Una mano, tres leyes

Joaquín Mª Aguirre (UCM)

Son tres las leyes egipcias con las que se pretenden controlar al país. Son la ley antiprotestas, la ley que regula a las ONG y la ley de Medios.  Con la primera se controla la calle, con la segunda que no llegue la financiación a grupos molestos al gobierno, y la tercera controla la expresión del descontento o las críticas. Casi toda la producción de leyes ha creado problemas, pero estas tres tienen una función clara de articular los tres frentes garantizando el poder del gobierno sobre calles, acciones y expresiones. Las tres leyes en su conjunto suponen una forma de control sobre la discrepancia y representan la peculiar forma que el gobierno tiene de entender la democracia.

La primera, la llamada "ley anti-protestas", lleva tiempo en marcha; inauguró el régimen del 30 de junio y ha regido la vida de todos los egipcios desde entonces con interpretaciones muchas veces brutales. Bajo su imperio hay miles de egipcios encarcelados y su aplicación cotidiana. La desproporción en el uso de la fuerza ha hecho que una manifestación pacífica, si no le han sido concedidos los permisos correspondientes por la autoridad conforme está expresado por la ley, se pueda convertir en una violenta batalla, con muertos inclusive. Los detenidos son innumerables y la detención garantizada con la aplicación de esta ley que deja en manos de la Policía la resolución final. Es una ley que sirve, además de para prohibir lo que no interesa, aplicar con contundencia en las calles la violencia.

La ley ha sido denunciada en muchos de sus artículos desde el principio por encontrarse en contradicción por los principios expresados por la Constitución. Mada Masr informa de que ahora los jueces del Tribunal Constitucional acaban de declarar inconstitucional su artículo décimo pero ha dejado intacto el resto de la ley, sin atender los artículos que se pedían fueran derogados:

The court based its decision to nullify Article 10 on the idea that “the Constitution was careful to impose sufficient restrictions on the legislative and executive authorities to protect public rights and liberties, principal of which is the right to assembly and peaceful protest, so that neither would invade that space protected by rights and freedom and prevent these rights from being exercised in an effective manner.”

The court further ruled that notification is the only acceptable method by which petitioners can be required to secure the right to demonstrate, striking down other requirements, such as official permission or license.

However, the court rejected the challenges to Article 8, which provides further clarity as to what constitutes notification. Article 8 stipulates that individuals or groups planning to organize a demonstration, a public assembly or a precession must notify the police station in the neighborhood where the protest is to be held, either in person or through an individual authorized to act as a notary. This notification must include a wide range of details regarding the planned demonstration, including its date, time and duration, in addition to slogans that will be used, the reason for assembly and the names, addresses, employment and means of contact for all the petitioners.

In its decision to uphold Article 8, the court wrote, “This article regulates the procedures for notification in a way that is judged best to achieve the interest of the group wishing to organize the protest.”

The court also upheld Article 7, which criminalizes a number of protest acts regardless of whether the demonstration has been approved. These include obstructing or advocating for the obstruction of production, disabling public utilities, disrupting the public interests, causing citizens harm or exposing them to danger, preventing others from exercising their rights or from working, impeding the course of justice, occupying roads, blocking traffic and damaging public or private property.

Anyone who commits one of the acts listed under Article 7 would face a mandatory minimum prison term of two years that can extend to a maximum of five years, in addition to a fine of LE50,000-100,000, per Article 17, which the Supreme Constitutional Court also upheld.*

El margen de interpretación que se deja en las leyes tiende a ser amplio, de tal manera que según interese puede ser entendido de una forma u otra. Por ejemplo, que se coree un eslogan que no haya sido inscrito, puede acabar mal, siendo motivo para disolverla o para detener a sus organizadores con consecuencias posteriores. Una protesta sobre algo que el "guión" no contemple puede ser igualmente usada como excusa para disolver según interese en cada momento. Por eso, la derogación del artículo 10º no es más que una pequeña concesión que no afecta prácticamente en nada a la ley y a sus aplicaciones.

En los tiempos actuales y en los que se avecinan, las protestas pueden aumentar si no mejora la situación económica del país. Creo que se temen más las protestas por la situación de la vida que por motivos políticos. El peligro es el uso que los Hermanos Musulmanes puedan hacer de estas protestas llamando a la gente y después apuntándose la convocatoria. La prueba de fuego, desde luego, será el próximo 25 de enero, aniversario de la denostada revolución que se produjo en 2011, con la Primavera Árabe. Conmemoraciones pacíficas anteriores se saldaron con muertes como la de Shaimaa al-Sabbagh, fruto de los disparos a bocajarro de un oficial de Policía. La impunidad con la que se realizan estas acciones hace que no haya muchas esperanzas de que la situación mejore.

En aplicación de esta ley anti-manifestación se ha detenido, por ejemplo, a un adolescente que llevaba una camiseta con la inscripción "Por un país sin torturas". El caso es célebre y muestra la forma arbitraria de aplicar la ley. Mubarak gobernó durante 30 años el país con una "ley de excepción"; al-Sisi tiene también la suya, como Morsi disfrutó de la propia. Parece que los gobernantes egipcios, lleguen por la vía que lleguen, heredan el desprecio por las calles y lo que pueda ocurrir en ellas.

La segunda ley controvertida está destinada a impedir que aquellas ONG que sirven de plataforma para el activismo político o social reciban financiación desde el exterior. El argumento que se expone es que se trata de evitar que los terroristas islamistas (Hermanos Musulmanes y demás) puedan recibir fondos desde otros países. Sin embargo, quienes lo están padeciendo son todos aquellos que están realizando labores de apoyo para la defensa de los derechos de la mujer, defensores de los derechos humanos, asociaciones anti-tortura, etc.

La existencia de una administración inoperante ha llevado a que existan miles de ONG en Egipto que intentan cubrir las deficiencias del sistema en casi todos los terrenos: educativos, sanitarios, defensa de derechos, etc. En un país en el que los partidos eran durante muchos años una mera falacia, las ONG proliferaron para tratar de sobrevivir ante la desidia. Hay ONG para ofrecer servicios sociales básicos, información, asesoría, etc., algo que el estado no realiza por falta de sensibilidad, fondos o interés. Muchas de esas ONG son extensiones o colaboran con las de otros países, recibiendo fondos para poder realizar su labor. La manera que el gobierno tiene de controlarlas cuando le interesa es congelar sus cuentas alegando que es dinero que puede financiar el terrorismo o que procede de potencias extranjeras y pueden atentar contra la seguridad nacional. En muchas ocasiones, son las encargadas de intentar concienciar de problemas cotidianos que el gobierno no quiere que se aireen, como es el caso de los llamados "niños de la calle", estimados en millones en Egipto y que el gobierno se niega a reconocer pese a los informes de UNICEF y agencias internacionales de protección a la infancia; lo mismo ocurre con las que atienden a las mujeres y tratan de concienciar a la sociedad sobre temas como la edad de los matrimonios o la mutilación genital, por ejemplo.

En la época de Hosni Mubarak, los Hermanos Musulmanes eran una ONG; así se inscribieron. Era la forma en que realizaban sus actividades de proselitismo a través del ejercicio de la sanidad o de la caridad allí donde el gobierno no podía o quería actuar. Es la base del recelo contra las ONG a las que se considera como desestabilizadoras del sistema, por más que el propio sistema sea más bien poco estable por sus deficiencias.

Las quejas nacionales e internacionales contra la ley y su proceso parlamentario han sido constantes desde que se empezó a debatir. La prensa ha estado estos meses con titulares sobre esta cuestión ante las expectativas negativas de las propias ONG. Daily News señalaba la apelación directa al presidente ante lo que el parlamento está haciendo con la ley:

Twenty-two NGOs, four political parties and 19 public figures advocating freedoms called on President Abdel Fattah Al-Sisi to hinder the issuance of the new NGO Law by using his constitutional authority, which allows him to reject parliamentary laws within 30 days.

In a letter published Saturday by the Cairo Institute for Human Rights (CIHRS), opponents to the law argued that the law in its current form includes flagrant violations to Egypt’s international commitments regarding the organisation of civil society work.

“The president has constitutional powers enabling him to not pass the law, of which he surely has a copy,” commented CIHRS director Mohamed Zarea. He explained that the letter addressed the president as one of the “major axes of decision-making in the country”, in Monday statements to Daily News Egypt.

“The law was passed without proper dialogue,” read the letter. “It destroys the infrastructure of Egypt’s civil society, a pillar of any modern state, which contributes to socio-economic development, currently in crisis. Not only are state policies unable to face crises, but also incorrect decisions have been made in a way that negatively impacts citizens, who are already in a struggle to survive.”

On 29 November, the parliament passed an NGO Law that raised controversy among different political and social groups, including civil society organisations currently involved in political disputes with the regime over human rights.

The latter organisations, reporting on topics such as freedom of expression, torture, enforced disappearances among other political and civil rights, are believed to have been the target of restrictions imposed in the new law, especially concerning foreign funding, against the backdrop of an infamous crackdown on foreign-funded NGOs since 2011.

The “NGOs’ foreign funding case” has put civil society workers on trial and enforced restrictions such as assets freeze and travel bans.**

Lo que sorprende es la ingenuidad —o la desesperación— de pensar que la presidencia va a seguir una línea diferente a la emprendida por el parlamento. La política, por más que se discuta en el parlamento, está llevada desde la presidencia. La política de tratar de preservar la imagen del presidente Sisi no es más que una estrategia para evitar la erosión que se ha ido produciendo por la crisis general. El deterioro en picado del país tras la flotación de la libra y sus consecuencias han sido un auténtico golpe para su imagen. Por eso los estrategas tratan de cubrirle mediante la publicación de noticias en la que se le presenta como aquel que compensa las decisiones de otros. Titulares como "Sisi orders imports of 146 unavailable medications subsidized by national company", del Egypt Independent, de 17/11/2016, sirven para mantener la imagen del presidente como un repartidor de buenas acciones frente al caótico mundo que les rodea. La presidencia egipcia se entiende así como una especie de "santo patrón" del país; hacia él se dirigen las oraciones de todos cuando truena.

La tercera ley es la que trata de evitar que se deteriore demasiado la imagen mediante la crítica. Recordemos que en estos momentos, el gobierno (y el parlamento) están en abierta confrontación con el Sindicato de los Periodistas, tras la detención y encarcelamiento de tres miembros de su cúpula directiva. La acusación es ofrecer "refugio" a otros dos periodistas perseguidos por otro delito "informativo", informar sobre el caso de las islas regaladas a Arabia Saudí, Tiran y Sanafir, que creó un gran escándalo y protestas en todo Egipto. Los periodistas fueron pronto acusados de extender "noticias falsas" o de intentar desestabilizar al gobierno.

Ahram Online, periódico estatal, señala hoy mismo:

Board members of Egypt's Higher Press Council and the Journalists Syndicate decided Sunday to boycott the Egyptian parliament's first hearing session on two new media laws.

The session, organised by parliament's culture, media and antiquities committee, was only attended by MPs and representatives from some state-owned or national press organisations, such as Ali Hassan, chief editor of the government-owned Middle East News Agency (MENA), and Abdel Mohsen Salama, deputy chief editor of Al-Ahram newspaper.

Head of the committee Osama Heikal said invitations were directed to all board members of the Higher Press Council and the press syndicate.***

El boicot ha sido prácticamente total, con las importantes salvedades de la Agencia MENA y de Al-Ahram, ambas estatales y con una marcada línea gubernamental, lo que refleja el conflictivo estado de las relaciones entre el gobierno y la prensa. Motivos hay, desde luego.

La peculiar estrategia de al-Sisi no suele funcionar. Su pretensión de controlar la realidad de las calles y la representación de la misma en los medios no ha funcionado. Solo ha servido para tener conflictos en ambos extremos Egipto es el segundo país, después de China, con más periodistas detenidos e incidentes involucrados con la libertad de información.

Los medios preocupan al gobierno desde dos perspectivas, la primera es lógicamente la opinión pública egipcia. Pero creo que es la segunda la que le afecta más: la imagen exterior de Egipto y la de la propia presidencia. Es esta la que puede hacer que se debiliten los apoyos y sobre todo las anheladas inversiones y el turismo. Las relaciones  bilaterales de Egipto con otros países dependen en gran medida del reflejo que la prensa de distintos países ofrece del país.  Hasta el momento, el régimen se ha ido deshaciendo de los corresponsales molestos —como ocurrió con el del diario español El País, que fue advertido indirectamente y posteriormente lo explicó en un artículo publicado por Mada Masr—, pero no logra controlar el flujo de informaciones negativas, del que son en gran medida responsables las propias ONG que suministran los datos de base con los que luego son elaborados los artículos.

De esta forma, las tres leyes tienen una profunda unidad en su objetivo. Están destinadas a controlar las tres formas que los egipcios tienen de ser discordantes: la calle (protestas), las ONG (denuncias de la ineficacia, el abandono, etc.) y la prensa (la difusión de la información sobre la realidad o las críticas). A través de ellas, el gobierno trata de evitar perder el control, especialmente de la percepción.

Pero es la realidad la que manda. Los conflictos no se terminan por silenciarlos, sino por una forma eficaz de enfrentarse a ellos. Sin embargo, "eficacia" es una palabra que lleva décadas sin tener sentido en Egipto. Cuando alguien ha pretendido ser realmente "eficaz" se ha convertido en un problema para los que viven de y por la ineficacia. Y generalmente se ha tenido que ir o han dado con sus huesos en alguna ineficaz prisión, como le ocurrió al auditor Hisham Geneina cuando denunció el coste de la corrupción para las arcas del país.

* "Down 1 article, the protest law survives" Mada Masr 4/1272016 http://www.madamasr.com/en/2016/12/04/feature/politics/down-1-article-the-protest-law-survives/

** "Civil society workers ask Al-Sisi to reject parliament’s NGO Law" Daily News Egypt 5/12/ http://www.dailynewsegypt.com/2016/12/05/civil-society-workers-ask-al-sisi-reject-parliaments-ngo-law/

*** "Egypt's Higher Press Council boycotts discussion of new media laws in parliament" Ahram Online 4/12/2016 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/251339/Egypt/Politics-/Egypts-Higher-Press-Council-boycotts-discussion-of.aspx