sábado, 15 de junio de 2013

El silenciamiento de los medios

Joaquín Mª Aguirre (UCM)
Conforme el mundo se vuelve más mediático, se complica la vida de los medios de comunicación, un "estorbo necesario" para una saludable vida democrática. Que los medios sean molestos, en un mundo tan confuso, es casi una obligación.
Como regla general, cuando un país en el que ya se dan ciertas condiciones de normalidad informativa y democrática se dedica a legislar sobre los medios, busca crear obstáculos para su labor. Cuanto menos se retoquen mejor, porque casi nunca es por cuestiones generales, sino obedeciendo a casos concretos, y eso suele ser una mala manera de legislar. 
Hay mecanismos suficientes para sancionar abusos, más que para prevenirlos (algo que siempre es peligroso en este terreno). La normalidad democrática debería favorecer siempre la normalidad informativa a través de la independencia y la pluralidad, situación que, ya sabemos, solo es perfecta en los libros. En la realidad, la situación puede ser sumamente imperfecta y siempre con posibilidad de empeorar. Pero eso no se corrige restringiendo el papel de los medios, sino asegurando su independencia.


La concepción de la política como esencialmente mediática, como una cuestión de "imagen" o "marcas" que pueden ser reconfiguradas o manipuladas para obtener un rendimiento, es uno de los grandes males de la política y de los medios mismos, que acaban pagando en muchas ocasiones su aparente poder y omnipresencia con el control y la sumisión ante terceros. Por eso es esencial el compromiso del profesional con la información y con la ciudadanía que la recibe. Muchas veces se encuentre en medio.
Es preocupante el creciente deterioro en muchas partes del mundo de la independencia de la prensa y algo tiene que ver con el crecimiento paralelo de la conciencia ciudadana. Los medios pasan a ser amigos o enemigos, afectos u opositores. En medio de esas dos tendencias se encuentran los ciudadanos que necesitan de una información lo menos condicionada posible para construir su representación de la realidad en la que viven. Los medios (y sus profesionales) viven entre el intento de instrumentalizarlos y los de silenciarlos.


Donde se pueden silenciar los periódicos o televisiones, se cierran; donde no hay posibilidad, se recortan las libertades en beneficio del silencio. De nuevo, el gobierno de Rafael Correa —ese político que rompe periódicos públicamente en sus mítines— da un paso legislativo más en su larga línea de silenciamiento mediático. Nos informa el diario El País:

Los artículos más controvertidos de la Ley de Comunicación son el 26 y el 55. El primero, según consta en el archivo final de la ley, crea el delito de “linchamiento mediático”. Esta figura queda definida como la “difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.
Según Mary Verduga, diputada de Alianza País, con este delito se pretende evitar que los periodistas afecten la dignidad de las personas. El paradigma que esgrime el Gobierno es el caso de María Augusta Calle, diputada de su partido, que sufrió un “linchamiento mediático” —palabras del propio Correa— por parte de la “prensa mercantilista”, que la acusó de vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).*


Por supuesto que la reducción de la credibilidad pública puede estar entre los objetivos legítimos de la información, especialmente cuando los afectados, sean quienes sean, son mentirosos o viven de ocultar su propia realidad. Podríamos decir, según esto, que señalar que el señor Bárcenas tienes 47 millones de euros en cuentas en Suiza forma parte de una campaña de "desprestigio", de "linchamiento mediático", según la definición de  Correa. La creación de un "delito" tan difuso y con "presunción de conspiración" es la antesala de recortes en las libertades de información. La legislación habitual contra la difamación puede ser perfectamente suficiente sin entrar en "nebulosas" en las que el hecho de que una persona sea criticada por todos los medios presuponga una "conspiración" en su contra.

Lo malo es que los políticos autoritarios tienden a ver "conspiraciones" allí donde se les critica. El primero ministro turco también ve "conspiraciones mediáticas". Sin embargo, la prensa internacional ha resaltado la falta de relieve con que una parte de la prensa turca ha reflejado los graves incidentes ocurridos estos días. No es de extrañar que esto suceda si Turquía es el país con más periodistas encarcelados. En Egipto, las denuncias del control de los medios públicos por parte de la Hermandad Musulmana de Mohamed Morsi y las presiones sobre los privados, que llegan a cerrar, es otra manifestación de este "malestar en la información" libre. No son los únicos lugares. En diferentes países de Latinoamérica ganan terreno este tipo de prácticas —judiciales, económicas— en las que los gobiernos buscan reducir la prensa que se les opone.
Las críticas vertidas en España por todos los medios ante la pretensión de una ley restrictiva de las informaciones en los procesos judiciales han sido unánimes. Aquí el caso esgrimido es el de los "juicios paralelos", que se parece demasiado a la idea de Correa de los "linchamientos mediáticos". Los argumentos dado por el ministro Gallardón no han convencido a nadie y so, por cierto, bastante pobres y lamentables.


Los cauces de la justicia ordinaria son más que suficientes para evitar o sancionar los comportamientos que se excedan en lo que marca la ley. Plantear una ley de este tipo en el momento en que está pasando por los juzgados una parte importante (en cantidad y calidad) de la clase política y empresarial de este país es una auténtica provocación. La clase política debe asumir que el abarrotamiento de los juzgados por casos de corrupción es algo que se debe a su propia inoperancia y que el mero planteamiento de una ley así no puede ser analizado independientemente de la situación en que se presenta. Si quieren favorecer el trabajo de los jueces —algo que todos deseamos—, que les den más medios para realizar su labor.


La prensa no es perfecta, ni mucho menos, y tiende en muchas ocasiones al abuso, como se ha mostrado suficientemente en Reino Unido, por ejemplo, con el caso de News of the World. Pero los mecanismos no pueden ser el recorte de las informaciones sino la sanción de las conductas que lo merezcan. Informar implica una responsabilidad muy grande; informar bien, una obligación, una aspiración permanente. "Bien" significa aquí navegar de forma equilibrada entre una serie de derechos, individuales y colectivos, algo que no siempre es claro, fácil o sencillo. Se pueden contar casos en los que la prensa puede haber entorpecido un caso judicial, pero se pueden contar muchos más en los que la prensa ha puesto a trabajar a los jueces con sus informaciones. Eso no se debe olvidar.

Los abusos informativos se pueden dar y, de hecho, se dan cada día, pero es importante saber discriminar lo que es el abuso de unos profesionales o medios concretos y lo que actúa en detrimento de la información a la ciudadanía. Siempre se ha pensado que la libertad implica riesgos de mal uso. La restricción de la información, por el contrario, es una completa garantía de la pérdida de libertad de todos. El silencio no es nunca democrático.
Las garantías deben surgir de una conciencia profesional estricta que valore su propio papel en la vida democrática. Los medios también deben ser autocríticos, analizar su propio papel y comprender que su comportamiento determina muchas otras cosas. Esto no solo debe verse como "poder", sino esencialmente como "responsabilidad". La esencia de la prensa no es ser "poderosa", sino ser veraz y responsable. Mientras actúe bajo esos criterios está cumpliendo con sus objetivos.


* "Correa crea el delito de “linchamiento mediático” para controlar a la prensa" El País 14/06/2013 http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/14/actualidad/1371232204_252270.html





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