Los argumentos

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

No acabo de entender el razonamiento asumido por el conjunto del Partido Popular de que no hay que dar explicaciones "porque Bárcenas está en la cárcel". Sinceramente, no lo entiendo. Las explicaciones no se le deben dar a su ex tesorero sino a la sociedad española en su conjunto. No digo siquiera la "oposición", sino la "sociedad española", porque la explicación se debe tanto a los que no le votaron como a los que le votaron. Quizá con especial obligación a estos últimos, que les gustaría saber qué han hecho las personas a las que dieron su voto fiándose de las recomendaciones del Partido.

El argumento es falaz y, si se me permite, tonto e infantiloide. "Dar explicaciones" es "dar explicaciones" y forma parte del juego natural de la democracia. Es cierto que no es excesivamente ejemplar cómo lo usan el conjunto de los políticos españoles, pero eso no debe ser justificación para sustraer una información relevante para el conjunto de la sociedad que la reclama.

Señala Amartya Sen —el Premio Nobel de Economía— en su obra "La idea de la justicia" (2009)* que la democracia va más allá de las urnas, que los votos son solo el principio. Tras analizar el pensamiento de diversos teóricos de la Ciencia Política, señala Sen: "[...] todas estas nuevas contribuciones han ayudado a promover el reconocimiento general  de que las cuestiones centrales en una comprensión amplia de la democracia son la participación política, el diálogo y la interacción pública." (356) Una "comprensión amplia de la democracia" es ir más allá de los votos.

La reducción de la democracia y el juego político derivado a una mera cuestión de votos y mayorías, si va en detrimento de los tres factores señalados por Sen. De hacen un flaco favor al sistema reduciendo la "calidad" de la democracia, un factor que es de difícil medida —es más fácil contar votos—, pero que debe ser tenida en cuenta. La "calidad" de una democracia es la que garantiza la satisfacción social y el apoyo a las instituciones. No podemos decir que España sea un país "satisfecho" en estos momentos. Y por muchos motivos, algunos inaceptables.

El Presidente del Gobierno ha sacado el argumento de la "legitimidad" de los votos depositados en las urnas para su gobierno frente a "la calle". El argumento tiene un punto de demagógico porque no son las acciones de gobierno por las que se le piden explicaciones (ya se le pedirán en las urnas), sino por lo que no ha sido sancionado por el voto de nadie: las irregularidades que salen cada día en aspectos que afectan al partido y a algunos de sus integrantes.

Cuando el Presidente llegó al gobierno, se modificaron aspectos claves de su compromiso electoral con la explicación de que el panorama que se encontraron no se parecía al que habían contemplado al realizar sus estimaciones en los programas. Unos lo entendieron mejor que otros, pero se dieron entonces "muchas explicaciones": "no nos gusta subir impuestos, pero los subimos porque no hay más remedio", etc. El argumento del "no nos gusta pero..." se ha dado como explicación continua cuando se justificaban los desvíos de los compromisos electorales.

Lo que se está pidiendo ahora es otro tipo de explicaciones. Pero el argumento esgrimido es que nadie tiene derecho a pedir explicaciones, ni la oposición, ni la calle, ni las encuestas. Los votos dados son el compromiso del gobierno, pero también han sido dados para tener unos gobernantes transparentes. Matizo en la distinción entre "gobierno" y "gobernantes" transparentes porque en el primero está explícito que debe serlo, mientras que en el segundo está implícita la transparencia: suponemos que se presentan ante nosotros con sinceridad y honestidad. Los gobiernos tienen que ser claros y los políticos honestos. Por eso el silencio encastillado es inadmisible.

El argumento dado por el portavoz del PP, Alfonso Alonso, de que "él no conoce la financiación de otros partidos", queriendo señalar —como si fuera una partida de póker— que el que quiera ver la jugada debe enseñar antes su cartas es igualmente infantil y grotesco. Ahora mismo casi la totalidad de los partidos están ante la Justicia por un caso u otro, desde Cataluña a Andalucía, de Baleares y Valencia a Castilla-La Mancha o Navarra. Pero eso no debe ser una excusa para no dar las explicaciones que haya que dar. ¿Cuántas explicaciones? Las necesarias hasta que el caso esté aclarado y sea nítida la voluntad de transparencia, algo que no es evidente en ningún grupo político.

La vida política española no puede estar sometida a este desgaste y descrédito constante. El argumento, tan esgrimido por todos, de que la mayoría de los políticos son honestos debería completarse con que también son "tíbios", porque son ellos los que deberían tomar el toro por los cuernos y sacar adelante la confianza bajo mínimos de la sociedad española. Son los políticos los que están hundiendo la política, con sus acciones y silencios, con su ir y venir de juzgados y declaraciones. Es desalentador.

La tentación de convertir el escenario de una "moción de censura" en una especie de plebiscito que lave la cuestión es absurda. La oposición se ha adelantado demasiado en esto y algunos se han dado cuenta. Nos encontramos ante una situación en la que el número de votos o votantes no es relevante. Se trata de saber la "verdad" de algo, no de decidirla en votación, sistema en el que la democracia española ha incurrido en falta demasiadas veces. Los votos no "lavan" irregularidades; ni antes ni después.

España se enfrenta al peligro de un vacío político creado por el rechazo generalizado que la clase dirigente —con poca clase, todo hay que decirlo— está suscitando entre la sociedad. La creencia en que no existen relevos reales, sino meras sucesiones, contribuye a pensar que los escándalos se tapan y son solo los jueces los que están capacitados para destaparlos.

Dejar en manos de los jueces la resolución de esto, como hacen todos, no es más que el reconocimiento explícito de su falta de voluntad de arreglo. Invocar, en esta tesitura, la "legitimidad de los gobiernos por las urnas" es distraer la atención de la cuestión central: los gobiernos y representantes políticos, todos aquellos que reciben una responsabilidad de las urnas, son elegidos para actuar honesta, transparente y justamente. Cuando dejan de hacerlo, no pueden esgrimir en defensa de su silencio lo que debería ser su obligación: explicar sus actos. 

La ausencia de explicaciones no puede ampararse nunca en los votos. El pueblo "habla" en las urnas, sí; pero los electos tienen la obligación de dar lo que toda la sociedad está esperando, una explicación. Los gobiernos no tienen "voto de silencio".

* Amartya Sen (2010). La idea de justicia. Taurus, Madrid.