lunes, 22 de febrero de 2016

La responsabilidad descendente

Joaquín Mª Aguirre (UCM)
La sesión que el presidente El-Sisi le pidió al parlamento egipcio para resolver el malestar general por los acontecimientos policiales y protestas sociales consecuentes se produjo ayer. Ahram Online titula su información "Egypt parliament divided over police reforms" y no es mucho más lo que han logrado más allá de manifestar la división imperante.
Los que Ahram Online llama los "liberales" han denunciado las actuaciones de la Policía y han pedido la dimisión del ministro del Interior, al que consideran responsable de lo que hacen las personas bajo su mando. Es fácil de entender y es lo que se suele hacer. El diputado Anwar El-Sadat, tras pedir la dimisión del ministro Abdel-Ghaffar, ha aprovechado para hacer extensiva la petición a cualquier ministro según ese principio de responsabilidad. Los diputados liberales han expuesto la necesidad de afrontar la situación respecto a los abusos.
Dentro de lo previsible del debate, sin embargo, han aparecido algunas novedades:

Samir Ghattas, a political researcher and ‎MP for Cairo's Nasr City district, said ‎that low-ranking policemen who were ‎dismissed from the interior ministry after ‎the 25 January revolution, and were ‎allowed to re-join the ranks of the ministry, have formed a coalition entitled the “Police ‎Ultras.”
"This coalition has become a big ‎danger to the Egyptian state, because its ‎members have gone out of control in the ‎recent two years, giving themselves a free ‎hand to perpetrate all kinds of abuses ‎such as imposing fees on citizens and ‎trading in banned goods without facing any ‎kind of accountability," said Ghattas.
"In 2015 alone, it was reported ‎that low-ranking policemen opened fire on ‎citizens seven times. Shootings have ‎become a phenomenon and we all should ‎stand up to it," he added.
'Unruly group'
Ghattas stressed that the interior ministry ‎move quickly to bring this "unruly" group of ‎‎"Police Ultras" under control before ‎they impose their say on the Egyptian ‎state.
"They now aim to score political ‎gains by compelling the state to turn a ‎blind eye to their abuses all the time," said ‎Ghattas.‎
He said that after the June 2013 mass protests– ‎which put an end to the Muslim ‎Brotherhood rule– citizens demanded ‎that the interior ministry be back in full ‎force to impose the rule of law on streets.
‎‎"But now we see that some members of ‎the security apparatus have acquired huge ‎powers and that they are using them to ‎violate the law and abuse the rights of ‎citizens," said Ghattas.‎*


Evidentemente no tenemos motivos para no creer en lo que dice el señor Ghattas, pero resulta demasiado sencillo para explicar la totalidad de los abusos y la naturaleza de los incidentes producidos. Estos deben ser contemplados en las diferencias de objetivos que muestran. Por más que todos estén reflejando una falta de control de la Policía, una buena parte de ellos está al servicio del Estado. Hay una violencia callejera de la Policía, por decirlo así, un abuso personalizado y en grupo, que va de la intimidación al asesinato en una discusión y otra, en cambio, que surge al servicio del propio Estado y que busca la desaparición de los opositores. Hay una espontánea y personal, mientras que existe otra institucional y premeditada. También existe una mezcla de ambas cuando en un contexto represivo, alguien puede tomar decisiones personales y apretar un gatillo, como ocurrió en la muerte de Shaimaa al-Sabbagh, la activista muerta a sangre fría en una manifestación.


La existencia de un grupo de "Ultras" policiales tiene mucho de separación forzada de la violencia creando una institución "fantasma" a la que responsabilizar de lo que ocurre. Es una respuesta muy "egipcia", pero es muy insuficiente y requiere muchas más aclaraciones que las dadas por el diputado Ghattas. Por más que existiera ese grupo, estaría por ver qué responsabilidad real tiene en los casos concretos, que se reparten por el país y que muchos de ellos han sido de carácter espontáneo.
La observación de Ghattas sobre la demanda social de violencia contra los Hermanos Musulmanes en 2013 ("citizens demanded ‎that the interior ministry be back in full ‎force to impose the rule of law on streets"), tras el golpe de estado, tiene diferentes lecturas posibles. Una de ellas es moral: cuando se exige la violencia "selectiva" esta se vuelve "indiscriminada". O no es tan fácil liberarse de los monstruos una vez creados, podríamos decir.

El régimen de El-Sisi recibe su bautismo de sangre con las brutales disoluciones de las sentadas islamistas de protesta, con cerca de mil muertos. Unos días antes, El-Sisi pidió una gran manifestación que actuara como plebiscito para mostrar al mundo que tenía el apoyo social para acabar con las sentadas. Es difícil que un régimen pueda construirse en la normalidad tras ese nacimiento en un baño de sangre. Se creó en ese momento un monstruo con el que habría que convivir y al que se aplaudía por su eficacia. Era la misma eficacia que había demostrado anteriormente contra los revolucionarios que actuaban contra el régimen de Hosni Mubarak. Nadie les hizo responsables de las muertes contra los activistas como nadie le haría responsables de las muertes en la sentada. Tampoco les hizo nadie responsables de las muertes de la época anterior. El mensaje es claro: sea quien sea el que esté al mando del Estado, necesita de un cuerpo que resuelva sin escrúpulos la resistencia. La Policía egipcia ha cumplido fielmente su labor de sostén del régimen fuera quien fuera. Ha habido ministros del Interior que sirvieron con la misma eficacia en la época de Mubarak, con los Hermanos Musulmanes y contra ellos, con El-Sisi. Los militares se encargaron de que las carteras de Interior y Defensa quedaran bajo su control, lo que le costó a Morsi que su Ministro de Defensa, Abdel Fattah El-Sisi, fuera quien le derrocara tras ignorar las peticiones que se le hicieron.


El único conflicto que recuerdo que se planteara con la Policía en todos estos años, hasta el momento, fue el que se produjo por la petición de numerosos agentes para que se les permitiera dejarse barba, algo que estaba prohibido en la época de Mubarak. Los islamistas dentro de la Policía querían salir del armario y manifestarse como tales. 
El otro bando, el oficial, usa dos tipos de argumentos: a) tratan de hundir al estado con sus críticas a la Policía; y b) los Estados Unidos lo hacen. Ninguno de los dos argumentos es novedad y se usan con frecuencia. Pero haya algunas consideraciones que deben ser tenidas en cuenta.
Señalan en Ahram Online:

"We see that the majority of police ‎officers respect the law, but the problem ‎lies with this limited sector of low-ranking ‎personnel who serve as assistants to ‎police officers," said businessman ‎Mahmoud Khamis.‎
Khamis defended the interior ministry ‎strongly, arguing that it played a pivotal ‎role in countering the waves of terrorism ‎that swept Egypt after the removal of ‎‎ former Islamist president Mohamed Morsi ‎from office.
"Official statistics show that ‎only eight low-ranking police personnel – ‎out of a total 400,000 – opened fire on ‎citizens in 2015, this is not a ‎phenomenon," said Khamis, adding that "in ‎America dozens of policemen were ‎convicted of gunning down citizens in the ‎streets."‎
Outspoken independent MP ‎Mortada Mansour said that "those who ‎call for reforming the interior ministry are in ‎fact trying their best to undermine the ‎Egyptian state."*

El millonario Khamis tiene una visión "ejecutiva" del problema: no son los directivos los que fallan (los oficiales), sino los trabajadores (los policías "low-ranking"). Es interesante este punto de vista de los empresarios del régimen porque se ve claramente su orientación y su perspectiva de los problema. Mansour es otro partidario del régimen y acérrimo atacante de los activistas de la revolución. Ya hemos hablado aquí varias veces de él, siempre mal, como es preceptivo según sus palabras y actuaciones. Mansour es uno de esos personajes nefastos que ha conseguido el protagonismo juntando dinero, fútbol y política, un cóctel populista de difícil digestión. Que se convierta en defensor de las actuaciones policiales y considere que quienes piden reformas son enemigos del Estado es un síntoma que confirma el diagnóstico de la enfermedad; una parte de la sociedad egipcia aprecia la violencia que le favorece.
Pero lo que se desprende de casi todas las intervenciones en algo también asentado en la sociedad: el puro clasismo. Como toda sociedad con amplias diferencias sociales y con un carácter autoritario, el Ejército y la Policía reserva sus mandos a los que provienen de las clases sociales más favorecidas. Los mandos policiales y militares son parte del "sistema" porque ambas instituciones, esenciales para el control del poder, necesitan a su frente personal de confianza. Aquí, las academias son esenciales en su papel de filtro social.
Esto no es nuevo y recordarán la polémica que le costó el Ministerio de Justicia a su anterior inquilino por sus declaraciones: los pobres no deben llegara jueces. Le sustituyó alguien peor, el actual ministro que había declarado que "solo los hijos de los jueces deben llegar a la judicatura". La polémica se tradujo en las denuncias de los opositores a la judicatura, que se sintieron engañados por el sistema que solo dejaba pasar a los hijos de los jueces. Esto —impensable reconocerlo en casi cualquier país— forma parte del mismo mecanismo de control del poder. Jueces, militares y policías forman parte esencial del aparato represivo del poder. Es esencial que se controle su acceso porque unos respaldan a otros. Por eso las liberaciones de policías tras las condenas son frecuentes.


Por abajo, en lo que llaman "low-ranking", tenemos a personas de muy baja formación que son utilizados por las instituciones como arma directa a las órdenes de estos oficiales. Para ellos, entrar en la Policía es una forma de trabajo y de prestigio directo en las zonas en las que están destinadas. El sistema les permite es poder de las corruptelas, los sobornos y los abusos que sirven para mantener el Estado dentro de un orden dado. Es lo que reflejó Youssef Chahine en su película "¿El caos?", en la que retrataba al policía de barrio, un suboficial, cuyo poder real sobre las personas le hace convertirse en un déspota local, un personaje corrupto y autoritario que actúa con la impunidad que le da saber que las quejas contra él serán siempre ignoradas porque sus superiores están a otra cosa. Y porque ese control que se basa en el miedo extendido es eficaz para el sistema.


Mubarak llenó el país de estos policías. Tenía sus cuerpos de élite para la represión política, que se dejaba a los expertos. Pero dejaba la corrupción en esos bajos estamentos policiales como forma de sobresueldo y mantenimiento del clima. Era también una forma de integrar cientos de miles de personas dentro del aparato del Estado, comprometiéndolos con el mantenimiento del sistema.
Lo dicho por el diputado Samir Ghattas sobre el grupo Ultra de policías —parece sacado de una película de Costa Gravas— no explica gran parte de los fenómenos ocurridos. Tampoco quiénes fueron aquellos a los que se despidió —¿cuándo?— y quién y por qué fueron admitidos después. Pero lo cierto que este grupo o la totalidad de policías en la base se convierte en una excusa buena para disculpar a los mandos policiales, los que dirigen las operaciones.
No creo que a los 400.000 policías de los que habla Khamis le haga mucha gracia que se les considere como los responsables de muchos casos, excluyendo a sus mandos. Muchos de ellos sabrán de dónde han salido las órdenes recibidas. El problema no son esas ocho muertes a tribuidas a los agentes "low-ranking", como quiere hacer creer el diputado Khamis en su defensa del ministerio. El problema son los miles de desaparecidos, las torturas sistemáticas en las dependencias policiales y en las cárceles. Las diferencias son básicas y obvias, pero no son fáciles de reconocer cuando se ha cometido el pecado social de aprobar la violencia policial llevada al extremo más sangriento. Una vez que consientes y miras para otro lado, eres cómplice.


El teniente Yassin Salah Eddin, el oficial que mató a sangre fría, en plena calle, a Shaimaa al-Sabbagh, cuya sentencia a quince años de prisión ha sido revocada hace unos días, no era un policía "low-ranking". A sus veinticinco años era un cachorro del sistema enviado a sembrar el pánico y evitar que se manifestaran en Tahrir. Tras calmar a la opinión pública con una condena, unos meses después se le levanta. Se trata de cubrir la apariencia. Pero si el régimen castiga por matar, ¿quién matara entonces?
Los casos van más allá de la muerte del taxista, la que ha causado el debate en el parlamento. Daily New Egypt nos cuenta:

The Court of Appeal approved an old sentence issued from the Criminal Court to put policeman Mohamed Mahmoud in prison for two years after refusing his appeal.
Mahmoud served inside Haddaq El-Qoba police station and faces accusations of causing a state of panic by threatening citizens in what was considered an act of terrorism. He was immediately transferred to prison after approving the sentence and the refusal of his appeal.
The Court of Appeal then approved the old sentence issued from Criminal Court to put Mohamed in prison for two years. The sentence Sunday comes amid a slew of cases of alleged police torture that have caught the public’s attention.
In December 2015, four police officers and five policemen were referred to Criminal Court for killing and torturing a citizen in Luxor police station. The case dates back to Nov 2015 when Talaat Shabib, 47, was arrested for the possession of Tramadol, a drug usually used recreationally by many Egyptians.**


El caso que se menciona en primer lugar es el típico de matonismo, de hacer de sus zona un feudo en donde se emplea la amenaza y la violencia. El otro caso es de orden distinto e involucra a oficiales y agentes. La violencia que ha llevado a los médicos a la huelga y la protesta es otro nivel diferente, con la exigencia de "partes" falsos y la detención de quien no cumpla con las exigencias. Todas son formas diferentes de un fenómeno difícil de parar y menos si no se tiene mucho interés en ellos. Egipto no ha purgado su Policía; es la misma de la época de Mubarak porque se encargaron de que este pilar del sistema no se modificara. Forma parte del "estado profundo".
El ministro del Interior niega repetidamente que las torturas y las muertes no sean ocasionales. La tortura es esporádica, dice. Ninguna tortura lo es. Es una respuesta a la creciente protesta, por un lado, y un automatismo que se desarrolla para reforzar el propio sistema, que es violento desde su origen. Es una forma de extender el miedo. No es un invento nuevo.


Al final, las dos posturas ante la violencia existente se centran en los dos extremos: los que responsabilizan al ministro y los que los hacen con los agentes de la base. Pero entre el político y el agente callejero hay otras opciones. Son los que ignoran lo que les llega de arriba y los que ordenan a los de abajo. La cuestión es si realmente alguien controla lo que hace la Policía en Egipto o si, como algunos señalan, se encuentra fuera de control. Las respuestas no tienen porqué ser excluyentes.


Para lo que no debe servir el triste y claro caso de la muerte del taxista a manos de un policía prepotente es para convertirse en modelo para interpretar otros casos o taparlos. Me refiero al que más complicaciones le está causando al régimen egipcio: el secuestro, tortura y asesinato de Giulio Regeni. Es importante tener esto en cuenta porque el envío al parlamento ignora este grave caso —oficialmente no existe caso— que no podrá ser manipulado sin consecuencias internacionales. Aquí no hay discusión callejera por un transporte y sí un intento continuo de cubrir con historias rocambolescas el destino del joven italiano.
En el caso de Regeni, no hay "culpa descendente", solo silencio. Quien ordenara su detención tenía capacidad para hacerlo después de una vigilancia organizada de la que el propio joven se dio cuenta, pues temía por sus seguridad. Que desde la perspectiva policial se tratara de un "error", no es excusa sino demostración de cómo funcionan las cosas. Si se hablaba de "error" en la muerte del taxista, muerto delante de decenas de personas que vieron darle un tiro directo a la cabeza, en el caso de Regeni se trataba de un "accidende de tráfico". El error policial es la concreción del error político: convertir la tortura, la desaparición y la muerte en formas habituales. Lo de Regeni, pensará alguno, son "daños colaterales".
Egipto era un estado policial con Hosni Mubarak y nunca ha dejado de serlo. La prueba de ello la tenemos todos los días. Ya se piense que el responsable es el ministro, el grupo Ultra o los policías "low-ranking" o todos ellos juntos, sería bueno que alguien intentara pararlo si todavía es tiempo o si se quiere hacer. Esto último no está muy claro. Pero mantener este sistema no logrará estabilizar la sociedad egipcia, solo ahondar más en sus heridas entrando en una espiral continua de represión.




* "Egypt parliament divided over police reforms" Ahram Online 21/02/2016 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/188177/Egypt/Politics-/Egypt-parliament-divided-over-police-reforms-.aspx

** "Policeman in jail for 2 years over bullying accusations" Daily News Egypt 21/02/2016 http://www.dailynewsegypt.com/2016/02/21/policeman-in-jail-for-2-years-over-bullying-accusations/






No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.