Joaquín
Mª Aguirre (UCM)
"¡Ah!,
sabedlo: este drama no es una ficción ni una novela. All is true, todo es tan verdadero que cada cual puede reconocer
los elementos del mismo en su casa, quizás en su propio corazón." Son las
palabras de Honoré de Balzac al comienzo de su Papá Goriot, una de sus obras maestras, que ya nos avisan desde un
extraño estatus, de los que nos saben distinguir realidades de ficciones viviendo
en un mundo tramposo.
El
nacionalismo secesionista es tramposo y gustar saltar de la realidad a la
ficción o, lo que es lo mismo en este caso, de las leyes a la política y de
la política a las leyes. Vaya por delante algo: lo
ocurrido en Cataluña por parte de su gobierno legítimo es grave porque
precisamente eran "legítimos", por lo que eran los doblemente obligados a cumplir las
leyes. Pero Puigdemont y demás solo querían "producir sus propias
leyes" sin aceptar las otras. Ahora interesa hablar de
"política" a los que siempre han hablado de "legitimación"
de lo declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y los jueces. Han hecho
"política" jugando al "mandato".
Toda la
estrategia del secesionismo partía de la separación de Cataluña, su
equiparación con España y una vez hecho sentarse a negociar no se sabe bien
qué. Son muy suyos de creerse su propio cuento de la lechera. Pero los demás
tienen la obligación de mantener la legalidad de todos y no dejarse arrastrar
por el delirio nacionalista.
Lo
hecho por el señor Puigdemont y compañía es vulgar: un intento de secesión, es
decir, un golpe de Estado autonómico, localizado. Para ello tenían a su
servicio las instituciones, incluidos los Mozos, a los que se manejó y manipuló
políticamente. Lo mismo hicieron con los funcionarios, a los que instaron a la
desobediencia, creando un conflicto.
Los
hechos acontecidos son un estado de desobediencia a las leyes y a los mandatos
judiciales sin precedentes. Es decir, el señor Puigdemont y su gobierno están
en rebeldía desde hace meses. Y han utilizado los fondos públicos para hacer
algo contra la ley, es decir, malversación. Por todo ello, la Justicia les pide
explicaciones.
Hasta
el último momento, ante la gravedad de las medidas que se sabía que tendrían
que tomarse para restituir el orden constitucional, se le dieron todo tipo de
facilidades y oportunidades para la rectificación. Pero hizo caso omiso de
todos ellos. Obvió hasta la presencia en el Senado, cámara territorial. Celebrando
un referéndum ilegal, prohibido expresamente por ser su finalidad
anticonstitucional, el señor Puigdemont consideró que los resultados eran su nueva fuente de legitimidad y legalidad
e ignoró todo lo demás.
Ahora
le realidad les muestra la diferencia con la ficciones. Lo que no han querido
creer por boca de todos, de todas las instituciones, se hace ahora angustiosamente
palpable.
Es una
vergüenza intelectual y una maldad interesada calificar como
"opositores" —como ha hecho el señor Pablo Iglesias, que no sabe cómo
salir a flote de su propio naufragio— a las ex responsables de las
instituciones catalanas.
Los
"opositores" forman parte del "sistema". Los secesionistas
no son opositores porque no lo
aceptan, sino que lo han destruido. Se llama sencillamente "golpismo"
o si lo prefieren "autogolpe" puesto que ellos seguían en el poder.
Lo que ellos han sostenido es que la legalidad española no es pertinente.
Descubran
ahora que su plan es suicida y solo les queda el argumento de siempre, la
"pena universal", convertirse en mártires de un sistema que se han
saltado ampliamente en todos los niveles, el político y el jurídico,
desmontando el Estado creando organizaciones paralelas, incitando a la
desobediencia, etc.
Cuando
la Ley entra en acción exigiendo responsabilidades legales, entonces es el
momento de convertirse no en parientes
lejanos si no en próximos opositores.
La insistencia en preguntarles si se había proclamado una república no era una
cuestión baladí, sino el eje de la sedición.
Los
grupos secesionistas se han contagiado de la CUP, son antisistema. Pero la CUO no tenía la responsabilidad del gobierno. El
"sistema", en este caso es España y su ordenamiento jurídico, con el
que Puigdemont y demás han atentado. Ahora, de nuevo, vuelven a la carga con la
pena y el plebiscito, que es una especie de operación hermenéutica cuya
finalidad es volver al bucle.
Diga lo
que diga Iglesias desde sus peculiares posturas, no son "opositores".
La "oposición" es una postura legítima y deseable en una democracia.
Ellos eran las autoridades. Y lo han sido para lo que les ha interesado.
Todas
las personas que comprenden el dramatismo y la gravedad de lo hecho en y con
Cataluña entienden que nadie pueda quedar al margen de la Ley. Ha sido
Puigdemont el que no ha aceptado la política. Sus objetivos están al margen de
la política y siempre lo han estado ya que nadie ha puesto la independencia
sobre la mesa. Su irresponsabilidad es suya, exclusivamente suya. Es además,
una irresponsabilidad premeditada, y presentada orgullosamente como un desafío
a una autoridad, la legalidad española, que no reconocen.
La Ley
es la Ley y la política la política. Ambas son ámbitos separados y así debe
ser. No hay presos políticos; ha personas que han vulnerado las leyes, que las
han incumplido y que han realizado actos que la justicia cree constitutivos de
delito y sujetos a responsabilidad.
Lo que
ocurre no es causa de juego o chiste. Es de una seriedad histórica pues nuestra
convivencia, nuestra legalidad —algo que ha costado mucho tener— incluso la
prosperidad de todos.
Los que
han querido vivir una fantasía, una ficción, la de una república secesionista,
pueden seguir con sus delirios. Pero las leyes nos traen a la realidad, una
realidad además sobre la que han engañado a muchos catalanes pensando que el
mundo estaba a su lado, que iban a ser recibidos al día siguiente.
Se
trata ahora de dañar la imagen de España, de convertirse en víctimas cuando son
ellos los que han desoído todas las advertencias en todos los órdenes. Como no
les importa ni nunca les ha importado España, no les preocupa lo más mínimo. Lo
llevan haciendo años. Todas estas cosas del "juicio justo" de
Puigdemont, etc. forman parte de la farsa del descrédito. Puede seguir paseando
por Bruselas como "político", pero es algo más lo que se espera de
él: que rinda cuentas. Y con claridad. No está por encima de la ley, mal que
sea española.
No
sabemos qué ocurrirá en el ámbito político, pero sí debemos asegurarnos de ser
un estado de derecho. Y eso se hace cumpliendo todos la ley, dando derecho a
defenderse ante un tribunal. Aquí no hay nadie "culpable" hasta que
lo digan los jueces. Sí hay "responsables", en cambio, en el ámbito
político, un orden distinto cuya finalidad es otra.
La
estrategia, una vez fallados los planes, estaba cantada. Mucho ruido, mucha
provocación. Es lo que les queda a quienes no han respetado nada y llevan años
preparando esta situación. No pueden argüir opresión
porque su propia prosperidad les delata. Tienen las mismas libertades que
todos, las que les garantiza la Constitución que ignoran y denuestan. También las mismas responsabilidades.
No es
una aventura asamblearia callejera lo que se ha producido, sino un intento de
ruptura del estado. Son palabras mayores que algún nuevo Pérez Galdós contará en el
futuro como episodio nacional. Pero, hoy por hoy, All is true.
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