanidad, el deterioro de años, el olvido y los recortes en el campo de la educación.

Ya que hay que cambiar hagámoslo bien, no pongamos parches, lo que sería una mejor forma de invertir.

El documento está dividido en dos partes, estando en la primera los principios más generales y en la segunda los detalles de la aplicación, también actualizado respecto al documento de junio mencionado.

Uno de los primeros puntos es la cuestión del cuerpo docente, que ha tenido una política muy restrictiva en cuanto las concesiones de plazas y la situación de estabilidad del profesorado. Ahora, para evitar la petición de nuevas plazas, se elimina la reducción del tamaño de los grupos, con la combinación de modos. Se señala en el documento:

4. Teniendo en cuenta la escasez de recursos docentes a corto plazo, no se considera conveniente doblar las clases por grupos para mantener la presencialidad, porque ello implicaría una sobrecarga inasumible para el profesorado.

La medida es una forma de reconocimiento de la situación del profesorado, pero también una "advertencia" implícita a la tentación de hacer recaer sobre el profesorado lo que son las carencias del sistema duplicando (o triplicando) el trabajo.

Frente a esa imposibilidad presupuestaria, llamada "escasez de recursos a corto plazo", las apuestas van a por otras vías que, sin embargo, también requieren un esfuerzo presupuestario.

Más adelante, entre los últimos puntos de la primera parte, leemos:

10. Las medidas propuestas requieren una estrategia de digitalización reforzada del sistema universitario tanto para las posibles situaciones de emergencia como para una flexibilización de las modalidades de enseñanza. Dicha estrategia implica una mejora del equipamiento informático y redes telemáticas de las universidades, una capacitación del profesorado en el uso de la comunicación digital y una ayuda de la administración universitaria para la conectividad adecuada del conjunto del estudiantado, de forma que ningún estudiante sea discriminado por la persistencia de la brecha digital. Tenemos que evitar que nos sorprenda de nuevo cualquier circunstancia que interfiera en el normal desarrollo de la actividad universitaria.

11. Las medidas de digitalización y formación de los docentes tienen implicaciones presupuestarias que deberán ser tenidas en cuenta por las administraciones competentes. Las transferencias presupuestarias a las Comunidades Autónomas que el Gobierno de España ha aprobado con el fin de ayudar a que el sistema educativo, incluido el sistema universitario, puedan superar los efectos adversos de la pandemia pueden constituir un soporte presupuestario para atender a las necesidades sobrevenidas.

Es evidente que esto supone inversión y esta viene determinada por el presupuesto. Los dos párrafos apuntan a que el dinero ("transferencias presupuestarias") que llegue a las universidades se invierta en digitalización de las aulas, en mejora de las redes y en formación digital del profesorado (aunque este último punto es un tanto oscuro en su sentido final).

Lo que es evidente es que todo esto no se improvisa en ninguno de sus niveles y que conlleva esfuerzo, inversión y tiempo, algo de lo que no se dispone demasiado.

Cada universidad dispone de una serie de recursos, incluidos los de personal informático y de redes, algo que no se menciona pero que será esencial y requerirá —sí o sí— un aumento del personal porque su papel en el mantenimiento de las redes y la solución de los frecuentísimos problemas que dan es imprescindible. Sin embargo, muchas universidades también han aplicado reducción de su personal con estas funciones o la externalización a través de empresas contratadas para este fin. Esto conlleva también sus propios y variados problemas.

No todas las universidades se han tomado su digitalización de la misma manera ni con modelos coherentes, especialmente en cuanto a la didáctica, concentrándose la mayoría de los casos en aspectos meramente técnicos y sin ahondar suficientemente en la función de las herramientas y la adaptación a la función del aprendizaje. No es lo mismo tener muchos ordenadores que tener un buen uso docente de ellos.

Pero es importante diferenciar el hecho de que se tengan buenas instalaciones al hecho de que exista una docencia digitalizada. Los ordenadores de las universidades, es obvio decirlo y hay que recordarlo, están en la universidades y no en la casa de los alumnos, que es donde deberían recibir la enseñanza a distancia. Y este factor depende de muchas otras cosas, que van desde la disponibilidad de líneas rápidas en los hogares, el problema de que no haya ordenadores suficientes para todos (puede haber varios estudiantes en casa o varios teletrabajadores), pasando por el de las zonas que no tienen cobertura en lugares apartados. Todos estos problemas surgen porque no todo depende de la universidad. Algunos se pueden resolver de forma más o menos sencilla, pero todos tienen el problema de fondo, el tiempo, su paso consume el curso.

El documento sigue insistiendo en la prioridad de la enseñanza en los centros. Siempre que se pueda, nos dice, debe ser presencial. Eso sí, manteniendo las distancias reglamentadas de 1,5 metros y dividiendo los grupos rotativamente, unos en el aula y otros en casa accediendo a la retransmisión. Aunque sobre el papel es fácil decirlo, esto presenta bastantes problemas por la necesidad de transmisiones dentro del horario de clases. ¿Aguantarán los sistemas la demanda de flujo necesaria para que todos puedan emitir en directo sus clases? La inversión se hace más necesaria que nunca y el aumento de personal, pues lo que antes era alternativo y minoritario, un complemento, ahora se convierte en una demanda masiva y simultánea.

Pero hay otra parte en el documento. Las "recomendaciones" del Ministerio fijas aspectos de la enseñanza en sí, pero no desatienden los problemas reales de los contagios entre el alumnado, profesorado y personal de administración y servicios. Contagiados y contactos próximos deben seguir protocolos similares a otros casos porque aquí no hay distinción más que del espacio. Las normas de higiene son las que debe seguir cualquiera y se incluyen las normas de ventilación tras cada clase o mantener abierto mientras se pueda.

El problema de todo esto es que no es autónomo respecto al sistema general, como hemos explicado días anteriores. Lo que ocurra en la Universidad no es independiente de lo que ocurra fuera. Cualquier seguridad está expuesta a los que no cumplen sus medidas y que no será fácil detectar en Facultades numerosas que tendrán que extremar las medidas de vigilancia cada día en sus entradas. Una Facultad no es una escuela o guardería donde pueden controlar los movimientos de los niños. El movimiento es mucho mayor y las edades del alumnado están en la franja precisamente del mayor número de contagios, de 20 a 35. También parte del profesorado, administración se encuentra tanto en la parte alta de la franja y otra en la parte de riesgo, establecida en los 60 años.

Los problemas del COVID-19 y la docencia universitaria son muy diferentes a los de las escuelas. Del transporte (el ministerio de Educación, como titulaba el ABC, recomendaba el uso de bicis y patinetes, como alternativa a los autobuses escolares) al tipo de interacciones de las personas, tanto alumnos como profesorado. El mayor contacto físico de los más pequeños se contrapone al la mayor vida social de los jóvenes universitarios. El problema es que estos protocolos, que muchos se han saltado cuando les ha parecido, se pretenden ahora imponer con fuerza de norma dentro del ámbito universitario, que es un sistema de enseñanza, sí, pero a efectos nuestros es un espacio de encuentro donde da igual de qué hables y lo importante es lo que haces.

No va a ser fácil y no se puede pedir al profesorado que ejerza de Policía en sus centros, en constante vigilancia de incumplimientos, algo de los que no se habla en el documento. Como en otras esferas, el problema no es el que cumple, sino el que no lo hace. ¿Habrá que ir disolviendo reuniones? ¿Puedes hacerlo en la entrada de los centros, lugares de encuentro? ¿Es tu función?

Todo dependerá de las actitudes, pero lo que hemos visto a lo largo del verano, con el rebrote masivo de casos, los incumplimientos flagrantes y el desprecio de muchos por las normas, etc. puede ser un factor constante de choque. ¿Llegará a muchos la responsabilidad que todavía ayer no tenían?

Todos tenemos en mente las imágenes de la vida anterior en las aulas, pasillos, bares y salidas y entradas de las facultades. No es fácil desprenderse de ellas ante este futuro incierto. Hará falta estar pendiente de tantas cosas que no será fácil concentrarse en lo esencial, al menos para la institución, la docencia.

Presupuesto (y agilidad presupuestaria) y actitudes son los dos factores esenciales. El primero es importante para poder disponer de medios y recursos necesarios para lo que se pide. Lo segundo, la actitud de las personas, es fundamental, porque dará igual lo que gastemos o invirtamos si después se pierde por la irresponsabilidad de algunos. Hay que invertir en lo que se supone es nuestro fuerte, educar en la conciencia y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Sin ello, como se ha podido ver en julio, no vamos a ninguna parte. O peor, iremos al caos.