Joaquín
Mª Aguirre (UCM)
El
ministro Catalá se ha equivocado o, si lo prefieren, ha metido la pata. Su
misión clara era reavivar la confianza en las instituciones y lo que ha hecho
ha sido empantanarlas creando un conflicto nuevo. Ha hablado de más y de lo que
no debía, cuando precisamente lo que necesitaban las instituciones judiciales
era demostrar que podían resolver un caso evidente con tacto e inteligencia. Si
había "un juez con un problema" ahora tenemos un problema con todos
los jueces, tras haber declarado que se sentían atacados. El ministro Catalá no
llegó a saber separar el problema del "problema". Catalá ha echado
más leña al fuego en vez de coger el extintor, que habría sido mostrar la
confianza en las instituciones por encima de las personas. Todos se lo habrían agradecido.
Los
motivos eran muy evidentes. Ya señalamos que en estos momentos los jueces son
blanco de ataques por motivos más allá de "La manada". Catalá ha
cometido el error estratégico que algunos querían que cometiera. Parece mentira
que los políticos sean tan ingenuos en algunos momentos.
Una de
las artes de la manipulación es saber entremezclar las cosas para que unas sean
vistas a la luz de otras. No han tardado mucho en darse cuenta de adónde
llevaban las palabras de Rafael Catalá. El editorial de El Mundo señala:
Las palabras pronunciadas ayer por Rafael
Catalá poniendo en duda la capacidad del magistrado Ricardo González, autor del
voto particular del juicio a La Manada, constituyen un insólito ejercicio de
irresponsabilidad y una flagrante intromisión en las funciones del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ). Todo ello erosiona gravemente la
credibilidad del Estado de derecho justo cuando el sistema judicial está siendo
objeto de un despiadado e injustificado ataque por parte del independentismo.
Resulta inaudito que un ministro de Justicia ponga en duda la actuación de un
magistrado a cuenta de su actuación en un caso sub iúdice. Se trata de una
reacción impropia de un Gobierno respetuoso con la separación de poderes que,
entre otras consecuencias, inflama el descrédito general de la Justicia azuzado
en la calle. Catalá está obligado a rectificar sus declaraciones o, en caso
contrario, concretar de manera fehaciente el "problema singular" que
achaca al juez señalado. Lo que resulta inadmisible es que el titular de
Justicia se permita deslizar la idea de que un magistrado está incapacitado
para impartir justicia.*
La
conexión entre ambos casos es denunciada con claridad en El Mundo. Por su
parte, el diario El País no establece la conexión de ambos casos como un ataque
a la judicatura en estos momentos y se centra exclusivamente en la injerencia
de Catalá y la poca fortuna de sus palabras:
[...] Catalá ha caído en la frivolidad, en la
irresponsabilidad y en la burla a la separación de poderes, intentando
apuntarse un tanto en lugar de cumplir con el escrupuloso respeto a los jueces.
El Gobierno es responsable de gobernar para que las leyes que los jueces
aplican respondan al sentido de la justicia que le hemos de exigir. Lo demás,
sobra.**
No
sabemos la intención de Catalá, pero sí los efectos, que son mucho más
importantes desde el punto de vista político. Desde el principio del caso de
la sentencia hemos insistido en la necesidad de separar la acción de un juez de
la judicatura misma señalando que la vía del recurso debería devolver la
confianza en lo que ha sido un caso que ha indignado con razón a la sociedad
española, que no entiende que se considere los actos en los términos señalado
en la sentencia y, mucho menos, en el voto particular.
Ahora
algunos tratan de canalizar la ira en varios sentidos. El más preocupante es el
que trata de descalificar a la justicia española en relación con el
"procés". Todo esto era absolutamente previsible y es sorprendente
cómo Rafael Catalá ha podido caer en una trampa tan burda, de principiante.
Los
efectos han sido inmediatos. La Vanguardia, entre otros, da cuenta del despido
de la encargada de prensa de los Mossos:
La jefatura de los Mossos d’Esquadra comunicó
el viernes el cese al frente del departamento de comunicación de la policía
catalana de Patricia Plaja por un mensaje tras el veredicto de la sentencia de
La Manada.
La periodista colgó en su cuenta personal de
Twitter un tuit en el que pedía ir más allá de la sentencia, y advertía que lo
que fallaba era “el poder judicial, una vez más”. El tuit, que apenas tuvo
repercusión porque no sumó ni una decena de interacciones entre me gustas y
retuits, ya no aparece en la red social de Plaja.
Desde la jefatura de los Mossos, un portavoz
explicó que los mandos “hemos perdido la confianza en Plaja por haber puesto en
duda el poder judicial español”. Plaja era “un cargo de confianza que no puede
opinar en un momento en el que se están rehaciendo las relaciones entre Mossos y
Poder Judicial”, han señalado fuentes de Interior de la Generalitat.***
El tuit
es solo una pequeña muestra de la conexión para tratar de descalificar a la
justicia española en el momento en que está interviene en el "procés".
Patricia Plaja se ha dedicado a encender mechas con su tuit. Pese al corto
alcance señalado por La Vanguardia —sorprendente en una jefa de prensa de una
institución—, lo importante es que es una muestra del uso de la conexión.
El tuit, como puede apreciarse, desdice al titular de La Vanguardia. No es sobre La manada por mucho que se ampare en los "#noesno" y "#Lamanada". Es un caso claro de aprovechamiento para llevar a la opinión en un camino determinado: contra el "poder judicial", "una vez más".
Más claro es el editorial de La Vanguardia, que sí hace un "delicado" encaje
de bolillos para juntar ambos conflictos. El texto es una cuidadosa forma de
entretejer ambos casos, esta vez, poniendo especial énfasis en las "protestas ciudadanas".
Tras destacar las rápidas respuestas de las asociaciones de jueces, el
editorialista entra en su interpretación de la cuestión:
Todo ello pone de manifiesto la existencia de
un pulso entre poderes, en este caso entre el ejecutivo y el judicial.
Sorprenden las declaraciones del ministro, que hasta ahora se había
caracterizado por mantener las distancias, como miembro del Gobierno, respecto
a las decisiones judiciales. Si ante el gran clamor social suscitado, era un
intento de descargar responsabilidades políticas por la polémica sentencia de
Pamplona en los autores de esta, lo único que ha logrado es abrir una crisis
con el poder judicial. Otra prueba evidente de este choque es la pugna entre el
ministro Cristóbal Montoro y el juez Pablo Llarena respecto a la existencia de
pruebas que acrediten una supuesta malversación de fondos públicos por la
Generalitat para organizar el referéndum del 1-O. Una pugna en la que el
perdedor puede salir malparado.
Es una situación preocupante. El Estado de derecho
tiene entre sus fundamentos la separación de poderes, y las intromisiones de
unos en las competencias y atribuciones de otros no benefician a ninguno de
ellos. En este país, desgraciadamente, en los últimos tiempos se han
judicializado temas políticos y se han politizado temas judiciales. Repetimos,
no es bueno que la justicia sea el centro de atención política, pues ello puede
distraer su trabajo, y no es bueno que la política derive a los tribunales
asuntos que deben solucionarse por la vía de la negociación y el diálogo.
La justicia española se halla en el punto de
mira de la sociedad, que muchas veces ve con sorpresa –e incluso estupor e
indignación– sentencias judiciales que crean una brecha de desconfianza entre
el poder judicial y la ciudadanía. Respetar las resoluciones de los tribunales,
aunque no se compartan, no es óbice para que el ciudadano pueda expresar su
crítica constructiva y razonada, deseable incluso en el marco de una sociedad
libre. La justicia no puede arreglar todos los problemas de la sociedad, pero
cuando esta no entiende las razones por las que los tribunales toman
determinadas decisiones estamos ante un grave problema. El ciudadano quiere y
necesita creer que quien imparte justicia lo hace de modo imparcial, por encima
de presiones y creencias personales, y que por tanto puede confiar en él.
La pugna entre el poder ejecutivo y el
judicial es ciertamente preocupante y obliga a una profunda reflexión a todos
los actores implicados. El choque institucional entre el Gobierno y los jueces
debilita el Estado de derecho y aleja al ciudadano de las instituciones.****
Como
puede apreciarse, la lectura paralela de lo ocurrido se centra en la parte
final en la que se habla de "por encima de presiones y creencias
personales". El editorial de La Vanguardia resulta interesante juego
retórico en donde te van llevando poco a poco de un lugar a otro, de La Manada
a Cataluña, de "jueces presionados" a "jueces con
prejuicios", ambos alejados de esas manifestaciones populares que se
quieren identificar. El enemigo —"La justicia española se halla en el
punto de mira de la sociedad"****— está claro para una sociedad que siente
"sorpresa", "estupor" e "indignación". El
editorial consigue un doble objeto: mientras que otros piden la cabeza de
Rafael Catalá, La Vanguardia pide la cabeza de todos —Catalá, los jueces, la
Justicia— en una maniobra envolvente de confusión de quien lee, que ya no sabe
porqué se protesta, si por la actuación de los jueces en el caso de la Manada o
en el "procés". No se habla de la "Justicia" sino de la
"Justicia española" en otro intento de juego de distancias.
Hay un
párrafo en el que concentra todo el peso de la argumentación y adquiere la
forma de "advertencia": «En este
país, desgraciadamente, en los últimos tiempos se han judicializado temas
políticos y se han politizado temas judiciales. Repetimos, no es bueno que la
justicia sea el centro de atención política, pues ello puede distraer su
trabajo, y no es bueno que la política derive a los tribunales asuntos que
deben solucionarse por la vía de la negociación y el diálogo.»*** Las tesis nos suenan. Cada cual que lo lea como quiera.
El
amplio despliegue mediático internacional concedido al caso de La Manada es usado
como una cuña para mostrar la idea principal desarrollada por el separatismo
desde el inicio (o antes) del "procés": España es un estado fascista, dictatorial, patriarcal
frente a la moderna y democrática Cataluña,
la víctima de su opresión. El resultado: España es "La manada" y
Cataluña, la víctima indefensa, arrinconada y violada con la complicidad de los
jueces. Los jueces son los "mismos". Así funciona el mecanismo de
asociación mental, de conexión de hechos, para dirigir hacia una percepción
distinta.
No sorprende
el amplísimo grupo de sitios de noticias desde Cataluña, publicadas en inglés,
que se centran en los jueces que llevan el proceso por el referéndum ilegal y
la proclamación de la república
instantánea catalana. El tuit de Patricia Plaja es un acto reflejo, una
manifestación rápida que hace establecer las conexiones.
En
abril, el diario El País publicaba el amplio respaldo dado por las asociaciones internacionales a los jueces españoles por los ataques producidos desde el "procés":
Los jueces españoles que están desarrollando
un papel clave en esta fase crítica del proceso independentista en Cataluña,
con ataques y presiones cada vez más evidentes, no están solos. Colegas
agrupados en las principales asociaciones internacionales han expresado en los
últimos días en comunicados oficiales su respaldo a su actuación y su condena
por ese tipo de coacciones incompatibles con un Estado democrático. El
pronunciamiento más relevante y contundente lo expresó la Unión Internacional
de Magistrados (UIM), profesional y apolítica, fundada en 1953 y en la que
están representadas asociaciones de jueces de 73 países en cinco continentes.
El comunicado de la UIM empieza por destacar que su comité presidencial fue
informado de los "actos de vandalismo y violencia perpetrados en
diferentes tribunales de la región de Cataluña y también cerca de la casa de un
magistrado del Tribunal Supremo" y recuerda que el pilar esencial de la
independencia judicial en un Estado de derecho debe poder desempeñarse
"sin presiones indebidas o sin cualquier coacción o amenaza, explícita o
implícita".****
Ahora
los interesados en el descrédito internacional de la justicia española tienen
nuevas municiones para que los apoyos sean más tibios, menos manifiestos. Por
más que ocurran muchas cosas en escenarios separados, los que quieren crear
conexiones y utilizarlas para sus fines, lo hacen. La indignación contra la
sentencia se ha convertido en una lucha contra el sistema judicial, el mismo
que juzga el "procés", en una especie de inhabilitación popular. Se trata de debilitar el respaldo, por un lado, pero por otro para forzar la teoría de lo político del caso, la mantenida por el secesionismo. No es otra que la que aparece en el editorial de La Vanguardia. "Jueces presionados" o "incompetentes" es su teoría.
La
gente que salió a la calle para respaldar la acción de la justicia y su derecho
a no ser españoles de segunda o catalanes obligados es la más perjudicada. Su
confianza en la justicia va a ser atacada por las maniobras de manipulación de
los dos casos conjuntamente. Así se les aísla más.
Rafael Catalá
se ha equivocado. En vez de cargar contra un juez y reabrir la veda, lo que
tendría que haber hecho es manifestar su confianza en la Justicia, en los
recursos, y restablecer la conexión con la sociedad. No se trataba de respaldar la sentencia, algo que nadie
ha hecho por su contenido; pero las formas son esenciales en una democracia y
más entre instituciones. El que quiera ser un ciudadano más, que deje el
puesto. Ser ministro de Justicia impone unos límites y unas responsabilidades.
Por eso todos piden su dimisión. Desacreditando o dudando del juez, si se prefiere, se tiraba piedras a
su propio tejado.
La política de la confusión interesa a muchos.
* Editorial "La temeridad de Catalá
erosiona el Poder Judicial" El Mundo 1/05/2018
http://www.elmundo.es/opinion/2018/05/01/5ae74f0f468aebd52f8b4602.html
** Editorial "Injerencia
inadmisible" El País 1/05/2018
https://elpais.com/elpais/2018/04/30/opinion/1525100465_655177.html
*** "Mossos cesa a su jefa de
comunicación por un tuit personal sobre la sentencia de ‘La Manada’" La
Vanguardia 28/04/2018 act. 29/04 http://www.lavanguardia.com/politica/20180428/443100433002/mossos-cesa-jefa-prensa-patricia-plaja.html
**** Editorial "Un conflicto por
resolver" La Vanguardia 30/04/2018
http://www.lavanguardia.com/opinion/20180430/443161824647/un-conflicto-por-resolver.html
***** "Respaldo internacional a los jueces ante los ataques en Cataluña" El País 2/04/2018 https://politica.elpais.com/politica/2018/04/01/actualidad/1522581900_940032.html
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