Joaquín
Mª Aguirre (UCM)
La
sesión que el presidente El-Sisi le pidió al parlamento egipcio para resolver
el malestar general por los acontecimientos policiales y protestas sociales
consecuentes se produjo ayer. Ahram Online titula su información "Egypt
parliament divided over police reforms" y no es mucho más lo que han
logrado más allá de manifestar la división imperante.
Los que Ahram Online
llama los "liberales" han denunciado las actuaciones de la Policía y
han pedido la dimisión del ministro del Interior, al que consideran responsable
de lo que hacen las personas bajo su mando. Es fácil de entender y es lo que se
suele hacer. El diputado Anwar El-Sadat, tras pedir la dimisión del ministro
Abdel-Ghaffar, ha aprovechado para hacer extensiva la petición a cualquier
ministro según ese principio de responsabilidad. Los diputados liberales han
expuesto la necesidad de afrontar la situación respecto a los abusos.
Dentro de lo previsible del debate, sin embargo, han
aparecido algunas novedades:
Samir Ghattas, a political researcher and MP
for Cairo's Nasr City district, said that low-ranking policemen who were
dismissed from the interior ministry after the 25 January revolution, and
were allowed to re-join the ranks of the ministry, have formed a coalition
entitled the “Police Ultras.”
"This coalition has become a big danger
to the Egyptian state, because its members have gone out of control in the
recent two years, giving themselves a free hand to perpetrate all kinds of
abuses such as imposing fees on citizens and trading in banned goods without
facing any kind of accountability," said Ghattas.
"In 2015 alone, it was reported that
low-ranking policemen opened fire on citizens seven times. Shootings have
become a phenomenon and we all should stand up to it," he added.
'Unruly group'
Ghattas stressed that the interior ministry
move quickly to bring this "unruly" group of "Police
Ultras" under control before they impose their say on the Egyptian
state.
"They now aim to score political gains by
compelling the state to turn a blind eye to their abuses all the time,"
said Ghattas.
He said that after the June 2013 mass protests–
which put an end to the Muslim Brotherhood rule– citizens demanded that the
interior ministry be back in full force to impose the rule of law on streets.
"But now we see that some members of
the security apparatus have acquired huge powers and that they are using them
to violate the law and abuse the rights of citizens," said Ghattas.*
Evidentemente no tenemos motivos para no creer en lo que
dice el señor Ghattas, pero resulta demasiado sencillo para explicar la
totalidad de los abusos y la naturaleza de los incidentes producidos. Estos
deben ser contemplados en las diferencias de objetivos que muestran. Por más
que todos estén reflejando una falta de control de la Policía, una buena parte
de ellos está al servicio del Estado. Hay una violencia callejera de la
Policía, por decirlo así, un abuso personalizado y en grupo, que va de la
intimidación al asesinato en una discusión y otra, en cambio, que surge al
servicio del propio Estado y que busca la desaparición de los opositores. Hay
una espontánea y personal, mientras que existe otra institucional y
premeditada. También existe una mezcla de ambas cuando en un contexto
represivo, alguien puede tomar decisiones personales y apretar un gatillo, como
ocurrió en la muerte de Shaimaa al-Sabbagh, la activista muerta a sangre fría
en una manifestación.
La existencia de un grupo de "Ultras" policiales
tiene mucho de separación forzada de la violencia creando una institución
"fantasma" a la que responsabilizar de lo que ocurre. Es una
respuesta muy "egipcia", pero es muy insuficiente y requiere muchas
más aclaraciones que las dadas por el diputado Ghattas. Por más que existiera
ese grupo, estaría por ver qué responsabilidad real tiene en los casos
concretos, que se reparten por el país y que muchos de ellos han sido de
carácter espontáneo.
La observación de Ghattas sobre la demanda social de violencia contra los Hermanos Musulmanes en 2013
("citizens demanded that the interior ministry be back in full force to
impose the rule of law on streets"), tras el golpe de estado, tiene
diferentes lecturas posibles. Una de ellas es moral: cuando se exige la
violencia "selectiva" esta se vuelve "indiscriminada". O no
es tan fácil liberarse de los monstruos una vez creados, podríamos decir.
El régimen de El-Sisi recibe su bautismo de sangre con las
brutales disoluciones de las sentadas islamistas de protesta, con cerca de mil
muertos. Unos días antes, El-Sisi pidió una gran manifestación que actuara como
plebiscito para mostrar al mundo que tenía el apoyo social para acabar con las
sentadas. Es difícil que un régimen pueda construirse en la normalidad tras ese
nacimiento en un baño de sangre. Se creó en ese momento un monstruo con el que
habría que convivir y al que se aplaudía por su eficacia. Era la misma eficacia
que había demostrado anteriormente contra los revolucionarios que actuaban
contra el régimen de Hosni Mubarak. Nadie les hizo responsables de las muertes
contra los activistas como nadie le haría responsables de las muertes en la
sentada. Tampoco les hizo nadie responsables de las muertes de la época
anterior. El mensaje es claro: sea quien sea el que esté al mando del Estado,
necesita de un cuerpo que resuelva sin escrúpulos la resistencia. La Policía
egipcia ha cumplido fielmente su labor de sostén del régimen fuera quien fuera.
Ha habido ministros del Interior que sirvieron con la misma eficacia en la
época de Mubarak, con los Hermanos Musulmanes y contra ellos, con El-Sisi. Los
militares se encargaron de que las carteras de Interior y Defensa quedaran bajo
su control, lo que le costó a Morsi que su Ministro de Defensa, Abdel Fattah
El-Sisi, fuera quien le derrocara tras ignorar las peticiones que se le
hicieron.
El único conflicto que recuerdo que se planteara con la
Policía en todos estos años, hasta el momento, fue el que se produjo por la
petición de numerosos agentes para que se les permitiera dejarse barba, algo que estaba prohibido en la época de Mubarak. Los islamistas dentro de la Policía querían salir del armario y manifestarse como
tales.
El otro bando, el oficial, usa dos tipos de argumentos: a)
tratan de hundir al estado con sus críticas a la Policía; y b) los Estados
Unidos lo hacen. Ninguno de los dos argumentos es novedad y se usan con
frecuencia. Pero haya algunas consideraciones que deben ser tenidas en cuenta.
Señalan en
Ahram Online:
"We see that the majority of police
officers respect the law, but the problem lies with this limited sector of
low-ranking personnel who serve as assistants to police officers," said
businessman Mahmoud Khamis.
Khamis defended the interior ministry
strongly, arguing that it played a pivotal role in countering the waves of
terrorism that swept Egypt after the removal of former Islamist president
Mohamed Morsi from office.
"Official statistics show that only eight
low-ranking police personnel – out of a total 400,000 – opened fire on
citizens in 2015, this is not a phenomenon," said Khamis, adding that
"in America dozens of policemen were convicted of gunning down citizens
in the streets."
Outspoken independent MP Mortada Mansour said
that "those who call for reforming the interior ministry are in fact
trying their best to undermine the Egyptian state."*
El millonario Khamis tiene una visión "ejecutiva"
del problema: no son los directivos los que fallan (los oficiales), sino los
trabajadores (los policías "low-ranking"). Es interesante este punto
de vista de los empresarios del régimen porque se ve claramente su orientación
y su perspectiva de los problema. Mansour es otro partidario del régimen y
acérrimo atacante de los activistas de la revolución. Ya hemos hablado aquí
varias veces de él, siempre mal, como es preceptivo según sus palabras y
actuaciones. Mansour es uno de esos personajes nefastos que ha conseguido el
protagonismo juntando dinero, fútbol y política, un cóctel populista de difícil
digestión. Que se convierta en defensor de las actuaciones policiales y
considere que quienes piden reformas son enemigos del Estado es un síntoma que
confirma el diagnóstico de la enfermedad; una parte de la sociedad egipcia
aprecia la violencia que le favorece.
Pero lo que se desprende de casi todas las intervenciones en
algo también asentado en la sociedad: el puro clasismo. Como toda sociedad con
amplias diferencias sociales y con un carácter autoritario, el Ejército y la
Policía reserva sus mandos a los que provienen de las clases sociales más
favorecidas. Los mandos policiales y militares son parte del
"sistema" porque ambas instituciones, esenciales para el control del
poder, necesitan a su frente personal de confianza. Aquí, las academias son esenciales
en su papel de filtro social.
Esto no es nuevo y recordarán la polémica que le costó el
Ministerio de Justicia a su anterior inquilino por sus declaraciones: los
pobres no deben llegara jueces. Le sustituyó alguien peor, el actual ministro
que había declarado que "solo los hijos de los jueces deben llegar a la
judicatura". La polémica se tradujo en las denuncias de los opositores a
la judicatura, que se sintieron engañados por el sistema que solo dejaba pasar
a los hijos de los jueces. Esto —impensable reconocerlo en casi cualquier país—
forma parte del mismo mecanismo de control del poder. Jueces, militares y
policías forman parte esencial del aparato represivo del poder. Es esencial que
se controle su acceso porque unos respaldan a otros. Por eso las liberaciones
de policías tras las condenas son frecuentes.
Por abajo, en lo que llaman "low-ranking", tenemos
a personas de muy baja formación que son utilizados por las instituciones como
arma directa a las órdenes de estos oficiales. Para ellos, entrar en la Policía
es una forma de trabajo y de prestigio directo en las zonas en las que están
destinadas. El sistema les permite es poder de las corruptelas, los sobornos y
los abusos que sirven para mantener el Estado dentro de un orden dado. Es lo
que reflejó Youssef Chahine en su película "¿El caos?", en la que
retrataba al policía de barrio, un suboficial, cuyo poder real sobre las
personas le hace convertirse en un déspota local, un personaje corrupto y
autoritario que actúa con la impunidad que le da saber que las quejas contra él
serán siempre ignoradas porque sus superiores están a otra cosa. Y porque ese
control que se basa en el miedo extendido es eficaz para el sistema.
Mubarak llenó el país de estos policías. Tenía sus cuerpos
de élite para la represión política, que se dejaba a los expertos. Pero dejaba
la corrupción en esos bajos estamentos policiales como forma de sobresueldo y
mantenimiento del clima. Era también una forma de integrar cientos de miles de
personas dentro del aparato del Estado, comprometiéndolos con el mantenimiento
del sistema.
Lo dicho por el diputado Samir Ghattas sobre el grupo Ultra
de policías —parece sacado de una película de Costa Gravas— no explica gran
parte de los fenómenos ocurridos. Tampoco quiénes fueron aquellos a los que se
despidió —¿cuándo?— y quién y por qué fueron admitidos después. Pero lo cierto
que este grupo o la totalidad de policías en la base se convierte en una excusa
buena para disculpar a los mandos policiales, los que dirigen las operaciones.
No creo que a los 400.000 policías de los que habla Khamis
le haga mucha gracia que se les considere como los responsables de muchos
casos, excluyendo a sus mandos. Muchos de ellos sabrán de dónde han salido las
órdenes recibidas. El problema no son esas ocho muertes a tribuidas a los
agentes "low-ranking", como quiere hacer creer el diputado Khamis en
su defensa del ministerio. El problema son los miles de desaparecidos, las
torturas sistemáticas en las dependencias policiales y en las cárceles. Las
diferencias son básicas y obvias, pero no son fáciles de reconocer cuando se ha
cometido el pecado social de aprobar la violencia policial llevada al extremo
más sangriento. Una vez que consientes y miras para otro lado, eres cómplice.
El teniente Yassin Salah Eddin, el oficial que mató a sangre
fría, en plena calle, a Shaimaa al-Sabbagh, cuya sentencia a quince años de
prisión ha sido revocada hace unos días, no era un policía
"low-ranking". A sus veinticinco años era un cachorro del sistema enviado a sembrar el pánico y evitar que se
manifestaran en Tahrir. Tras calmar a la opinión pública con una condena, unos
meses después se le levanta. Se trata de cubrir la apariencia. Pero si el
régimen castiga por matar, ¿quién matara entonces?
Los casos van más allá de la muerte del taxista, la que ha
causado el debate en el parlamento. Daily New Egypt nos cuenta:
The Court of Appeal approved an old sentence
issued from the Criminal Court to put policeman Mohamed Mahmoud in prison for
two years after refusing his appeal.
Mahmoud served inside Haddaq El-Qoba police
station and faces accusations of causing a state of panic by threatening
citizens in what was considered an act of terrorism. He was immediately
transferred to prison after approving the sentence and the refusal of his
appeal.
The Court of Appeal then approved the old
sentence issued from Criminal Court to put Mohamed in prison for two years. The
sentence Sunday comes amid a slew of cases of alleged police torture that have
caught the public’s attention.
In December 2015, four police officers and five
policemen were referred to Criminal Court for killing and torturing a citizen
in Luxor police station. The case dates back to Nov 2015 when Talaat Shabib,
47, was arrested for the possession of Tramadol, a drug usually used
recreationally by many Egyptians.**
El caso que se menciona en primer lugar es el típico de
matonismo, de hacer de sus zona un feudo en donde se emplea la amenaza y la violencia.
El otro caso es de orden distinto e involucra a oficiales y agentes. La
violencia que ha llevado a los médicos a la huelga y la protesta es otro nivel
diferente, con la exigencia de "partes" falsos y la detención de
quien no cumpla con las exigencias. Todas son formas diferentes de un fenómeno
difícil de parar y menos si no se tiene mucho interés en ellos. Egipto no ha
purgado su Policía; es la misma de la época de Mubarak porque se encargaron de
que este pilar del sistema no se modificara. Forma parte del "estado
profundo".
El ministro del Interior niega repetidamente que las
torturas y las muertes no sean ocasionales. La tortura es esporádica, dice.
Ninguna tortura lo es. Es una respuesta a la creciente protesta, por un lado, y
un automatismo que se desarrolla para reforzar el propio sistema, que es
violento desde su origen. Es una forma de extender el miedo. No es un invento nuevo.
Al final, las dos posturas ante la violencia existente se
centran en los dos extremos: los que responsabilizan al ministro y los que los hacen
con los agentes de la base. Pero entre el político y el agente callejero hay
otras opciones. Son los que ignoran lo que les llega de arriba y los que
ordenan a los de abajo. La cuestión es si realmente alguien controla lo que
hace la Policía en Egipto o si, como algunos señalan, se encuentra fuera de
control. Las respuestas no tienen porqué ser excluyentes.
Para lo que no debe servir el triste y claro caso de la muerte del taxista a manos de un policía prepotente es para convertirse en modelo para interpretar otros casos o taparlos. Me refiero al que más complicaciones le está causando al régimen egipcio: el secuestro, tortura y asesinato de Giulio Regeni. Es importante tener esto en cuenta porque el envío al parlamento ignora este grave caso —oficialmente no existe caso— que no podrá ser manipulado sin consecuencias internacionales. Aquí no hay discusión callejera por un transporte y sí un intento continuo de cubrir con historias rocambolescas el destino del joven italiano.
En el caso de Regeni, no hay "culpa descendente", solo silencio. Quien ordenara su detención tenía capacidad para hacerlo después de una vigilancia organizada de la que el propio joven se dio cuenta, pues temía por sus seguridad. Que desde la perspectiva policial se tratara de un "error", no es excusa sino demostración de cómo funcionan las cosas. Si se hablaba de "error" en la muerte del taxista, muerto delante de decenas de personas que vieron darle un tiro directo a la cabeza, en el caso de Regeni se trataba de un "accidende de tráfico". El error policial es la concreción del error político: convertir la tortura, la desaparición y la muerte en formas habituales. Lo de Regeni, pensará alguno, son "daños colaterales".
Egipto era un estado policial con Hosni Mubarak y nunca ha dejado de serlo. La prueba de ello la tenemos todos los días. Ya se piense que el responsable es el ministro, el grupo Ultra o los policías "low-ranking" o todos ellos juntos, sería bueno que alguien intentara pararlo si todavía es tiempo o si se quiere hacer. Esto último no está muy claro. Pero mantener este sistema no logrará estabilizar la sociedad egipcia, solo ahondar más en sus heridas entrando en una espiral continua de represión.
*
"Egypt parliament divided over police reforms" Ahram Online
21/02/2016 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/188177/Egypt/Politics-/Egypt-parliament-divided-over-police-reforms-.aspx
**
"Policeman in jail for 2 years over bullying accusations" Daily News
Egypt 21/02/2016
http://www.dailynewsegypt.com/2016/02/21/policeman-in-jail-for-2-years-over-bullying-accusations/
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