Una ayuda extra

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

De nuevo otro escándalo con los currículos académicos de los políticos. A diferencia de otros escándalos de corrupción, cuyos efectos son exclusivos sobre quienes cometen los delitos, estos arrastran tras de sí a las instituciones y personas implicadas creando un efecto sísmico. Si un político roba, es el responsable. Si un político plagia, recibe trato de favor o copia un examen, los efectos sobre muchas personas que no tienen nada que ver son grandes: la institución —de los profesores implicados al conjunto de la Universidad y de esta al sistema educativo— y todos aquellos que haya cursado los mismos estudios o similares quedan bajo sospecha extensiva y se devalúan sus estudios. Y esto es tremendamente injusto.

Forma parte de la psicología social extender la parte al todo, la creación de estereotipos negativos y meter en el mismo saco a todos sin necesidad de juicio. Los que hayan estudiado esos cuestionados másteres se han visto perjudicados por el comportamiento de sus ilustres colegas, ahora caídos en desgracia. De orgulloso "yo he estudiado el mismo máster que Cristina o Pablo" al avergonzado esconderse para no aguantar sarcasmos por haber ido a un nido de defraudadores.

El argumento de la ahora ya exministra de Sanidad sobre que al entregar el Trabajo de Fin de Máster se le aprobaba lo que le faltaba de forma automática es de una ingenuidad pasmosa. La revisión línea por línea de los trabajos entregados no perdona a muchos, dejando al descubierto las carencias de conocimientos y las alegrías metodológicas en las realizaciones de las investigaciones.

Desde que saltó el caso de Cristina Cifuentes, las consecuencias psicológicas sobre la comunidad universitaria han sido enormes, superiores a las consecuencias reales, que han afectado a las personas involucradas en las falsificaciones. A diferencia de lo que ocurre en un proceso legal, aquí se transforman todos en culpables mientras no se demuestre lo contrario. Se produce una auténtica psicosis en la que se recela de todo y cosas perfectamente legales son sometidas, por efecto del miedo, a negativas absurdas. Es el efecto terrible del miedo a no saber lo que tienes entre manos; es la parálisis del que teme que le estén engañando y verse involucrado. Da igual que sea una persona o grupo que se conozca de siempre; da igual que sea una actividad que se realiza con total transparencia desde hace años. Todo queda bajo sospecha, presa del miedo.

Desde el punto de vista de los acusados, se desata un tremendo furor. Todos quieren que su caso sea distinto al de los otros. Cifuentes fue la primera, con todos los agravantes se soberbia y descaro. Casado quería distanciarse de Cifuentes y mostrar que los suyo es diferente; en manos de los jueces está. Ahora Montón también quería distanciarse de los anteriores, marcar la diferencia. "No todos somos iguales", repite. Pero ha acabado dimitiendo cuando los resultados han ido señalando otra cosa.

Montón se despide y al menos le queda el consuelo de haber sido bien valorada por muchos en su tarea de los 100 días. Ahora los analistas tratan de ver si esto deja "tocado" al gobierno de Sánchez o no. Tonterías. Al que le preocupe eso, pues muy bien. Lo importante son los efectos colaterales más allá de la política. A unos les interesa que Sánchez lleva dos sustituciones; a otros que el caso de Casado quede al margen. Incluso le ha dado a Casado la posibilidad de decir que no hará lo que otros le han hecho a él. Por su parte Cifuentes sigue en las sombras tratando de blindar lo que se diga ante los jueces y evitar convertirse en espectáculo. Pero el show está en marcha.

Lo que ocurra con ellos me da igual. Me preocupa, en cambio, el precio que todo esto tiene, pagado en diversas monedas, para todos aquellos que cumplen y las instituciones. La histeria de las direcciones de algunas universidades por ver arrastrado su nombre, los estudiantes y profesores deprimidos por tener que aguantar sarcasmos sobre su trabajo o que una inversión importante realizada en educación se ve "devaluada" en el currículum académico. Y todo por los privilegios que los políticos han conseguido por parte de aquellos que han consentido o se han visto obligados a ello por sus superiores como parte de un plan de relaciones públicas con el poder o de consecución de amistades poderosas.

Si vamos a la razón profunda para que esto ocurra, entiendo que es una manifestación del desinterés social por el conocimiento más allá de las líneas curriculares que nos posibiliten un acceso a algo, a un trabajo mejor, un ascenso, un mérito evaluable. Mucha gente no estudia por aprender, sino para completar el diseño de su Currículum Vitae, que es el espejo del alma en estos tiempos. Los "títulos" son la nueva ideología, la que sustituye a las ideas en un mundo de "eficiencias" y "expertos" en algo. El título se concibe como una tarjeta de visita, una confirmación indirecta de los conocimientos, del cosmopolitismo cuando se ha conseguido en el extranjero. Unos lo hacen para aprender realmente y algunos como un signo de que saben, que son competentes en algo.

Vivimos en un mundo de evaluación continuada de los méritos, lo que ha generados instituciones que se dedican a medirlos y otros a producirlos. ¿Su función? La clasificación de las personas, convertirlas en un valor con dos decimales. El fraude es la respuesta a esta presión constante, en la que el "valor" concedido te hace pasar por encima de unos y estar por debajo de otros.

En el caso de los políticos tiene sobre todo un valor propagandístico. Sus partidos les hacen mostrar sus estados de competencia. No es presentable un político al que le faltan unas asignaturas para acabar una carrera o que solo tiene un grado. Hace falta presentarse como un "joven brillante y bien preparado". Lo que funciona para el mundo laboral se convierte en fachada para la política.

Antes a la política llegaba los expertos en determinados campos, personas con una trayectoria profesional indudable. Hoy, por el contrario, la gente ingresa en los partidos para hacer carrera. Y es una carrera muy difícil: tienen que buscar padrinos que les amparen, dar codazos, ofrecer servicios y sacrificios para ser vistos como delfines de alguien que un día les promocionará. En estas circunstancias, como en el caso de Pablo Casado, se te acumulan las asignaturas sin aprobar cuando te salen ya algunas canas. Tus padrinos o madrinas políticos te quieren a su lado; no vale decir que estás de exámenes y pronto alguien se ofrece a hacer una llamada a alguien que conoce en esa universidad y vas a hablar con ellos. Y ellos hablan contigo. Y te dicen.

Cada uno tiene su responsabilidad en estos casos. Y debe llevarla. El problema son aquellas personas, grupos e instituciones que deben vivir bajo sospecha por culpa de los desaprensivos, los inmorales o los corruptos.

Los partidos políticos tienen desde hace tiempo unos serios problemas de "comportamiento". Que la bandera de los "nuevos partidos" fuera la de la "honestidad" es algo más que una estrategia; resulta de la percepción de los políticos como contaminantes de la vida pública y así lo atestiguan las visitas constantes a los tribunales. En sus acciones arrastran a los que se dejan arrastrar.

No hay que quitar responsabilidad a nadie que la tenga. Lo que no es justo es que paguen unos por los privilegios concedidos a otros. Las universidades no pueden reaccionar de forma histérica ni es aceptable que se extienda la sospecha a todos.

Los que han aceptado o pedido privilegios, desprecian profundamente el aprendizaje, pues si lo respetaran y consideraran que los méritos son el resultado del esfuerzo no se habrían comportado así y abrían trabajado adecuadamente porque ese conocimiento debe redundar en benéfico de los ciudadanos que les eligen para que desempeñen sus cargos honestamente y con competencias adecuadas. Hemos pasado de políticos que eran expertos en diversos campos a políticos que necesitan una ayudita extra para completar sus estudios.

Deberíamos reflexionar todos sobre cómo hemos llegado a esta situación. A estas alturas no me extraño de que existan este tipo de casos. Me preocupa el efecto desmoralizador sobre quienes sí cumplen: políticos, profesores y alumnos.