Joaquín
Mª Aguirre (UCM)
Conforme
el mundo se vuelve más mediático, se complica la vida de los medios de
comunicación, un "estorbo necesario" para
una saludable vida democrática. Que los medios sean molestos, en un mundo tan confuso, es casi una obligación.
Como
regla general, cuando un país en el que ya se dan ciertas condiciones de normalidad
informativa y democrática se dedica a legislar sobre los medios, busca crear obstáculos
para su labor. Cuanto menos se retoquen mejor, porque casi nunca es por cuestiones generales, sino obedeciendo a casos concretos, y eso suele ser una mala manera de legislar.
Hay mecanismos suficientes
para sancionar abusos, más que para prevenirlos (algo que siempre es peligroso
en este terreno). La normalidad democrática debería favorecer siempre la normalidad
informativa a través de la independencia y la pluralidad, situación que, ya sabemos, solo es
perfecta en los libros. En la realidad, la situación puede ser sumamente imperfecta
y siempre con posibilidad de empeorar. Pero eso no se corrige restringiendo el papel de los medios, sino asegurando su independencia.
La concepción de la política como esencialmente mediática, como una
cuestión de "imagen" o "marcas" que pueden ser reconfiguradas o manipuladas para obtener un rendimiento, es uno
de los grandes males de la política y de los medios mismos, que acaban pagando en muchas ocasiones su aparente poder y omnipresencia con el control y la sumisión ante terceros. Por eso es esencial el compromiso del profesional con la información y con la ciudadanía que la recibe. Muchas veces se encuentre en medio.
Es
preocupante el creciente deterioro en muchas partes del mundo de la independencia de la prensa y algo tiene que ver con el crecimiento paralelo de la conciencia ciudadana. Los medios pasan a ser amigos o enemigos, afectos u opositores. En medio de
esas dos tendencias se encuentran los ciudadanos que necesitan de una
información lo menos condicionada posible para construir su representación de
la realidad en la que viven. Los medios (y sus profesionales) viven entre el intento de instrumentalizarlos y los de silenciarlos.
Donde se pueden silenciar los periódicos o televisiones, se cierran; donde no hay posibilidad, se recortan las libertades en beneficio del silencio. De
nuevo, el gobierno de Rafael Correa —ese político que rompe periódicos
públicamente en sus mítines— da un paso legislativo más en su larga línea de
silenciamiento mediático. Nos informa el diario El
País:
Los artículos más controvertidos de la Ley de
Comunicación son el 26 y el 55. El primero, según consta en el archivo final de
la ley, crea el delito de “linchamiento mediático”. Esta figura queda definida
como la “difusión de información que, de manera directa o a través de terceros,
sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno
o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona
natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.
Según Mary Verduga, diputada de Alianza País,
con este delito se pretende evitar que los periodistas afecten la dignidad de
las personas. El paradigma que esgrime el Gobierno es el caso de María Augusta
Calle, diputada de su partido, que sufrió un “linchamiento mediático” —palabras
del propio Correa— por parte de la “prensa mercantilista”, que la acusó de
vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).*
Por
supuesto que la reducción de la credibilidad pública puede estar entre los
objetivos legítimos de la información, especialmente cuando los afectados, sean
quienes sean, son mentirosos o viven de ocultar su propia realidad. Podríamos
decir, según esto, que señalar que el señor Bárcenas tienes 47 millones de euros
en cuentas en Suiza forma parte de una campaña de "desprestigio", de
"linchamiento mediático", según la definición de Correa. La creación de un "delito"
tan difuso y con "presunción de conspiración" es la antesala de recortes
en las libertades de información. La legislación habitual contra la difamación
puede ser perfectamente suficiente sin entrar en "nebulosas" en las
que el hecho de que una persona sea criticada por todos los medios presuponga
una "conspiración" en su contra.
Lo malo
es que los políticos autoritarios tienden a ver "conspiraciones" allí
donde se les critica. El primero ministro turco también ve "conspiraciones
mediáticas". Sin embargo, la prensa internacional ha resaltado la falta
de relieve con que una parte de la prensa turca ha reflejado los graves
incidentes ocurridos estos días. No es de extrañar que esto suceda si Turquía
es el país con más periodistas encarcelados. En Egipto, las denuncias del
control de los medios públicos por parte de la Hermandad Musulmana de Mohamed
Morsi y las presiones sobre los privados, que llegan a cerrar, es otra manifestación
de este "malestar en la información" libre. No son los únicos lugares.
En diferentes países de Latinoamérica ganan terreno este tipo de prácticas —judiciales,
económicas— en las que los gobiernos buscan reducir la prensa que se les opone.
Las
críticas vertidas en España por todos los medios ante la pretensión de una ley
restrictiva de las informaciones en los procesos judiciales han sido unánimes.
Aquí el caso esgrimido es el de los "juicios paralelos", que se
parece demasiado a la idea de Correa de los "linchamientos
mediáticos". Los argumentos dado por el ministro Gallardón no han convencido a nadie y so, por cierto, bastante pobres y lamentables.
Los cauces de la justicia ordinaria son más que suficientes
para evitar o sancionar los comportamientos que se excedan en lo que marca la
ley. Plantear una ley de este tipo en el momento en que está pasando por
los juzgados una parte importante (en cantidad y calidad) de la clase política
y empresarial de este país es una auténtica provocación. La clase política debe
asumir que el abarrotamiento de los juzgados por casos de corrupción es algo
que se debe a su propia inoperancia y que el mero planteamiento de una ley así
no puede ser analizado independientemente de la situación en que se presenta. Si quieren favorecer el trabajo de los jueces —algo que todos deseamos—, que les den más medios para realizar su labor.
La
prensa no es perfecta, ni mucho menos, y tiende en muchas ocasiones al abuso,
como se ha mostrado suficientemente en Reino Unido, por ejemplo, con el caso de News of the World. Pero los mecanismos no
pueden ser el recorte de las informaciones sino la sanción de las conductas que
lo merezcan. Informar implica una responsabilidad muy grande; informar bien,
una obligación, una aspiración permanente. "Bien" significa aquí navegar de forma equilibrada
entre una serie de derechos, individuales y colectivos, algo que no siempre es
claro, fácil o sencillo. Se pueden contar casos en los que la prensa puede haber entorpecido un caso judicial, pero se pueden contar muchos más en los que la prensa ha puesto a trabajar a los jueces con sus informaciones. Eso no se debe olvidar.
Los
abusos informativos se pueden dar y, de hecho, se dan cada día, pero es
importante saber discriminar lo que es el abuso de unos profesionales o medios
concretos y lo que actúa en detrimento de la información a la ciudadanía.
Siempre se ha pensado que la libertad implica riesgos de mal uso. La
restricción de la información, por el contrario, es una completa garantía de la
pérdida de libertad de todos. El silencio no es nunca democrático.
Las
garantías deben surgir de una conciencia profesional estricta que valore su
propio papel en la vida democrática. Los medios también deben ser autocríticos,
analizar su propio papel y comprender que su comportamiento determina muchas otras
cosas. Esto no solo debe verse como "poder", sino esencialmente como
"responsabilidad". La esencia de la prensa no es ser "poderosa", sino ser veraz y responsable. Mientras actúe bajo esos criterios está cumpliendo con sus objetivos.
*
"Correa crea el delito de “linchamiento mediático” para controlar a la
prensa" El País 14/06/2013
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/14/actualidad/1371232204_252270.html
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