Los registros egipcios

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Las intervenciones de las fuerzas armadas y de seguridad contra diecisiete organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, en Egipto marcan una nueva escalada en el conflicto abierto con la revolución. Es indudablemente un nuevo retroceso o, si se prefiere una reafirmación de carácter totalitario de la cúpula militar. Se están usando las leyes de la dictadura, hechas a la medida de la dictadura, contra la sociedad civil para mantener el control.

La dictadura de Mubarak tenía (y tiene) un aparato legal con una serie de restricciones aplicadas a todos aquellos que pudieran suponer un peligro para el poder. Existen leyes expresamente aprobadas para prevenir movimientos de los opositores.

Uno de los aspectos que el estado controlaba más era el movimiento de capitales desde el exterior. Se aseguraba así que nadie obtuviera financiación como apoyo de actividades que pudieran no interesarle. En la misma medida, como quien tenía la capacidad de autorización era el estado, podía permitir aquellas entradas a quien le viniera en gana y a la velocidad que le apeteciera, convirtiendo, si así le apetecía, en eterna cualquier introducción de materiales o financiación de proyectos, incluidos los de investigación.

No es lo único legislado con este fin obstruccionista. La leyes de Mubarak prohibían votar a los egipcios residentes en el exterior, el 10 por ciento de la población aproximadamente. Afortunadamente la judicatura reaccionó, gracias a la presiones de los egipcios de dentro y fuera del país, para que pudieran ejercer su derecho al voto por correo en estas elecciones últimas. Incluso con ello aprobado, todo han sido pegas. También prohibían que personas residentes en el exterior durante un tiempo pudieran ser candidatos en las elecciones. Las condiciones y autorizaciones para aceptar asociaciones o partidos son otra forma burocrática más de controlar quién está en la vida política. Todo el aparato legal actuaba como una gigantesca muralla china dedicada a aislar del exterior a aquellos que le interesaba dejar sin recursos de organización, comunicación, etc. La amenaza de ser acusados de forma desproporcionada de crímenes contra el estado por recibir subvenciones hacía que se extremaran la precauciones y que se tuviera la amenaza permanente de la intervención y el arresto. Lo que ocurriera después, podía oscilar entre el susto intimidatorio o la desaparición en función de la posible repercusión del caso. Nadie necesita descubrir ahora los métodos de la dictadura de Mubarak. La Junta Militar no los ha olvidado.

El gesto de la Junta Militar con los registros debe interpretarse en dos sentidos, el exterior y el interior. Desde el punto de vista internacional, es un ataque a los países, especialmente a Estados Unidos, que están criticando abiertamente el comportamiento totalitario de los militares egipcios, la represión brutal de la sociedad civil, y su más que oscura participación, por acción u omisión, en los episodios que están ocurriendo desde enero, especialmente los sectarios contra los cristianos coptos y contra la embajada de Israel. Estados Unidos está presionando en la sombra y a la luz. La financiación que el ejército egipcio recibe de Estados Unidos, 1.300 millones de dólares anuales, convierten en un mal chiste el argumento de que la represión social que ejercen es un asunto interno, argumento que utilizan entre otros, Siria, por ejemplo, para masacrar a sus ciudadanos. Por eso el hecho de que varias de las ONG y Fundaciones intervenidas y registradas sean norteamericanas se ha entendido como una agresión a los Estados Unidos. No ha sido solo contra ellos. La SCAF cree que un simple aumento de la inestabilidad en la zona es suficiente para que Estados Unidos y Occidente transijan con sus violaciones de los derechos humanos, como lo hicieron con Mubarak durante décadas. Sin embargo, pienso que se están engañando en este sentido, que ese juego está desgastado.

En clave interna, la cuestión es peor. Significa ir contra el apoyo que estas y otras instituciones, sobre todo las que vigilan el cumplimiento de los Derechos Humanos frente a las violaciones sistemáticas de los militares, están dando a la sociedad civil, ayudándola a vertebrarse frente a unos partidos que se ven ganadores y controlan la sociedad por la base después de ochenta años. Es ya indudable que el ejército egipcio ha realizado su elección —como escribíamos ayer y en días anteriores— por una sociedad que “respete” a los militares y no que le exija cuentas por lo hecho en los últimos sesenta años en los que tomó y controló el país, en lo militar y en lo económico. De la misma forma que algunos en Egipto ponían sobre la mesa el argumento de que Hosni Mubarak no debía ser llevado ante los tribunales por el respeto que se le debe a una "persona mayor", algunos establecen una analogía con el Ejército, en el que ven una institución venerable y nacionalista haga lo que haga. Es el patriarcado militar.

El asalto, registro e incautación de documentos, ordenadores, etc. es el intento de cortar las posibilidades de que Egipto más allá los grupos islámicos y los militares. Unos y otros representan una forma de concebir el país, el poder y la sociedad mucho más próxima de lo que parece. Curiosamente lo que a unos les importa más, a los otros no les quita el sueño, lo que permite esta especie de acuerdo cruzado: yo te dejo la sociedad a través de las costumbres (control horizontal) y tú me dejas el poder a través del ejército (poder vertical). En la misma línea, buscan el enemigo convergente, aquel contra el que unos y otros puedan cargar creando un discurso común. Nadie se conoce mejor que estos viejos enemigos, ahora apuntando en una misma dirección. Ese punto de convergencia es aquel contra el que una parte importante del mundo árabe sigue respondiendo de forma conductista, el antioccidentalismo, término en el que se encuentran integrados el laicismo y el liberalismo, auténticos enemigos comunes desde esa mentalidad tradicional. Solo desde esa perspectiva de un estado laico y democrático para Egipto se ha planteado la posibilidad de llevar a los tribunales a los que han vulnerado los Derechos Humanos. Por eso se trata de hacer ver que los que los defienden son agentes extranjeros, un peligro para Egipto.

Todos los dictadores, sin excepción, han hecho ver que lo que ocurría y ocurre en sus países era fruto de los enemigos exteriores, de los agentes occidentales que desestabilizaban a sus felices poblaciones, que nadaban en la paz y la riqueza. Ninguno asumió que era su pueblo el que se levantaba porque no soportaban tanta corrupción y brutalidad. Unos dieron la vida; otros se subieron al carro.

Atacando desde su legalidad dictatorial se trata de hacer creer al pueblo egipcio —a aquellos que están dispuestos a creerlo— que todos los que se manifiestan en las plazas, que asisten a clases aceleradas sobre política, comunicación, etc., para llegar a la gente con sus mensajes políticos son traidores vendidos a potencias extranjeras. Se trata de hacer ver que  son antiegipcios, antipatriotas, enemigos del país. Y nada más lejos de la realidad.

Las treinta y seis ONG egipcias que han denunciado al Ejército ante  las Naciones Unidas han comprendido rápidamente la maniobra. Los países que estaban ayudando a la sociedad en el camino hacia una democracia moderna, como Alemania, a través de la Fundación Konrad Adenauer, están preocupados y tendrá consecuencias sin duda. Buscan aislarlos, dejarlos en soledad y silencio, desasistidos, al margen de una sociedad que parece ya repartida. Mientras tanto, ni Jueces ni Fiscalía parecen no estar preocupados por la tradicional financiación que llega habitualmente del Golfo. Para esa, todos somos hermanos.

Los registros son preocupantes porque son un paso más hacia una situación grave —el silenciamiento de la disidencia—que tendrá su revisión crítica en poco menos de un mes, cuando los egipcios hagan balance el 25 de enero del primer aniversario de la revolución. Algo que podrá celebrarse en las plazas, pero difícilmente en los cuarteles en los que nada ha cambiado.