Joaquín Mª Aguirre (UCM)
El diario ABC entrelaza dos textos con una misma temática, el aumento de las violaciones. En el titulado "Crecen un 6,6% las violaciones pese a las políticas en defensa de la mujer del Gobierno", el más reciente, Pablo Muñoz analiza las cifras y las excusas. Estas se centran, como siempre, en la idea de que "ahora se denuncia más", un principio ya gastado y que resulta cada vez más pobre en la explicación. Es evidente que las denuncias (quitando el porcentaje de posibles denuncias falsas) responden a hechos. La presunción de que permanecen estables o se reducen los hechos pero aumentan las denuncias tiene un límite. Sin embargo llevamos décadas ya escuchándolo. El principio es una confesión de inutilidad operativa, pues animaría a denunciar pero no serviría para frenar los hechos denunciados, es decir, la violencia. Supone no cambiar una estrategia que se ve desbordada constantemente por los hechos. Si se redujera la violencia también acabaría descendiendo la violencia. En realidad, lo que se defienden son las políticas e instituciones creadas teóricamente para defender a las mujeres aunque no se consiga su eficacia real, algo que los hechos mismos nos muestran.
Hace
unos días criticábamos aquí las palabras de una reportera considerando que el
asesinato de una mujer no era un caso de "violencia de género" porque
el criminal y su víctima "no eran familia", lo que supone una visión
absurda más que debatida en estos años.
Pero el
diario ABC incluye en los enlaces de la noticia a otro caso muy ilustrativo
sobre lo que supone hoy la violencia de género en España. Está fechado a mediados de diciembre y su
titular es "El Ministerio de Justicia indemnizará con 60.000 euros a una
profesora de la que abusó sexualmente el ex decano de Ciencias de la Educación
de Sevilla"**
El Ministerio de Justicia indemnizará con 60.000 euros a una profesora sevillana que fue víctima de abusos sexuales por el entonces decano de Ciencias de la Educación de Sevilla, Santiago Romero, por las dilaciones indebidas en el procedimiento judicial. La abogada Amparo Díaz Ramos asegura que se trata de una actuación muy novedosa «porque esas indemnizaciones sólo se conceden a personas que pasaron algún tiempo en prisión y resultaron finalmente absueltas y no a víctimas que sufrieron retrasos injustificados en sus procesos por parte de la Administración de Justicia, como fue el caso de mi defendida».
La Audiencia de Sevilla consideró probados los abusos y el acoso sexual y condenó al catedrático, aunque se le redujo su pena de siete años y nueve meses a dos años y nueve meses de cárcel, al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, esto es, el elevado tiempo transcurrido entre los hechos y el fallo judicial.
Amparo Díaz Ramos cree necesaria una reflexión al más alto nivel
judicial sobre los abusos sexuales y cómo se está aplicando en el Código Penal
el tema de las dilaciones indebidas. «Mi defendida siempre ha
reclamado que no se normalicen las dilaciones indebidas como coartada para beneficiar a las agresiones y perjudicar a
las víctimas y creemos que esta resolución puede servir a otras víctimas de
violencia sexual y violencia de género«, dice.
Laura, una de las víctimas del exdecano, pidió esa indemnización porque la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional no se pudo ejecutar. Romero nunca entró en la cárcel y acabó beneficiándose de un caso en el que, según la resolución, los tribunales no aplicaron la diligencia debida ni la perspectiva de género.*
Como se puede intuir, la noticia tiene muchas capas de interés sobre todos los niveles del caso.
El primero de ellos es de la violencia en sí, el ejercicio continuado de la violencia sobre las mujeres aprovechando una situación de "poder". El agresor era el decano de la Facultad de Educación; las víctimas, tres profesoras a lo largo, según se nos dice, de un periodo comprendido entre "1997 y 2005",
Pero, en segundo lugar, está la dilación, eso que llamamos "lentitud de la justicia". Pero esa lentitud tiene sus ventajas para el agresor, reducciones de pena y no salir entrar finalmente en la cárcel.
Al final, la tercera capa, será el Ministerio de Justicia (todos nosotros) quien pague una indemnización a la víctima por el tiempo transcurrido esperando. ¿Esto es que la Justicia "funcione"? ¿Para esto es para lo que se anima a denunciar?
Cuando comentábamos el otro día el sistema de protección VioGen, veíamos que cada agente al cuidado tenía más de 130 mujeres bajo su vigilancia. ¿Operativo? Se producían muertes de mujeres bajo protección porque no es más que cuestión de que los criminales se decidan.
Lo que se nos cuenta de lo ocurrido en Sevilla es una vergüenza en todos los niveles. Lo es en el plano universitario por el tipo de persona que estaba al frente de la facultad, porque no se frenó lo que la mayoría sabría. Lo es en el plano laboral, pues la facultad era su espacio de trabajo, con sus representantes sindicales. Pero lo es también en el plano judicial, en el que se han dejado pasar los años ignorando el sufrimiento de las víctimas, convertidas en simples expedientes que algún día habría que "resolver".
Esto está más cerca de la realidad que esas explicaciones de que "denuncia más". Esto es un reflejo de como la violencia de género no es solo algo que "ocurre en las familias o parejas". Es un reflejo de cómo no hay respuesta judicial a lo que está bien definido en las leyes y cómo el sistema se saca de encima el "exceso de trabajo".
La violencia de género no es cuestión de una "guerra entre hombres y mujeres". Es una lucha entre un sistema que se resiste a considerar la violencia como un atentado a los derechos o a la vida de la mitad de población, que cree en el derecho del varón a ejercer la violencia... o la pasividad ante ella. No solo es cuestión de "hechos", sino de "actitudes".
En esos espacios inverosímiles que son las páginas de nuestros medios, muchas de ellas sexistas, aparecen una y otra vez los datos, a veces escondidos en el fondo. Un enlace a una entrevista anterior, de abril del 24, con la abogada Díaz Ramos lleva por titular «Nos llegan cada vez más casos de niñas de 13 ó 14 años violadas por compañeros de clase»** y en una entrada destacada afirma «Nuestros jueces, fiscales, abogados y peritos forenses son muy mejorables»**.
Mientras sigamos pensando que el aumento de casos es un "buen síntoma" porque supone "más denuncias", estaremos estancados, algo que es perceptible por el aumento de casos entre los jóvenes, que han aprendido un sistema que naturaliza su violencia (no solo la sexual).
El caso del exdecano de Educación en Sevilla es un buen ejemplo de cómo ciertas cosas se diluyen en el tiempo y en las sombras, de como el sistema se vuelve inútil contra el problema. Quizá alguno diga que la tardanza judicial es un ejemplo de lo mucho y bien que se trabaja porque no se puede abarcar todo lo generado por las denuncias, la base del sistema.
La "indemnización", dicen, es una buena noticia porque se ha aplicado el mismo criterio que con las personas inocentes encarceladas por error. Quizá sea otra ironía, como lo es su localización en la Facultad de Educación. El otro lado es, claro está, que el condenado ha visto rebajada su pena y no pisará la cárcel. ¿Otra "buena noticia"? ¿Otro "buen ejemplo"?
Son muchas cosas que hay que revisar, que ajustar a la realidad de la violencia.
* Pablo
Muñoz "Crecen un 6,6% las violaciones pese a las políticas en defensa de
la mujer del Gobierno" ABC 03/01/2025
https://www.abc.es/espana/crecen-violaciones-pese-politicas-defensa-mujer-gobierno-20250103040516-nt.html
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Jesús Álvarez "Amparo Díaz Ramos: «Nos llegan cada vez más casos de niñas
de 13 ó 14 años violadas por compañeros de clase»" ABC 14/04/2024
https://www.abc.es/sevilla/ciudad/llegan-vez-casos-violaciones-ninas-anos-cometidas-20240414141900-nts.html
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| El País |
